Entre 1995 y 2021, la industria en la Unión Europea (UE) padeció un lento y constante declive. En la primera fecha representaba un 21,2% del valor añadido bruto (VAB) y en la segunda solo un 17%. Una pérdida de peso similar a la observada en España (4,2 versus 4,5 puntos), pues en nuestro país su importancia relativa pasó del 19,8% al 15,3% del VAB.

En el período analizado, el sector industrial tuvo una mayor relevancia económica en la Europa Oriental que en la Central y Occidental. La principal explicación estuvo en el menor coste de la mano de obra en la primera área. No obstante, en la mayoría de sus naciones, dicho sector también sufrió una ligero retroceso. En términos del VAB, las mayores caídas se advirtieron en Rumanía (9,6 puntos), Letonia (7,4), Estonia (4,5) y Polonia (4,2).

Una sustancial parte de la población de la UE ha observado el lento declive de la industria como una aguda decadencia. Los economistas se han fijado más en la aportación del sector al VAB y los ciudadanos en su contribución al empleo. Indudablemente, la segunda se ha reducido más que la primera. Así, por ejemplo, en España en 1995 la ocupación en él representó un 20,6% del total y en 2021 solo llegó al 13,7%.

La disminución de su aportación al empleo total no constituye una muestra de su fracaso, sino de su éxito. Entre dichos años, la productividad en el sector secundario aumentó en mayor medida que en cualquier otro y, por tanto, el nivel de vida de sus trabajadores. Un logro derivado de la mayor mecanización de sus actividades y especialmente de la utilización cada vez más frecuente de robots.

El lento declive del sector industrial en España presenta características comunes y diferentes respecto a otros países de la UE. Entre las primeras destacan:

1) El desplazamiento de empresas desde Europa al Sudeste Asiático. Un traslado explicado por tres principales factores: la mayor estandarización de los procesos de fabricación, la división en múltiples partes de la cadena de producción y el triunfo de la ideología del libre mercado sobre el proteccionismo.

La primera característica permite la utilización de trabajadores menos cualificados y posibilita el traslado de una gran parte de los procesos productivos desde los países desarrollados a los emergentes. La segunda conduce a la fabricación de las partes más difíciles y de mayor valor añadido de un producto en las primeras naciones y de las más sencillas en las segundas.

La tercera explica la escasa resistencia de los Gobiernos europeos a la pérdida de una parte de su tejido industrial y de numerosos empleos bien remunerados. En la etapa analizada, entre los cuatro sectores económicos, el secundario siempre fue el que mejor retribuyó a sus trabajadores. Así, por ejemplo, en 2020 los salarios sufragados en España por las empresas dedicadas al suministro de energía, extracción de minerales y producción de manufacturas fueron un 113,7%, 36,8% y 10,8%, respectivamente, superiores a la media nacional

2) La externalización de servicios de las empresas industriales. Las estrategias de reducción de costes y concentración de recursos en las actividades principales (core business) de las firmas ha conducido a un gran número a subcontratar una parte de los servicios antes proporcionados por ellas. Por tanto, los últimos han pasado de contabilizarse en el sector secundario a hacerlo en el terciario.

Las actividades afectadas varían en cada compañía. Sin embargo, es frecuente que entre ellas estén la logística, la limpieza, la seguridad y la selección y formación del personal. En algunas también afecta al márketing, la publicidad, la contabilidad, la gestión de la morosidad y otros diversos servicios de carácter administrativo.

El anterior factor no es marginal, sino uno de los que en mayor medida explican el declive del sector industrial en la UE. Así lo confirma un estudio realizado por Bernard, Smeets y Warzinsky sobre la pérdida de la cuota del empleo manufacturero en Dinamarca entre 1994 y 2014. Para dichos autores, la mitad de la anterior merma fue consecuencia del gran aumento de la subcontratación de actividades por parte de las empresas de dicho sector.

3) La escasa importancia de la política industrial. Para la Comisión Europea, en las últimas décadas la principal prioridad ha sido una rápida transición a una economía más verde. Cualquier otro objetivo ha estado supeditado al anterior y dicha subordinación ha generado una área muy dependiente del extranjero en materia industrial, energética y alimentaria.

Su firme creencia en los principios del libre mercado y el magnífico funcionamiento de la cadena logística mundial hasta la aparición del Covid-19 le impidió considerar seriamente el peligro de desabastecimiento de numerosos productos intermedios y finales. Una actuación que ha llevado a Europa a ser un pequeño productor de microchips cuando tres décadas atrás era el principal. En 1990, el continente tenía una cuota de mercado del 44% y en 2020 ya solo era del 9%.

Entre los segundos, me parece importante reseñar:

1) La dependencia de las multinacionales extranjeras. Entre las 10 empresas con mayor capitalización en el Ibex 35, solo hay cuatro españolas del sector industrial y una única dedicada a la fabricación de manufacturas (Inditex). Por tanto, una gran parte de las decisiones que afectarán a nuestras fábricas, tanto respecto al volumen de producción como a las características de los bienes producidos, se adoptará en el extranjero.

Una coyuntura que nos perjudica cuando la dirección de la multinacional decide las plantas que desaparecerán, las que perderán más ocupación o fabricarán productos de menor valor añadido. Los anteriores ejecutivos quieren satisfacer a sus accionistas, pero también evitar conflictos con los gobernantes del país de origen de la gran empresa.

El último factor constituye una de las principales explicaciones de la escasa pérdida de participación de la industria alemana en el VAB de su país. Entre 1995 y 2021 solo ha sido de 1,8 puntos, siendo la anterior merma sustancialmente inferior a la media de la UE (4,2) y a la de la mayoría de las naciones europeas más desarrolladas.

En una sustancial medida, la anterior dependencia es consecuencia de una política industrial escasamente intervencionista. La Administración no ha potenciado empresas manufactureras de capital español ni estimulado fusiones entre una o varias medianas para crear una grande.

Desde la reconversión industrial de la primera mitad de la década de los 80, las palabras que mejor definen lo realizado por nuestros políticos son las pronunciadas por Claudio Aranzadi, ministro del ramo con Felipe González: “La mejor política industrial es la que no existe”. Sin duda, una gran falsedad.

2) Un escaso porcentaje dedicado a I+D. En 2020, España destinó el 1,41% de su PIB a la investigación y desarrollo. Una proporción sustancialmente inferior a la media europea (2,31%) y menor a la dedicada por Portugal (1,62%) y Grecia (1,51%). Una consecuencia del pequeño tamaño de las empresas nacionales y de la escasa importancia otorgada por nuestros políticos a las anteriores actividades.

No obstante, no solo es importante el volumen de recursos disponibles, sino también su destino. En 2021, la anterior cifra ascendió a 17.249 millones de euros, siendo ejecutados el 26,5% por las universidades. Un importe empleado esencialmente en la investigación básica, siendo minoritario el reservado para la aplicada, pues la legislación universitaria prima la primera en relación con la segunda.

Unas normas que dificultan extraordinariamente la conversión de las universidades en los centros de investigación de las pymes, penalizan el crecimiento de dichas empresas y la producción por ellas de productos de mayor valor añadido. Su modificación permitiría a algunas de las anteriores compañías dar un gran salto adelante, siendo nulo el coste de la reforma legislativa para la Administración.

En definitiva, en las tres últimas décadas, la industria en España y en la UE está en declive. No obstante, este ha afectado en mayor medida al empleo que a la producción y la repercusión ha sido superior en términos estadísticos que en la realidad. A este último efecto ha contribuido decisivamente la gran subcontratación de múltiples servicios anteriormente prestados por compañías industriales.

El aumento del peso específico del sector en ambos territorios necesitaría de la instauración de un proteccionismo selectivo, una legislación que dificulte extraordinariamente las deslocalizaciones, reduzca el número de actividades subcontratadas y destine a su potenciación una sustancial parte de los fondos europeos Next Generation.

El último es el principal reto de España, pues dichos fondos deberían dedicarse principalmente a la reconversión de algunas industrias (por ejemplo, la del automóvil), a la potenciación de otras (energética, medioambiental y farmacéutica) y a aumentar el porcentaje del gasto de la Administración en I+D.

Los grandes beneficiados habrían de ser las empresas de capital español, pues su permanencia a largo plazo en el país es mucho más segura que la de las extranjeras. A diferencia de lo que algunos piensan, el dinero puede no tener color ni ideología, pero si nacionalidad.