Son sobradamente conocidas las innumerables contradicciones entre el Pedro Sánchez candidato y el Pedro Sánchez presidente del Gobierno, esas dos personas de las que, en un alarde de genialidad, hablaba Carmen Calvo.

Pero estas contradicciones se observan igualmente en el marco del ejercicio  gubernamental. Hace unos meses escribía sobre el incumplimiento reiterado de la Constitución por parte del Ejecutivo español, por más que todos sus portavoces nos repitan machaconamente que quien la incumple es el Partido Popular, que también.

Hoy, sin embargo, quiero subrayar otra contradicción de la que apenas se habla: el recorte o la ampliación de competencias según el seguidismo que se observe en quienes ocupan los cargos afectados. En concreto, voy a detenerme en un ejemplo sangrante, como es la actuación del Gobierno con respecto a los vocales (en funciones) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la presidenta (interina) de RTVE.

A raíz de una proposición de ley promovida por los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, se aprobó la Ley Orgánica 4/2021, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones. En la exposición de motivos de esta norma se apunta que “facultades como la de proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los presidentes de Sala y los magistrados del Tribunal Supremo o de los magistrados del Tribunal Constitucional, deben quedar excluidas del ámbito competencial del Consejo cuando este se encuentra en funciones”. Y se añade que “estas lógicas limitaciones, derivadas del carácter excepcional de la no renovación en plazo [el subrayado es mío], también deben establecerse en relación con el nombramiento de los directores de la Escuela Judicial y del Centro de Documentación Judicial, así como del vicepresidente del Tribunal Supremo, el promotor de la Acción Disciplinaria, el director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial y el jefe de la Inspección de Tribunales”.

Se trata, obviamente, de una medida de presión para tratar de desbloquear la renovación del CGPJ, que requiere el acuerdo con el Partido Popular puesto que hacen falta 3/5 de los votos en Congreso y Senado. Porque, si se tratara de una iniciativa sustentada en una reflexión rigurosa y/o en fuertes convicciones políticas, el Grupo Parlamentario Socialista no habría emprendido poco después una contrarreforma (Ley Orgánica 8/2022) que, sin ningún rubor, devuelve al órgano de gobierno de los jueces únicamente la capacidad de nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le competen, para que así Moncloa pueda designar (como así lo ha hecho) a Juan Carlos Campo (anterior ministro de Justicia) y a Laura Díez (ex directora general con Bolaños) para el mismo cargo (dado que estos cuatro magistrados del Constitucional se han de renovar a un tiempo).

Paralelamente, el desaguisado de RTVE, cuyos consejeros y presidente fueron en su día nombrados desoyendo por completo el trabajo del comité de expertos que evaluó a los candidatos, ha vivido un nuevo capítulo incalificable.

Tras la dimisión del presidente, José Manuel Pérez Tornero, designado a raíz de uno de los pocos acuerdos entre los partidos del Gobierno y el principal partido de la oposición, el consejo de administración ha elegido a la periodista Elena Sánchez (cuota PSOE en el reparto de cromos del máximo órgano de gobierno de RTVE) presidenta interina. Se trata, por tanto, y a diferencia de lo que ocurre con los vocales del CGPJ, de un cargo que no ha sido nombrado por el Parlamento, tal como prevé la Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal.

¿Y qué ha hecho Moncloa ante esta situación (presidenta interina que ni siquiera ha sido nombrada por el órgano competente)? Ampliarle las funciones. ¿Cómo? Por decreto del Consejo de Ministros, que modifica los estatutos sociales de RTVE para dotar a Elena Sánchez de plenos poderes ejecutivos y así “facilitar la gestión y el funcionamiento ordinarios de RTVE”  hasta que el Congreso elija a un nuevo presidente por mayoría cualificada de 2/3.

Dicho de otro modo, es crucial (estamos en año electoral) que la presidenta de RTVE esté dotada de plenos poderes, aunque ni siquiera haya sido elegida por el órgano competente pero, a la vez, se limita la capacidad de realizar nombramientos al CGPJ, cuyos vocales sí que han sido designados debidamente, por más que ello ralentice claramente el trabajo de órganos tan importantes como el Tribunal Supremo.

A todo lo dicho cabe sumar el burdo desprecio al deseable proceder formal de los poderes del Estado que se observa en los dos casos comentados. Por un lado, la limitación de competencias de los vocales del CGPJ se ha realizado mediante proposiciones de ley (iniciativa de grupos parlamentarios), eludiendo así los informes de órganos constitucionales que requieren los proyectos de ley (iniciativa del Gobierno). Por otro, la ampliación de competencias de la presidenta de RTVE se ha vehiculado por decreto del Consejo de Ministros (recurrido por los sindicatos), sin ni siquiera intentar previamente un acuerdo, por el procedimiento legalmente previsto, para intentar cubrir la baja de José Manuel Pérez Tornero. Es decir, de espaldas al Parlamento, que es quien debe designar al más alto cargo de nuestra radiotelevisión pública.

Este Gobierno tiene la suerte de que cuestiones muy relevantes en términos de calidad democrática llegan a poca gente y parece convencido, seguramente con cierto fundamento, de que no le supondrán un elevado coste electoral. Pero esto no debe ser óbice para que sigamos alertando sobre unas prácticas absolutamente incompatibles con la tan manoseada idea de progreso.