En el presente siglo, la Comisión Europea (CE) ha efectuado una desastrosa gestión que ha transformado el área común en un territorio con una gran dependencia energética, industrial y alimentaria del resto del mundo. Hasta hace poco, una situación disimulada por el magnífico funcionamiento de la cadena logística internacional y los acuerdos de suministro de materias primas con Rusia.
No obstante, desde hace dos años, la irrupción de la pandemia y la política de Covid cero desarrollada por China han afectado notoriamente a la importación de productos intermedios y manufacturados. En el último ejercicio, la guerra entre Ucrania y Rusia ha impedido la entrada en la Unión Europea (UE) de un gran número de alimentos procedentes del primer país y convertido a muchas naciones del continente en un rehén energético de Putin.
En una sustancial medida, los errores de la CE han sido generados por unas políticas sustentadas en el libre comercio e impulsoras de un rápido tránsito hacia una economía más verde. El primer principio le hizo suponer que las importaciones siempre proporcionarían a sus ciudadanos cualquier producto deseado en la cuantía solicitada. Además, en numerosas ocasiones a un precio más bajo que si fuera producido en la UE.
Las actuaciones en defensa del medio ambiente han pretendido un cambio en el modelo productivo y social para hacerlo más compatible con la conservación de la naturaleza. Su primera prioridad ha sido una rápida sustitución de los combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo) por energías renovables (eólica, fotovoltaica y termosolar).
La segunda ha buscado una transformación de la agricultura, ganadería e industria. Los procesos de fabricación deben ser más sostenibles, las fábricas más contaminantes han de desplazarse al Tercer Mundo y la Política Agrícola Común (PAC) ha de orientarse progresivamente a la preservación del medioambiente, aunque dicha prelación implique una reducción de la producción del sector primario.
Las anteriores políticas han sido consecuencia de una desigual presión de los ciudadanos y las empresas sobre la CE. Los primeros no son conscientes de la influencia de la legislación de la Comisión sobre sus vidas y sus asociaciones no tienen el suficiente presupuesto para defender sus posiciones en Bruselas. Por tanto, las nuevas medidas suelen únicamente favorecerles si las anteriores les han causado un flagrante perjuicio.
Las segundas conocen perfectamente lo que se juegan en la capital belga, dotan de un gran presupuesto a sus lobis y logran que sus intereses sean defendidos por la Comisión. En las dos últimas décadas, los tres principales grupos favorecidos han sido la industria alemana, las compañías generadoras de electricidad y las empresas medioambientales.
La combinación de su influencia directa e indirecta, la última a través de los políticos del país, ha permitido a la industria alemana la consecución de más facilidades para sus exportaciones, importaciones de gas muy baratas, escasas o nulas restricciones a la entrada en la UE de productos semielaborados y un camino expedito a la deslocalización de empresas.
El primer objetivo lo ha conseguido mediante la firma de acuerdos comerciales con países de América Latina, el Magreb y la antigua URSS. Dichos acuerdos facilitan a las empresas europeas la exportación de manufacturas y a las anteriores naciones de alimentos. Los grandes ganadores son las multinacionales alemanas y los principales perdedores numerosas pequeñas y medianas empresas del sur de Europa.
La anterior política ha reducido la soberanía alimentaria de Europa y ha conducido a una PAC cuyos fondos cada vez más han ido destinados a la reducción de la contaminación generada por el sector primario que al estímulo de su producción. Un error que ha contribuido decisivamente a generar en el actual año un gran aumento del precio de los alimentos. En octubre de 2022, dichos productos explicaban el 33% de la inflación existente en España.
El segundo lo ha logrado mediante el blanqueamiento político de la figura de Putin y la consideración de Rusia como un socio fiable. Una operación principalmente diseñada por Angela Merkel que ha permitido a la industria alemana realizar dumping energético, al pagar mucho menos por el gas que sus competidores franceses, italianos o españoles.
Los dos últimos han generado grandes beneficios a las multinacionales germanas. El tercero por la sustitución de bienes intermedios producidos en Europa por otros más baratos procedentes del Sudeste Asiático. El cuarto por el traslado de fábricas hacia dicha área donde los costes de producción son mucho más bajos que en la UE.
No obstante, ambos han provocado la pérdida de muchos y bien pagados empleos en el continente y generado una gran dependencia industrial de Europa respecto al Sudeste Asiático. En los dos últimos años, una subordinación que ha conducido a las empresas automovilísticas a realizar una producción inferior a la deseada por la carencia de microchips. Una insuficiencia derivada del funcionamiento durante numerosos meses de sus principales puertos por debajo del 75% de su capacidad.
Una situación imposible de observarse tres décadas atrás, pues en 1990 Europa era el territorio donde más semiconductores se fabricaban, siendo la cuota de mercado del continente un 44%. En 2020, ya solo se elaboraron un 9%, siendo los países productores líderes Taiwán (22%) y Corea del Sur (21%).
Las empresas eléctricas convencieron a la CE de la creación de un sistema marginalista de fijación de precios. Un logro muy importante, pues les ha asegurado durante muchos años unos elevados beneficios extraordinarios. En cada franja horaria, el anterior sistema hace que toda la energía consumida sea abonada al precio más elevado de los ofrecidos por las distintas tecnologías. Equivale a pagar todos los artículos de la compra en el supermercado a precio de caviar, aunque uno solo haya adquirido 100 gramos del último producto.
Los legisladores justificaron su adopción en el impulso a la transición energética proporcionada por aquel. Si las eléctricas ganaban mucho dinero, aumentarían notablemente su inversión en energías renovables y eliminarían en la mayor parte de las franjas horarias la electricidad producida mediante gas natural. Hasta el momento, el primer resultado se ha producido, pero no el segundo y han transcurrido 25 años desde su instauración en España.
Las empresas medioambientales lo han hecho muy bien. Un mensaje humanista (la salvación de las próximas generaciones), la creación de un icono mundial (Greta Thunberg) y la concesión de subvenciones a múltiples asociaciones de distintos países han permitido imponer su discurso en la UE. Incluso, han conseguido que algunos partidos antepongan una rápida descontaminación al crecimiento económico.
Sus magníficas decisiones hicieron que la CE legislara según sus intereses y adoptara como principal objetivo una rápida transición hacia una economía más verde. No obstante, esta posee algunos claroscuros. Así, por ejemplo, en muchos países de la UE no está permitido extraer gas a través del método de la fractura hidráulica, pero sí es posible comprarlo a EEUU o a Qatar, que sí lo utilizan. Lo ganado por un lado es inferior a lo perdido por el otro debido al transporte por barco. Por tanto, la medida adoptada aumenta la contaminación del planeta.
En definitiva, en la actualidad la UE es un territorio muy vulnerable debido a su gran dependencia industrial, energética y alimentaria del exterior. Una debilidad buscada con ahínco por parte de la CE debido a la realización de políticas completamente equivocadas. Por tanto, la confección de una nueva estrategia constituye una imperante necesidad.
Para mejorar la actual situación, sugiero instaurar un proteccionismo selectivo, cambiar el actual sistema de fijación de precios de la electricidad, estimular su generación mediante la prolongación de la vida de las centrales nucleares en funcionamiento, crear nuevas y reformar la PAC para aumentar la producción agrícola y ganadera.
Me parece un gran acierto la dirección emprendida hacia una economía más verde. No obstante, no considero adecuado su ritmo, pues creo que es demasiado rápido. Tampoco estimo que aquella haya de ser la principal prioridad de la CE. Desde mi perspectiva, la primera sería sacar de la pobreza a un gran número de sus ciudadanos. Si lo consigue, el objetivo inicial será mucho más fácil de lograr.