Entre 2012 y 2020, en el mercado mayorista, el importe medio de la electricidad fue de 41,18 €/MWh. En 2021, éste aumentó un 229,6% respecto al año anterior y se situó en 111,93 €/MWh. Un elevadísimo incremento derivado de las especiales características del sistema de fijación de precios de la energía y la reducción de la oferta de gas natural.

La singularidad del sistema viene dada por su carácter marginalista. Una peculiaridad que beneficia a las empresas productoras de electricidad y perjudica a los consumidores. La clave es un precio de mercado equivalente al ofertado por la tecnología de producción más ineficiente. Por tanto, en la energía generada por el resto de la oferta, las anteriores compañías obtienen beneficios extraordinarios, conocidos popularmente como caídos del cielo.

Los perjuicios sufridos por los consumidores son soportables si los costes de producción de las distintas tecnologías son similares. Por el contrario, pueden poner en riesgo la economía de muchas familias y la competitividad de numerosas empresas, si una fuente de energía es bastante más cara que el resto. Entre junio de 2021 y mayo de 2022, la última situación ha sido la observada en la Unión Europea (UE).

En dicho período, el precio del gas natural aumentó un 166,7%, siendo éste la materia prima de las centrales de ciclo combinado. Hasta la invasión de Ucrania, la principal causa de su elevada subida fue la reducción de la oferta efectuada por Rusia y la secundaria el incremento de la demanda generado por la recuperación económica. No obstante, a partir del 24 de febrero, las compras por precaución también tuvieron una especial importancia, pues la mayoría de los países incrementaron sus adquisiciones para aumentar sus reservas.

La disminución de la oferta de gas natural de Rusia tenía un objetivo político: suavizar las represalias de la UE y lograr que estas fueran similares a las adoptadas después de la anexión de Crimea. Si eran muy duras, el país eslavo podía dejar de exportar la materia prima a los países del área. Si así sucedía, los que tenía un elevada dependencia de ella, como era el caso de Alemania, Finlandia, Austria o Eslovaquia, caerían en una rápida y aguda recesión.

Por tanto, la producción de energía eléctrica mediante centrales de ciclo combinado pasaba de ser cara a muy onerosa y el sistema marginalista de fijación de precios extendía la carestía a la inmensa mayoría de los MWh producidos en nuestro país. Entre enero y mayo de 2022, el resultado fue un importe medio de la electricidad en el mercado mayorista de 212,8 €/MWh. Una cuantía un 90,1% y 416,7% más elevada que el promedio de 2021 y del período 2012-2020, respectivamente.

En septiembre de 2021, por primera vez desde el mismo mes de 2008, el IPC se situó en un 4%. El principal culpable fue la electricidad, una responsabilidad posteriormente compartida con los carburantes y los alimentos no elaborados. Así, por ejemplo, en marzo de 2022, con una inflación del 9,8%, los tres anteriores componentes explicaron el 65,3% del incremento de los precios (6,5 de los 9,8 puntos).

Desde dicho mes, el Gobierno ha intentado múltiples veces la disminución del precio de la electricidad. No obstante, inicialmente se topó con la incomprensión europea, pues la sensibilidad de la población española ante un incremento sustancial del precio de la luz es bastante más elevada que la de la mayor parte de países del resto de la UE.

En el pasado otoño, lo que ya era un problema importante en España, no tenía tal consideración en otras naciones. Por eso, la pretensión del Gobierno de cambiar el sistema marginalista de fijación de precios fue enseguida desechada por los principales líderes políticos europeos. Para evitar cualquier especulación al respecto, la Comisión Europea lo calificó como el más eficiente y adecuado para lograr una rápida transición energética.

De manera increíble, unas pocas empresas muy bien organizadas (el lobby eléctrico) les ganaban la partida a los ciudadanos de la UE. Las soluciones eran muy sencillas, pero no existía ningún voluntad política para adoptarlas. Consistían en organizar una subasta de electricidad por cada distinta tecnología o separar la oferta realizada por las centrales de ciclo combinado de la efectuada por el resto.

La persistencia del Gobierno dio sus frutos en el Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo, pues los dirigentes de la UE aceptaron que España y Portugal establecieran un límite al precio del gas. Lo hicieron porque consideraron que el mercado único de electricidad no estaba en peligro, pues existía una escasa conectividad eléctrica de la península ibérica (2,8% de su capacidad energética) con el resto de los países del área.

No era la solución ideal, pero podía ser una buena medida alternativa. En teoría, un límite bajo al precio del gas debe reducir sustancialmente el importe de la electricidad en el mercado mayorista, pues aquel es la variable que más influye en éste. No obstante, comporta la aparición de un problema: las gasísticas deben ser compensadas por la disminución de ingresos sufrida por la implantación del nuevo tope.

El éxito o fracaso del límite del precio del gas depende de la elección del colectivo compensador de la anterior pérdida. Existen dos principales pagadores: las empresas eléctricas o los consumidores de energía. A las primeras, el elevado precio de la luz les ha beneficiado y a los segundos perjudicado. Si los últimos la sufragan, el importe abonado puede hacer que el precio de la electricidad baje poco o incluso aumente. Por tanto, a priori la resolución del dilema es fácil.

No obstante, el Gobierno ha optado por ir contra la lógica, ya sea por iniciativa propia, imposición de Bruselas o miedo a que los tribunales de justicia den la razón a las eléctricas y las exoneren del pago de la compensación. En consecuencia, ha decidido que ésta recaiga sobre los 10.082.636 consumidores con tarifa regulada. En los tres primeros días de aplicación del límite del gas, el resultado casi no pudo ser peor. En relación al 14 de junio, el precio de la electricidad aumentó en las siguientes fechas en 10,8, 45 y 52,3 €, respectivamente.

A pesar de ello, el tope del gas funcionó correctamente. Así, por ejemplo, el 15 de junio, el importe de la electricidad bajó 48,5 € (un 22,6%) en el mercado mayorista. No obstante, la contraprestación a abonar a las empresas gasísticas fue de 59,3 €. Una cuantía considerable derivada del elevado precio de la materia prima y de la gran utilización de las centrales de ciclo combinado por la ola del calor.

En dicho día, el elevado consumo de aire acondicionado y la reducida producción de energía eólica por la escasez de viento condujeron a una cuota de mercado del ciclo combinado del 42,2%. Un porcentaje muy superior al 7,5% de 2021 e imposible de observar desde junio de 2008. Por tanto, casi toda la mala suerte del mundo afectó a los primeros días de implantación de la nueva medida.

En definitiva, el tope del gas funciona correctamente, pues en su primer día bajó el precio de la electricidad en el mercado mayorista un 22,6%. No obstante, la compensación a las gasísticas sufragada por los consumidores con tarifa regulada disipa la posibilidad de cualquier disminución sustancial de su factura.

Si la contraprestación la pagaran las eléctricas, la rebaja de la factura tampoco llegaría al 30% y 15,3% prometido por la ministra Ribera en abril y junio, respectivamente. En el mejor de los casos, se quedaría en alrededor de un 10% para los consumidores que posean una tarifa regulada y el consumo de energía suponga el 40% del importe de la factura.

Debido a ello, una buena medida, aunque ni mucho menos la ideal, no será vista como tal por numerosas familias y empresas. Un error de comunicación y otro de gestión serán los responsables. El primero es consecuencia de unas excesivas expectativas de rebaja del precio de la luz y el segundo de las elección de los consumidores como sufragadores de la disminución de ingresos de las empresas gasísticas.