No hay afinidades ideológicas ni objetivos sociales comunes entre el PSOE y ERC, digan lo que digan PP, Vox y Ciudadanos. Otro cantar es entre ERC y sectores de Unidas Podemos en torno al referéndum de autodeterminación. Y, por supuesto, no existe ninguna proximidad entre el PSOE y Junts.

Los apoyos parlamentarios de ERC al Gobierno de coalición, así como la búsqueda de esos apoyos por los coaligados, obedecen a intereses coyunturales en situaciones diversas. Algo que se ha dado en otras legislaturas y con otros actores. CiU apoyó sucesivamente al PSOE y al PP a cambio de transferencias y de reciprocidad en el Parlament. Y el PP avaló los recortes de Artur Mas.

En votaciones recientes en el Congreso --en particular sobre la reforma laboral y las medidas para dar respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania-, cuando su voto era especialmente necesario, ERC se opuso a los proyectos legislativos del Gobierno.  

Las explicaciones de su voto fueron banales en comparación con la importancia del contenido social de las normas y con el riesgo de hacer caer el Gobierno. Es difícil encontrar una lógica a la volubilidad de ERC.

ERC dice haber dado un “aviso” al Gobierno. Eso no es un argumento. ¿Un aviso de qué? ¿Qué busca ERC? Si cae el Gobierno y se convocan elecciones generales pudiera ser que PP y Vox lograran una mayoría suficiente. Si es lo que buscan, sería la lógica del “cuanto peor, mejor” aplicada a la cuestión de la independencia.

Respecto a la cuestión económica, ERC y Junts no sentirían incomodidad con las medidas del tándem PP/Vov, al fin y al cabo, han sido maestros en recortes en Cataluña.   

No yerran al suponer que el nuevo Gobierno del PP, en coalición con Vox o en minoría con su apoyo parlamentario --es muy improbable que el PP hiciera un Andalucía en las generales--, trataría de “reconducir” a su manera la situación en Cataluña, obligando a la Generalitat, mediante un 155 --ya lo exige VOX por el incumplimiento de las sentencias sobre el 25%-- u otras medidas fuertes, a acatar la Constitución, interpretada restrictivamente.

También impondría a la Generalitat una reconsideración o reinterpretación de algunas competencias transferidas y la suspensión de nuevas transferencias.

Habría que ver hasta qué punto los tribunales, incluido el Constitucional, avalarían tales medidas. Se acepta fácilmente la falacia independentista de que los tribunales solo son parte necesaria y obediente del “Estado represor”.

La respuesta previsible de los dirigentes independentistas sería la (re)movilización de la calle y su (re)radicalización general. La respuesta previsible del Gobierno sería dureza en la calle y en otros escenarios. Lo que llevaría a ambos a una espiral de acción-reacción.  

ERC y los otros creen ilusamente que ante una situación así las instituciones europeas intervendrían y presionarían al Gobierno para que cediera y, finalmente, aceptara la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Se habría creado un momentum mágico y --creen-- la independencia estaría al caer.

A pesar de la experiencia en fracasos acumulada desde mediados de 2017, los dirigentes independentistas no han dejado de ser unos peligrosos aficionados. Peligrosos más por los daños morales y materiales que causan que por los resultados que obtienen.

Las instituciones europeas no moverán ni un dedo para apoyar la causa independentista. La integridad territorial, el orden público y la soberanía nacional son competencia exclusiva de los Estados miembros, como reza el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea. La desintegración de un Estado miembro es exactamente lo contrario de la construcción europea.

A mayor abundamiento, lo que menos conviene a la UE y a la OTAN es una crisis en el flanco sur de Europa.

Un Gobierno PP/Vox, por muchas ganas que tenga de “reconducir” la situación en Cataluña, se guardará muy mucho de desbordar los límites que marcan las leyes, pero las interpretarán también a su manera.  

Si los dirigentes independentistas, sobre todo los de ERC espoleados por los de Junts y la CUP, cayeran en la tentación del “cuanto peor, mejor”, perderíamos más tiempo, más energías, más convivencia y más oportunidades de desarrollo. Todo ello con mayor crispación y fractura, sin que lograran avanzar ni un ápice hacia la independencia.

Si pensaran en la gente, deberían estar muy preocupados por las consecuencias económicas y sociales de un Gobierno PP/Vov: nuevos recortes, degradación de los servicios, (re)interpretación de leyes sociales o su derogación, etc., y no considerar tal gobierno un ilusorio momentum.