Se agota el tiempo para librar del desastre a una legión de sociedades que están con el agua al cuello. A finales del presente mes vence el plazo fijado al organismo gubernamental Sepi para aprobar los rescates pendientes. Así pues, dentro de dos semanas y media, las corporaciones que todavía no hayan obtenido el auxilio oficial, pueden ir abandonando toda esperanza de conseguirlo. Van a quedar con sus vergüenzas crematísticas expuestas al aire irremisiblemente.

Sepi administra el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones. Hasta la fecha solo ha desembolsado una cuarta parte.

Semejantes capitales están catalogados como “de último recurso”. Ello significa que las compañías renqueantes han de pasar de forma previa por las horcas caudinas de la banca. Sólo si ésta les deniega la concesión de créditos adicionales, estarán facultadas para recurrir al amparo del poder ejecutivo.

Las entidades que han apelado a los buenos oficios de la Sepi se hallan hoy literalmente contra las cuerdas. Las ayudas públicas son su postrera baza. Si la pasta estatal no llega con prontitud, se verán abocadas al precipicio. Salvo que ocurra un milagro de última hora, no tendrán más remedio que acudir a los juzgados mercantiles e instar un concurso de acreedores, antes denominado suspensión de pagos.

Sepi ha recibido hasta la fecha 70 peticiones. Ya aprobó un tercio de ellas y las transferencias dinerarias correspondientes entraron en las arcas de las compañías. Desestimó otro tercio por incumplir los requisitos reglamentarios. Y el tercio restante de los solicitantes permanece en vilo a la espera de ingresar los fajos de billetes.

De los socorros en fase de trámite, el de mayor bulto lo protagoniza la siderúrgica barcelonesa Celsa, liderada por Francesc Rubiralta. En noviembre elevó a Sepi una petición de 550 millones, pero el ansiado maná sigue en el alero.

El caso de esta firma reviste tintes muy singulares. Acontece que el 80% de su deuda se encuentra en manos de una bandada de fondos buitres. Y estos no sueltan la presa ni a tiros. Su objetivo inconfesable reside en apoderarse de Celsa, desguazarla y venderla por partes al mejor postor.

Compraron los préstamos bancarios a precio de derribo a mediados de 2019. Desde entonces olisquean las hipotéticas plusvalías latentes. Las aves de rapiña han agarrado a la víctima por el pescuezo y van a por ella sin ningún miramiento.

Celsa emplea a 9.000 trabajadores. Acumula un pasivo enorme de 2.800 millones. Si los caudales de Sepi no llegan con rapidez, quedará a merced de las rapaces oportunistas.

Otro gigante que aguarda como agua de mayo la llegada de la bicoca de la Administración es la tambaleante ingeniería sevillana Abengoa. Años atrás atravesó vicisitudes varias que estuvieron a punto de hacerla desaparecer.

La única posibilidad de preservar sus 11.000 puestos de trabajo es el amparo de Sepi, a la que ha implorado 249 millones. De lo contrario, el descalabro concursal del grupo promete ser de órdago.

El Gobierno de Pedro Sánchez lanzó el fondo de salvamento nacional en julio de 2020. Desde entonces ha dispuesto de una larga temporada para escudriñar y dar curso a los expedientes que iban aflorando. Pero la tradicional incompetencia, la desidia y la ineptitud de la burocracia se han dado cita para retrasar las suspiradas transfusiones de peculio al sector privado. Y ahora surgen las prisas. La España del vuelva usted mañana resucita de sus cenizas.