El futuro de Celsa, en manos de Bruselas ante el bloqueo total en España

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea / EP

De ahí que, ahora, todo quede en manos de que el Gobierno logre que la Comisión Europea le dé algo más de tiempo para dar salida a la multitud de casos que el consejo del fondo de ayuda para empresas estratégicas en dificultades financieras tiene sobre la mesa. Esto es lo que pretende desde hace semanas, pero no va a resultar un proceso sencillo. 

Atasco en la SEPI

Bruselas ya ha advertido al Ejecutivo en algunas ocasiones de que el volumen de solicitudes de rescate al fondo es demasiado elevado para que le dé tiempo a tramitar todos los expedientes antes del 30 de junio. Es decir, la fecha límite impuesta desde un inicio para el funcionamiento del sistema. 

La situación de atasco es de tal dimensión que la SEPI dejó de admitir solicitudes de rescate hace algunas semanas, pese a que el plazo está oficialmente abierto, según denunciaron algunas empresas que se encontraron con la desagradable sorpresa. La estrategia iría dirigida a que la bola no se hiciera aun más grande y que, con un acelerón final, fuera posible tenerlo todo listo antes de finales de mes.

Antes del Consejo de Ministros

En el escenario actual, Celsa y los acreedores cuentan con menos de tres semanas para alcanzar un acuerdo que no ha sido posible en los últimos años. Es más, la fórmula de rescate del fondo parece haber complicado incluso más. 

El organismo público remitió el esquema a los acreedores antes de que la resolución pasara el pertinente de filtro del Consejo de Ministros. Pese a que los principales tenedores de la abultada deuda de Celsa no cumplieron sus expectativas de participar en las negociaciones con la SEPI, sí han contado al menos con la oportunidad de hacer su propia propuesta antes de que el asunto sea aprobado en el palacio de la Moncloa. 

Economía

Negativa de los Rubiralta a diluirse

No obstante, como en ocasiones anteriores, la familia Rubiralta, accionista mayoritario de Celsa, no quiere ni oír hablar de que las entidades (bancos y, sobre todo, fondos de inversión), tomen una participación en el capital a cambio de una notable quita y de inyectar liquidez a la siderúrgica a través de un instrumento convertible. 

Esta distancia entre las partes ha quedado de manifiesto en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos meses. Los únicos contactos directos que se han producido han sido en las sucesivas vistas celebradas en los tribunales como consecuencia de las demandas por no atender los vencimientos de deuda y los recursos y medidas cautelares planteadas por la compañía. 

Contrarreloj

“El problema es que el tiempo se ha echado encima y cualquier negociación que pudiera iniciarse ahora sería a contrarreloj, bajo presión y de forma precipitada”, señalan fuentes próximas a la siderúrgica.

Algo que cambiaría si Bruselas aceptara otorgar algo más de tiempo para resolver el atasco de solicitudes y, de paso, que el asunto de Celsa. Cabe recordar que es el rescate más voluminoso de cuantos ha aprobado el consejo del fondo de la SEPI, de 550 millones de euros.

Plazos muy estrictos 

En el Gobierno no cunde precisamente el optimismo. Son conscientes de que la Comisión Europea está siendo notablemente estricta con los plazos y los trámites de todo lo concerniente a los fondos europeos, hasta el punto de que España he tenido que devolver algunas partidas de las que han llegado hasta ahora al no haber encontrado proyectos o destinos concretos a los que destinarlas. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), la vicepresidenta primera Nadia Calviño (c), y la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se felicitan / EFE

No ha habido lugar para prórrogas. Los estados miembros, especialmente los denominados frugales permanecen muy vigilantes a cualquier tipo de maniobra que tenga que ver con esta cuestión y no están dispuestos a concesiones. Son los territorios que más obstáculos pusieron a la aprobación de los fondos en su momento. 

Visto bueno de la Comisión

Por si fuera poco, en el caso de Celsa la Comisión Europea tiene la última palabra incluso tras el visto bueno del Consejo de Ministros, dado que los dos préstamos que acordó facilitar el fondo de la SEPI superan la cuantía de 250 millones de euros. 

Se trata del primer rescate con este sistema que deberá pasar el examen de Bruselas para determinar si la ayuda se concede en las condiciones estipuladas a tal efecto y descartar que se trata de ayudas de Estado ilegales.

Govern y Foment entran en juego

En este punto, incluso la esfera política ha entrado en juego con la manifestación del conseller de Empresa y Empleo, Roger Torrent, sobre la necesidad de un acuerdo y sus críticas a los acreedores, a los que ha acusado de velar únicamente por su interés financiero y no hacerlo por los miles de empleos en juego. 

El 'conseller' de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, en rueda de prensa telemática / GENERALITAT

También ha tomado partido la patronal Foment del Treball que, con tono más conciliador, ha llamado a las partes a que se sienten a negociar cuanto antes para resolver el proceso y que la ayuda pública llegue a buen puerto. Los teléfonos echan humo en las últimas horas y todas las esferas están movilizadas.