No amaina la rociada legisladora que cae sobre los ciudadanos. Hasta no hace mucho tiempo había que esperar a fin de año para hacer balance. Una paciente consulta del Boletín Oficial del Estado permitía conocer el número de regulaciones promulgadas por el Gobierno. Pero Pedro Sánchez quiere ahorrar esa molestia a los comentaristas de los medios, adelantarse a los acontecimientos y anticipar al pueblo soberano por dónde irán los tiros.

En efecto, el Consejo de Ministros aprobó esta semana un pomposo Plan Anual Normativo de la Administración. Se le conoce como Pan-22. Todos los ministerios han participado en su elaboración. Constituye un avance de las reglamentaciones que el Ejecutivo prevé tramitar en 2022.

Tras la reunión gubernamental, el presidente divulgó una nota de prensa en la que su habitual tono triunfalista se subió por las nubes.

“El Pan-22 es la plasmación legislativa de un proyecto de país. Tiene los rasgos distintivos de una socialdemocracia europea y avanzada. Se basa en el refuerzo del Estado de bienestar, la modernización económica y la ampliación de los derechos y libertades”. Casi nada. Jauja elevada al cubo.

El programa de marras incluye la friolera de 368 medidas. De ellas, 11 son leyes orgánicas; 81, leyes ordinarias; y 276, reales decretos. Este es el arsenal inquisidor que el Gobierno se apresta a volcar en el presente año sobre las espaldas de la machacada feligresía.

Como aperitivo, el régimen sanchista ya ha dado luz verde a un esbozo de ley. Luce el rimbombante nombre de “cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global”.

Quienes habitualmente escudriñan el Boletín Oficial del Estado habrán comprobado que durante el pasado ejercicio sus ediciones sumaron nada menos que 78.000 páginas, equivalentes a 78 enormes tomos de mil folios cada uno.

Por semejante enciclopedia desfilaron 11 leyes orgánicas, 32 reales decretos leyes, 22 leyes, 1.206 reales decretos y 1.528 órdenes, amén de una caterva mareante de edictos de rango menor, tales como acuerdos, anuncios, circulares, correcciones, extractos y resoluciones de todo pelaje. 

De lo transcrito se infiere que el poder político persistió en sus afanes de fiscalización despótica y que la inmensa maquinaria gestora de las coerciones oficiales funcionó a todo trapo. Pero hay más. A esa enmarañada fronda estatal hay que sumar otra, no menos confusa, que es la nutrida por las comunidades autónomas, las diputaciones, los ayuntamientos, los consejos comarcales y otras múltiples entidades públicas.

El tamaño descomunal del BOE y de sus homólogos territoriales es un indicador fiel del asfixiante intervencionismo que el poder gubernativo pretende imponer a todo bicho viviente.

Es de recordar que uno de los primeros artículos del Código Civil se permite una pintoresca licencia. Pregona que “la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”. Hace ya bastante tiempo, un prestigioso tratadista le dio la vuelta a tan solemne proclama y destiló esta otra: “la abundancia de las leyes se mitiga con su incumplimiento”.

En asuntos de esta naturaleza, la casta política ofrece un pésimo ejemplo a los contribuyentes. Ahí están los gerifaltes del Govern y sus adláteres. Día tras día vociferan que se saltarán a la torera todo precepto que ellos consideren “injusto”. Se arrogan, así, con un desparpajo monumental, la suprema facultad de prescribir lo que es justo y lo que no lo es.

Lo peor de esta situación es que los excesos autoritarios son el caldo de cultivo de una corrupción desatada, tal como enunció en 1992 el estadounidense Gary Becker, Premio Nobel de Economía: “Para reducir el latrocinio de los políticos, hay que cortar las alas a los Gobiernos. El origen de este problema es siempre el mismo: unos grandes Gobiernos con mucho poder para repartir prebendas”.

A propósito de despilfarros a mansalva, la rabiosa actualidad nos depara un ejemplo sin par. Me refiero al mangoneo de los fondos europeos que está perpetrando Pedro Sánchez. El desahogo con que maneja ese dineral es una prueba elocuente de la razón que asiste al galardonado economista norteamericano.