Hacer una oposición irreductible, sin concesiones, sin voluntad de alcanzar acuerdos, bajo la premisa de “al enemigo, ni agua”, puede a veces resultar contraproducente. Es lo que ocurre con la negativa rotunda de Pablo Casado a aceptar la reforma laboral pactada entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos.

En lugar de tener una reacción inteligente, de apropiarse de la reforma con el argumento de que lo acordado está lejos de la derogación que el Gobierno prometía, el PP optó por rechazar la reforma inmediatamente, antes incluso de conocer el decreto. El no precipitado y rotundo de Casado es más erróneo si tenemos en cuenta que barones moderados del PP como el gallego Alberto Núñez Feijóo o el andaluz Juan Manuel Moreno abogaron por esperar a leer el decreto antes de pronunciarse porque entienden que “no hay una derogación” de la reforma laboral de 2012, sino “modificaciones de algunos párrafos”.

Algunos dirigentes del PP tuvieron dudas entre el no y la abstención y varios defendieron esta última opción, pero Casado no acepta ninguna concesión al ala moderada del partido y se ha decantado por la negativa a dejar pasar la reforma en el Congreso, donde el decreto tiene que ser validado antes del 7 de febrero. El rechazo frontal de Casado ha provocado también malestar en miembros del equipo económico del Gobierno de Mariano Rajoy que elaboró la reforma de 2012 y que sostienen, como el propio expresidente, que se ha mantenido lo fundamental de lo aprobado por el PP de la mayoría absoluta.

La obcecación de Casado es tanto más incomprensible cuanto la patronal ha suscrito el acuerdo, con algunas discrepancias, eso sí, pero que no pasaron de la abstención en sus órganos directivos. Más significativo aún es que Casado ni siquiera está en la línea de FAES, la fundación presidida por José María Aznar, que ha validado la reforma en un editorial en el que afirma que “el resultado avala la negociación llevada a cabo por la CEOE” por mantener “los elementos fundamentales de flexibilidad interna en las empresas” y por consolidar “dos importantes novedades introducidas” por la reforma de 2012 y recomendadas por la UE: la reducción del coste del despido y la supresión de los salarios de tramitación. FAES acepta como “costes asumibles” para los empresarios el final de la ultraactividad de los convenios y la prevalencia en materia salarial del convenio sectorial sobre el de empresa.

La ultraactividad fue introducida en 2012, limitando a un año la vigencia de un convenio caducado. Ahora se elimina esta limitación temporal y se extiende la vigencia del convenio caducado hasta que se acuerde su renovación o se firme uno nuevo que lo sustituya. Este es uno de los logros para los trabajadores en la nueva reforma, junto a la limitación de los contratos temporales, que se ciñen a dos: el estructural por circunstancias de la producción (hasta seis meses o un año de duración) y el de sustitución de un trabajador. La reducción de la temporalidad se refuerza también con la eliminación del contrato por obra y servicio. Habrá además sanciones para desincentivar los contratos temporales fraudulentos y se potencia el contrato fijo-discontinuo para los trabajos de carácter estacional.

Pero las empresas conservan el poder de organización en ajustes y salarios y se mantiene la flexibilidad. Para no perjudicarla, los empresarios podrán recurrir a la contratación temporal ante situaciones de mayor demanda, como las campañas de Navidad o las agrícolas. Puede decirse que la reforma es equilibrada y, para algunos dirigentes de la patronal, como el vicepresidente Lorenzo Amor, consolida gran parte de la reforma de Rajoy.

Ahora el problema se traslada al Congreso porque el Gobierno no tiene los votos suficientes para validar el decreto. Negociará primero con sus socios ERC, PNV y EH Bildu, que se han decantado por el no por cuestiones de competencia --piden que los convenios autonómicos primen sobre los estatales-- o por considerar los cambios insuficientes. ERC quiere también recuperar la competencia de autorizar los ERE, suprimida por el PP en 2012.

Ciudadanos se ha ofrecido a negociar, pero sus votos no alcanzan para la aprobación, que se antoja complicada porque la CEOE ya ha advertido que no aceptará modificaciones. Y el PP, que con su abstención permitiría que la reforma se aprobase, sigue en sus trece de no conceder ningún triunfo al Gobierno, ni siquiera cuando la patronal suscribe el acuerdo y la FAES de Aznar lo avala.