La Comisión de la Competencia (CNMC) ha cargado una multa de 128 millones a ocho compañías relacionadas con el sector ferroviario, por urdir un cártel o acuerdo ilegal. Se repartieron durante 15 años, bajo cuerda, las subastas del Ministerio de Fomento para el suministro de los equipos de comunicaciones de las líneas férreas.

Las sanciones más abultadas han recaído sobre el grupo español Cobra, con 30 millones; las alemanas Siemens y Siemens Rail, con 29; la finlandesa Nokia, con 24; y las francesas Alstom y Thales, con 22 y 17 millones, respectivamente.

El correctivo impuesto a las dos filiales de Siemens se cifraba en el doble de la cantidad citada, pero se ha rebajado porque sus directivos dieron el chivatazo a Competencia sobre la existencia del cártel, confesaron el apaño y delataron a todos sus compinches con pelos y señales.

En la casa Siemens llueve sobre mojado. En los años 80 del siglo pasado se vio envuelta en el formidable escándalo del AVE de Madrid a Sevilla. Ese tendido fue el primero de alta velocidad que se puso en marcha en nuestro país. Siemens aportó a la contrata su tecnología de electrificación.

El tramo Madrid-Sevilla, presupuestado en 300.000 millones de pesetas de la época, acabó costando 450.000 millones. El incremento disparatado se explica, entre otros motivos, por las mordidas que se ingresaron en las cuentas suizas de los comisionistas del PSOE.

Este saqueo de fondos públicos en asuntos relativos al AVE se remonta a 1988. Más de tres décadas después, la misma Siemens se encuentra enredada otra vez en enjuagues ilícitos con el tren rápido.

Competencia ha destapado ahora que el consorcio germano y sus camaradas suscribieron un pacto que perduró nada menos que 15 años, entre 2002 y 2017. Los participantes amañaron 82 licitaciones del Ministerio de Fomento, convocadas para el suministro de los sistemas de seguridad y señalización ferroviaria, por un valor conjunto de 4.200 millones de euros.

Los pliegos abarcaban la ejecución de las obras, el mantenimiento de las instalaciones de seguridad y las comunicaciones de la red del AVE.

El objetivo único de este tipo de arreglos cartelistas siempre es el mismo: amasar un lucro recrecido a costa de los consumidores. La colusión de precios es idéntica a un timo, pues las empresas implicadas venden sus productos o servicios a unos costes hinchados al máximo. El pagano de tales desmanes es el pueblo llano.

Los conspiradores suelen perpetrar sus fechorías mediante reuniones secretas. En ellas acuerdan el amigable reparto de la clientela, intercambian información comercial interna, fijan los precios de venta –siempre al alza– y, en definitiva, deciden cómo esquilmar a los inermes ciudadanos.

La Comisión de la Competencia ha descubierto en los últimos lustros un aluvión de asociaciones fraudulentas en las que participaron centenares de empresas de todos los tamaños.

Es de destacar que el cártel del AVE, citado al principio, resulta especialmente dañino para los contribuyentes, pues sus efectos se extenderán hasta nada menos que el año 2040, en función de la vigencia de algunas de las contratas suscritas con el Gobierno.

La CNMC posee unos medios escasos para afrontar las incontables distorsiones que brotan en los mercados. Además, ha de batallar contra colosos que se las saben todas.

Son pocas las corporaciones condenadas que encajan el golpe con resignación y pagan. Lo habitual es que, asistidas por un ejército de abogados, presenten recursos hasta la extenuación. En no pocas ocasiones, los tribunales les acaban dando la razón y anulan las multas por defectos de forma en los expedientes instruidos por Competencia.

No es el caso de una resolución reciente de la Audiencia Nacional. Ésta acaba de ratificar los 65 millones impuestos por la CNMC a Renfe, que hasta la fecha es el mayor castañazo propinado a una sola entidad.

El asunto se remonta a 2008, cuando el Gobierno trataba de liberalizar el sector del transporte por ferrocarril. La estatal Renfe y su socio Deutsche Bahn vieron su monopolio amenazado y maquinaron un cártel para impedir la entrada de nuevos competidores. 

Suele decirse que todos los españoles somos iguales ante la ley. Pero está claro que cuando se dispone de recursos sin cuento para contratar los gabinetes legales más afamados, las posibilidades de salir indemne crecen a ritmo exponencial.