Corruptelas sin fin en las obras del AVE
Ya transcurrieron las elecciones generales y la podredumbre política vuelve al primer plano de la actualidad. Una jueza de Barcelona ordenó esta semana una batería de registros. Por un lado, de varias empresas privadas que efectúan las obras del AVE en Cataluña. Por otro, de las sedes madrileña y barcelonesa de Adif, gestora estatal de las infraestructuras ferroviarias.
La Guardia Civil apresó a 13 personas, entre funcionarios de Adif, otros cargos públicos, y directivos y técnicos de las constructoras. Las pesquisas se centran en los dispendios desorbitados que está acumulando la nueva estación barcelonesa de La Sagrera y sus accesos.
Llueve sobre mojado. Los distintos tramos del tren de alta velocidad por la geografía peninsular están salpicados de mangoneos sin cuento
El escándalo estalló a raíz de una denuncia cursada por la propia Adif, tras llegar ésta a dos conclusiones. Primera, que el coste de los trabajos se ha hinchado de forma fraudulenta. Y segunda, que su importe se ha destinado a repartir mordidas a diestro y siniestro.
Las contratas de La Sagrera y aledaños se otorgaron en 2010 por 735 millones de euros. Según Adif, esa cantidad ya se ha sobrepasado en más de 80 millones, que obedecen a meros apaños ilícitos.
Las compañías que resultaron agraciadas por la asignación, en tres lotes distintos, son cuatro madrileñas, Acciona, FCC, Ferrovial y Dragados-Agroman, más otras tantas catalanas, Acsa, Comsa, Copisa y Rubau.
El sistema urdido por la trama para generar los sobrecostes no puede ser más pedestre. Consiste en una burda connivencia entre los constructores y los técnicos oficiales, en virtud de la cual éstos últimos vienen certificando la ejecución de una serie de trabajos que en realidad nunca existieron.
Llueve sobre mojado. Los distintos tramos del tren de alta velocidad por la geografía peninsular están salpicados de mangoneos sin cuento. El récord de la malversación se batió en el primero que se abrió al tráfico, el de Madrid-Sevilla.
El presupuesto inicial aprobado por el Gobierno de Felipe González tasaba el desembolso en 1.600 millones de euros. La factura final rozó los 3.000. La diferencia entre una y otra suma se evaporó por el efecto combinado de una planificación chapucera y una ristra de sobornos ingresados en las cuentas de los comisionistas habituales del PSOE en bancos de Suiza y otros paraísos fiscales.
Dos multinacionales, sobre todo, pagaron coimas a destajo. Una, el gigante alemán Siemens, que se encargó de la electrificación, señalización y seguridad del tendido. Otra, la francesa Alstom, que suministró los trenes.
Penas ridículas
El saqueo de marras se remonta a 1988. No empezó a investigarse hasta seis años después, como un fleco más del caso Filesa, el enorme tinglado de financiación ilegal montado por el PSOE. Filesa devino pronto un monstruo procesal de cien cabezas, por el que desfiló un enjambre de altos mandos socialistas.
La interminable instrucción del AVE Madrid-Sevilla duró casi 12 años. El poder felipista la saboteó sañudamente con todos los medios a su alcance. Por fin, el juicio comenzó en la Audiencia Provincial en 2005. Concluyó un año después. De ponente actuó la jueza Manuela Carmena, hoy encumbrada a la alcaldía de Madrid.
Retorciendo la ley hasta el extremo, Carmena y los demás magistrados estimaron que las empresas adjudicatarias del AVE abonaron comisiones, pero a la vez negaron que hubiera existido cohecho
El tribunal desestimó la tesis de la fiscalía sobre la perpetración de delitos de cohecho y dio en absolver a 6 de los 12 acusados, entre ellos el ex presidente de Renfe y ex ministro Julián García Valverde.
Condenó a los otros 6 a módicas penas de un año de cárcel por falsedad documental continuada en la emisión y cobro de montantes ficticios. Entre ellos figuraron varios prebostes del PSOE y dos ex responsables de Siemens España.
Retorciendo la ley hasta el extremo, Carmena y los demás magistrados estimaron que las empresas adjudicatarias del AVE abonaron comisiones, pero a la vez negaron que hubiera existido cohecho.
Llegaron a estampar en la sentencia que “el pago de la comisión formaba parte indisoluble del paquete de las obras, junto con la realización de éstas”. Y añadieron que si todas las empresas involucradas satisfacían mordidas “era tan sólo porque aceptaban esta forma encubierta de financiación de los partidos”.
Tras los oportunos recursos, el Tribunal Supremo modificó ligeramente la faena de aliño de doña Manuela. Condenó a 6 meses de prisión a Aida Álvarez --coordinadora de finanzas del PSOE y estrecha colaboradora de Alfonso Guerra--, a quien la audiencia había absuelto. La misma pena cayó sobre Miguel Molledo, esposo de Aida. Los dirigentes de Siemens, unos angelitos, quedaron exonerados.
