Siempre en las mismas. El Govern busca un vacío de poder para facilitar los avales del Institut Català de Finances (ICF) a los encausados por malversación ante el Tribunal de Cuentas. Es decir, busca un vacío ilegal. El organismo fiscalizador, que exige 5,4 millones de fianza a 34 ex altos cargos del Govern por presunta malversación en su acción exterior, cree que existen indicios de ilegalidad en el auxilio del ICF, y por ello ha solicitado un informe de la Abogacía del Estado. El Tribunal de Cuentas pregunta a los servicios jurídicos del Estado si estos avales pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave, ya que se asumen por la propia administración autonómica perjudicada. El acta de liquidación provisional del expediente de enjuiciamiento que afecta a la acción exterior de la Generalitat concierne a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas; al exvicepresidente Oriol Junqueras y a los exconsejeros Raül Romeva, Andreu Mas-Colell y Francesc Homs.

La broma de difundir por el mundo el evangelio de la República Catalana cuesta la torta un pan. La verdad, al no ser acaudalado no me gusta hablar de una deuda contante y sonante: “no dexó grandes tesoros/ni alcanzó grandes riquezas/….mas fizo guerra a los moros/ganando sus fortalezas..” escribió Manrique en aquellas famosas coplas dedicadas a su padre. Ahora, el conflicto de competencias se traslada al imperio de la ley. Pero lo bueno es la respuesta de la Generalitat a través de la Portavoz, Patricia Plaja: “Dejen de hacer política y aténganse a criterios estrictamente jurídicos, porque la participación del ICF en los avales es impecable”. Sin advertir, claro, que son los términos estrictamente jurídicos lo que le pide el Tribunal de Cuentas a la Abogacía del Estado. Menudo gol en propia puerta, señora Plaja. Usted misma deja abierto el canal que puede invalidar la acción del ICF: el imperio de la ley.

El soberanismo ha caído en la canción de siempre: si me impiden hacer esto, le busco una vuelta. Es el 'modelo exasperación' utilizado en 2017: si el Constitucional no nos deja lanzar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), promulgamos dos leyes de desconexión en el Parlament y a continuación, fieles a nuestra radicalidad democrática de parte, ensayamos una DUI en las escaleras de la cámara catalana, porque tiene menos delito que hacerlo en el hemiciclo. Es la ley del cole: si el profesor me castiga sin patio, me escapo por la ventana para jugar a churro, media manga o manga entera. Este extremismo casual que infantiliza la praxis política es más propio de los que dan más de traspié que de pie. Y la respuesta del organismo estatal recurre una vez más el amparo legal de la Brigada Aranzadi, los letrados públicos que, sin ser ya los amigos de Soraya, siguen siendo letrados.

Las cenizas del pasado pueden ser “polvo enamorado”, al estilo del soneto de Quevedo a su amada Lisi, pero antes de exponerlas en público (las cenizas, digo) hay que ver si entran dentro de los cauces. Y si no entran, será muy fácil sostener el clásico argumento indepe de que el Tribunal de Cuentas aplica una venganza y no un reglamento. Si el ICF no pude avalar los 5,4 millones, querrá decir que un instituto de la Generalitat no puede socorrer a los altos mandos de la Generalitat que cometieron malversación. Yo malverso y yo me perdono; delinco y me exonero. Ya se ve que no tiene sentido. Podría haber un cierto toque de comprensión para los inhabilitados que habrán visto mermados sus bolsillos. Sí, pero la hicieron muy gorda, piensan en volver a hacerla, y además corren tiempos impacientes. El precio del abuso de poder es la intemperie. Los grandes de España que embargaron las colonias de ultramar tuvieron que hacer cola en los despachos de la hidalguía, como castigo. Si buscas buenos escribanos no expulses a los judíos.

El procés, que presumió de estar contorneado por una burguesía de papel, paga ahora el mal paño de sus alforjas. El catalanismo de campanario tiene más devoción mariana que causa sefardí. Los nacionalistas tiraron de austericidio en los tiempos en que Artur Mas privatizó la sanidad pública y ahora Jaume Giró busca la solución en los fondos europeos, con el consentimiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Nunca es tarde. Respecto al ICF, más que afianzar desde dentro las responsabilidades legales de sus dirigentes, el Govern debería encontrar una solución sin menoscabo de sus cuentas. Al fin y al cabo, el dinero público ha de destinarse a servicios públicos básicos.