El Govern ha aprobado mediante un decreto ley un fondo dotado de 10 millones de euros para que los 34 exaltos cargos de la Generalitat hagan frente a las fianzas que les exige el Tribunal de Cuentas antes de proceder al embargo de sus bienes. El Institut Català de Finances (ICF), organismo público autonómico, hará de gestora de ese fondo. No es un dinero finalista, pues se podrán beneficiar bajo ciertas condiciones todos los funcionarios y altos cargos que hayan incurrido o incurran en responsabilidades de gasto indebido, pero es evidente que se crea de urgencia para hacer frente a una situación que produce insomnio entre los líderes independentistas: la responsabilidad patrimonial personal por la ejecución del plan secesionista hasta 2017. La Generalitat quiere actuar como si fuera una “reaseguradora” y si, finalmente, hay sentencia judicial firme que los condene a pagar, les reclamará el dinero malversado junto a los intereses y las costas judiciales. El mecanismo implica una fianza privada porque será una entidad financiera la que deposite el dinero ante el Tribunal de Cuentas.

El consejero de Economía, Jaume Giró, gran experto en ese tipo de artificios, cree que así el Govern no podrá ser acusado de prevaricación porque no habrá “desplazamiento patrimonial del dinero de la Generalitat”. Hay que reconocer que el mecanismo es hábil, pues requiere la complicidad de una o varias entidades bancarias. Sin embargo, en el peor escenario, agotada para los acusados la vía judicial tanto en España como en Europa, el prestamista no perdería su dinero, ya que se lo reembolsaría el Institut Català de Finances con ese fondo como mínimo de 10 millones. Es decir, aunque quien avala ante el Tribunal de Cuentas sea una financiera privada (hagan sus apuestas sobre quién será), esta a su vez estará respaldada por un contraaval público, de manera que nunca tendrá pérdidas, sino siempre ganancias por los intereses generados. Giró argumenta que entonces la Generalitat reclamaría a los condenados por la vía ejecutiva, con lo que de ser así les habría facilitado una especie de crédito hasta que se resuelva toda la causa a favor o en contra. Otra cosa es que de aquí al tiempo que sea la Administración autonómica pueda o no recuperar ese dinero, bien porque los condenados sean entonces completamente insolventes o algunos se hayan muerto. Huele a corrupción, o como a mínimo a fraude de ley. No puede ser que una Administración cree un fondo para pagar en último término las fianzas de sus propias autoridades acusadas de malversación.

Será interesante ver qué opina el Tribunal de Cuentas, cuyas fuentes ya han avanzado que la propuesta roza la prevaricación, aunque seguramente será la justicia quien determine la validez de la fórmula elaborada por Giró. Ojalá sea rechazada sin mucha dilación porque sería un precedente terrible y devastador para el Estado de derecho. Además, la acción ejecutiva de ese organismo administrativo es el mayor freno que tiene el separatismo. Es su peor enemigo, mucho más que la cárcel. Otra cosa es que algunas consideraciones de este tribunal sean cuestionables, que su acción tenga que circunscribirse meramente a la malversación contable, es decir, a evaluar aquellos gastos para los que no había una partida en los presupuestos, al dinero que se gastó de forma ilegal, sin entrar a juzgar cuestiones anecdóticas o circunstanciales, sin mezclarlo todo. Es decir, si en un viaje del Govern, en el ejercicio de sus competencias en acción exterior, hubo unas declaraciones en un medio a favor del referéndum del 1-O o de la secesión, es muy discutible que eso solo convierta en ilícita toda la actividad desarrollada y, por tanto, no parece razonable que se le pueda exigir a quien sea, a Artur Mas o a Andreu Mas-Colell, la devolución de todo el gasto ocasionado. En cualquier caso, esos casi 10 millones de euros que les reclaman a las decenas de exaltos cargos es solo la punta del iceberg del enorme dispendio del procés desde 2012. Que sus responsables devuelvan una mínima parte, es un acto de justicia. Es imprescindible que sea así para que ellos, y sobre todo los que vengan detrás si piensan en volverlo a hacer, sepan que nada es gratis.