Al abordar el tema de los indultos a los condenados por el procés es difícil sustraerse al ruido político, mediático y, porque no decirlo, también ciudadano que se está produciendo en las últimas semanas. Junto al debate altisonante, hemos podido leer argumentos legales, de eminentes juristas, a favor y en contra de la medida, y reflexiones fundadas desde una perspectiva política que abogan por la concesión o la denegación. En mi caso, es casi imposible sustraerme a mis propias opiniones, manifestadas en diversos artículos de opinión publicados en los últimos años, respecto a la aplicación del artículo 155, la actitud del independentismo y sus representantes más destacados, el juicio en el Tribunal Supremo, la flagrante irresponsabilidad de los últimos gobiernos de la Generalitat, etc. No soy partidario del dogmatismo ni de la inflexibilidad que hacen de la coherencia un corsé de yeso, y por tanto comprendo aquella máxima de cambiar de opinión si cambian las circunstancias. Pero la cuestión es que sigo manteniendo la misma opinión, que ahora resumiré brevemente, respecto a los mencionados temas, y sin embargo soy partidario de que el Gobierno de España conceda los mencionados indultos.
Creo que el Gobierno de Mariano Rajoy, con el apoyo de Pedro Sánchez y del PSOE, hizo una aplicación adecuada y absolutamente necesaria del artículo 155 de la Constitución. Sólo me cupo la duda de si la coerción estatal tendría que haberse aplicado con ocasión de la aprobación por el Parlament, pisoteando los derechos de una parte importante de la Cámara, de las leyes de referéndum y de transitoriedad. La experiencia de la aplicación ex novo de un artículo inédito, fue avalada posteriormente por el Tribunal Constitucional. Y la gestión que el Gobierno hizo de aquel mísil constitucional fue proporcionada, sin desbordar los límites de una intervención de carácter extraordinario.
Me pareció modélica la forma en que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo condujo el juicio contra los implicados en el procés. Manuel Marchena hizo un ejercicio de moderación, firmeza y sobriedad propio de un gran jurista, consciente de la enorme responsabilidad que recaía sobre los hombros del Supremo. También fueron excelentes y dignas de reconocimiento, a pesar de mis discrepancias de fondo, las intervenciones y los planteamientos jurídicos de algunas de las defensas de los procesados. Compartí en su día la dureza y ejemplaridad de la sentencia, porque los delitos cometidos también fueron de una extraordinaria gravedad, y produjeron una conmoción evidente en Cataluña y en el conjunto de la sociedad española.
La actitud del expresidente Puigdemont, su huida sustrayéndose a la acción de la Justicia y sus fintas políticas posteriores, presentándose en diversos procesos electorales, siempre me parecieron impropios de la alta representación que había ostentado. Con el paso del tiempo, veremos que casi todos los episodios y actuaciones relacionados con Waterloo son más propios de una tragicomedia que de un drama, y en todo caso en poco o nada han contribuido al interés general de Cataluña que dicen defender. Mención aparte merece el corto y accidentado mandato del ex president Torra, porque seguramente nunca antes, tantos catalanes han sentido tanta vergüenza al ver actuar, un día sí y otro también, a una figura que no por casualidad recibe el tratamiento de “molt honorable”.
Estoy convencido de que desde el punto de vista jurídico, tanto la Constitución como la legislación sobre el indulto permiten al Gobierno articular una concesión parcial y condicionada del mismo, individualizada y adaptada a las circunstancias de cada condenado. Corresponde al Ministerio de Justicia hacer un trabajo sumamente preciso, que haga irreprochable desde el punto de vista legal la actuación del Gobierno, y que en su día pase el filtro de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, a la que a buen seguro llegarán los indultos concedidos.
Pero no son en razones legales en las que quiero amparar mi defensa de estos indultos. Y lo hago desde la asunción y defensa de lo que los tribunales y el gobierno de España hicieron en su momento. También desde la crítica acérrima a muchas de las actitudes y estrategias del independentismo catalán. Son motivos políticos los que creo que justifican la utilización, en este momento de la historia, de tan controvertida figura. La política y sus protagonistas tienen la capacidad de crear espacios y abrir horizontes allí donde las leyes y los tribunales encuentran muros infranqueables. Es la política la que puede dar una oportunidad para desatascar la situación en la que nos encontramos. Los indultos que en las próximas semanas acordará el Gobierno del presidente Sánchez pueden abrir un nuevo tiempo y crear un nuevo clima en la sociedad catalana y en las relaciones de Cataluña con el resto de España.
Los beneficiarios inmediatos de los indultos serán los condenados, pero la medida les trasciende con creces a ellos. El destinatario del mensaje político de los indultos es el conjunto de la ciudadanía de Cataluña, y también sus instituciones y estructura social. Los indultos, como última ratio política del órgano político por excelencia, que es el Gobierno, tienen un significado polisémico que supera los márgenes estrictos del derecho de gracia. En este sentido los indultos sirven para crear una atmósfera de diálogo que intente superar la desconfianza labrada año tras año, entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat. Es en ese clima en el que se podrán buscar soluciones políticas a un problema que hunde sus razones en un profundo desencuentro político e identitario.
Durante años el nacionalismo entonces, y el independentismo después, se dedicó a forjar mitos y construir gestas simbólicas. Lo explica muy bien Jordi Amat en el brillante El hijo del chófer, cuando refiriéndose al hoy repudiado Jordi Pujol, relata la estrategia colectiva organizada para defenderse de la querella por Banca Catalana. Dice Amat: “Es la hora de tramar el mito. La retórica es la clave. Los relatos de movilización política más populares son los de victimización y venganza. Son características populistas. Son universales. Se trata de crear un momento populista para refundar el poder. El calendario crea las condiciones para el contrataque. Será un acto de fuerza, con violencia simbólica incluida, que encubrirá la fuerza del mito”. La estrategia enunciada por Amat y usada por el nacionalismo en 1983, es exactamente la misma que la utilizada por el independentismo más de 30 años después, si bien por razones muy diferentes. Contra a esa retórica que forja mitos sobre la victimización y la venganza, sólo cabe una estrategia política que abra un diálogo en otra dimensión y bajo parámetros diferentes.
El Gobierno del presidente Sánchez tienen la obligación, si considera que esa oportunidad existe, de intentar crear las bases para construir un nuevo espacio de diálogo, entendimiento y solución del problema. Y los indultos son la palanca para abrir esa compuerta.
Dicho esto, sólo me queda por añadir que nunca me atrevería a calificarme como ciudadano o español de bien, pero tampoco a que nadie me califique de lo contrario, por el hecho de defender con convicción y razones la concesión de estos indultos.