Es difícil imaginar un contexto económico y social más difícil que el que atraviesa Cataluña. Tras una década de recortes que han dejado nuestras políticas sociales (y las personas que dependen de ellas) al límite, ha llegado una pandemia. Medio millón de niños y niñas vive bajo el nivel de la pobreza. Medio millón de trabajadores y trabajadoras están en el paro. Medio millón de trabajadores y trabajadoras que no han perdido su empleo se encuentran bajo el nivel de la pobreza. La desigualdad ha retrocedido a niveles de hace 15 años.

Sin embargo, nos dicen que Cataluña podría ir a nuevas elecciones porque las dos formaciones que llevan gobernando juntas durante la última década no se ponen de acuerdo sobre el control de TV3 y el rol que debería tener el Consell per la República. Es el resultado de casi 90 días de negociación de los mismos líderes políticos que en 2014 prometían construir “un país normal” pero que ahora consideran que lo normal es seguir instalados en la frivolidad mientras la vida de la ciudadanía se deteriora día tras día.

Es difícil entender por qué no ha sido una prioridad en las negociaciones para formar gobierno la recuperación de la economía catalana, buscar salidas a los trabajadores y trabajadoras de empresas como Nissan o Bosch que han anunciado el cierre, rescatar la sanidad y la educación pública del abandono de una década o luchar para que las colas del hambre dejen de crecer.

En vez de emplearse a fondo para que los fondos europeos de recuperación favorezcan al mayor número de personas, la prioridad ha sido dejar lo esencial de lado y centrarse en la agenda de siempre: el control de los medios públicos de comunicación que permiten controlar el relato y una entidad fantasma que tiene el objetivo tan poco tangible de “hacer efectiva la república”.

Afirmar que la solución a los problemas sociales, económicos y de convivencia que vive Cataluña es un gobierno presidido por ERC con Pere Aragonès a la cabeza es un engaño a una ciudadanía que ha sido testigo de cómo esta formación participaba de las políticas austericidas de los últimos diez años, formando parte del govern o dándole apoyo desde fuera.

Cataluña no merece seguir instalada en la parálisis. Se merece una nueva formula de gobierno presidida por el PSC, la formación más votada el 14F, que despliegue políticas de izquierdas que hagan frente a una de las mayores crisis sociales y económicas del último siglo. Una crisis que provoca sufrimiento a toda la población, pero especialmente a las clases populares a las que ERC y Junts han abandonado a su suerte.

Lluís Rabell, apuntaba esta semana en un artículo en su blog que una agenda verdaderamente útil sería que las izquierdas se unieran para configurar un polo progresista que señalase un nuevo rumbo y evitar que el futuro de Cataluña siga estando en manos de una derecha nacionalista totalmente ajena a las necesidades de la Cataluña trabajadora. Una derecha que en su congreso del fin de semana preguntó a sus miembros en qué espacio ideológico se sentían más cómodos. Las opciones que daba Junts a su militancia eran liberal, socialdemócrata, de izquierdas o ninguna. Paradójicamente, no contemplaba ser de derechas, que es lo que realmente identifica a un espacio político que bajo distintas denominaciones ha impulsado los recortes que Cataluña ha llevado más lejos que cualquier otra comunidad autónoma.

Llevamos con un gobierno provisional desde enero de 2020 cuando Quim Torra anunció que la situación entre los socios de govern era insostenible y anunció elecciones. Nos hemos enfrentado a una pandemia y a una crisis económica y social sin un ejecutivo que lleve el timón, sin una hoja de ruta para avanzar en medio de la tormenta. No podemos seguir más tiempo en la parálisis. Tal y como proponía el Grup Pròleg tras el 14F, es urgente tener un govern que mejore y no empeore aún más las cosas.