Ada Colau será recordada como la alcaldesa que llegó al consistorio gracias a una plataforma antidesahucios y acabó desahuciando a los barceloneses de su propia ciudad.
Según los datos del padrón municipal, alrededor de 16.000 personas dejaron la urbe entre marzo y octubre de 2020. El gobierno municipal lo achacará al confinamiento. Sin embargo, una cifra todavía más demoledora no la han podido ocultar en la Encuesta de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Barcelona de 2020. Tres de cada diez barceloneses estarían dispuestos a abandonar la Ciudad Condal a causa de la deriva de la Barcelona de Colau. En números reales, tres de cada diez habitantes representan nada más y nada menos que medio millón de personas.
Los dos motivos principales del desencanto no podían ser otros que la inseguridad ciudadana y la dificultad en el acceso a una vivienda. Tanta guerra a la especulación inmobiliaria para que al final, el principal encarecedor del ladrillo sea el gobierno municipal.
Una de las primeras decisiones de Colau --hace ya seis años-- fue hacer más ricos a los que ya eran ricos. La moratoria hotelera provocó que el valor patrimonial y de venta de los hoteles se incrementara ante la imposibilidad obtener nuevas licencias en la ciudad. Además, no contenta con ello, obligó a que muchos de los proyectos que iban destinados a acoger las pernoctaciones de turistas fuesen reconvertidos en viviendas de alto standing o de un lujo extremo. Es el caso del antiguo edificio del Deutsche Bank que de la noche a la mañana pasó de ser un futuro hotel Four Seasons a convertirse en viviendas que su precio de venta oscilará los 20.000 €/m2. Si lo trasladamos al ámbito laboral, el Four Seasons pudo llegar a crear puestos de trabajo para aquellos jóvenes salidos de las escuelas de turismo de Barcelona mientras que una promoción inmobiliaria nunca podrá llegar a crear tantos empleos como un hotel de esas características.
Si la alcaldesa ha pretendido en algún momento combatir la especulación inmobiliaria en Barcelona, sus recetas le han llevado a lo contrario.
Colau pensó --ante la problemática del acceso a la vivienda en Barcelona-- que la gran medida municipal para la construcción de vivienda social (y de paso ocultar su dejación de funciones en esta materia) era imponer al promotor inmobiliario privado que un 30% de las viviendas de nueva construcción fuesen destinadas a la protección oficial. El resultado no ha sido otro que:
- Caída de la creación de nueva vivienda ante la imposición de lo público a lo privado, en lugar de buscar la colaboración de ambas. La consecuencia: menos oferta de obra nueva, más escasez de vivienda y, por lo tanto, subida de precios.
- Precios de obra nueva (en proyecto) disparados para compensar la afectación del 30% obligando a repercutir en el 70% restante un incremento notable del precio. De no hacer la compensación, el promotor cae en bancarrota antes de colocar el primer ladrillo.
Por último, parte de las fincas adquiridas por la corporación municipal “para frenar la especulación” han resultado estar habitadas por okupas. En la Barcelona de Colau parece que con esfuerzo y trabajo es complicado obtener un piso (ni de protección oficial, brillantes por su ausencia ante la gran demanda producida en su mandato). ¿Es ese el mensaje que quiere trasladar Colau a aquellos jóvenes que intentan emanciparse sorteando las políticas inflacionistas su mandato?
Sería recomendable --para un futuro no muy lejano--, que la persona poseedora de la vara de mando municipal adquiera previamente nociones de economía en lugar de promover manuales sobre la okupación de viviendas. En caso de no ser así, la población seguirá con políticas de encarecimiento inmobiliario.
El resultado del intervencionismo del actual gobierno municipal solo está al alcance de súper ricos y okupas. Entretanto, la gran mayoría de los ciudadanos son los que pagan los platos rotos de sus políticas.
