Ha empezado una nueva legislatura en el parlamento catalán, pero tengo la sensación de que no va a cambiar nada sobre la opacidad de la que han hecho gala los gobiernos separatistas, a lo sumo a peor. Dejé de ser diputada sin que el ejecutivo diera cuentas de parte de la información que solicitaba, la mayoría relacionada con el "procés". Ahora tengo en mis manos el decreto 8/2021, recién aprobado, que desarrolla la Ley de Transparencia, y se confirman mis temores.

Valoro positivamente, según el decreto, que los altos cargos deban publicitar sus agendas con periodicidad mensual e incluir, al menos, los contactos mantenidos con grupos de interés, además de constar el objeto de la reunión con la precisión suficiente para conocer el contenido. Sin embargo, no es preceptivo informar sobre encuentros con funcionarios de terceros países u organizaciones internacionales, personal diplomático, opinadores internacionales; es decir, contactos que son muy relevantes para saber qué está haciendo el ejecutivo en el ámbito internacional.   

Mención aparte es que a los jefes de las delegaciones exteriores o de las oficinas de los expresidentes no se les considera altos cargos (aparecen como personal eventual u otros directivos)  por lo que ya es una manera de escapar del control y, aunque los sueldos son altísimos, es prácticamente imposible supervisar su gestión. Por ponerles un ejemplo, ya me dirán qué hace el cargo eventual de "Coordinador de Políticas Internacionales" teniendo en cuenta que la Generalitat no tiene competencia en política exterior.

Ahora bien, el gran agujero negro lo representará las causas de inadmisión del acceso a la información que incluyen "documentos de trabajo interno sin relevancia o interés público" ¿Quién valora que se trata de información carente de importancia? La propia administración que ha de proporcionar la documentación. ¿Lo ven?, por ahí colarán datos y actas de reuniones que no se quiera que salgan a la luz. Ya lo hacían y eso que aún no tenían el decreto para apoyarse. Una vez pedí los informes elaborados por las delegaciones catalanas sobre las actividades encomendadas por el Departamento de Acción Exterior. Obtuve un no por respuesta con el argumento de que eran documentos de "trabajo interno". Es decir, los delegados exteriores no publicaban agendas, no sabíamos qué hacían y, además, cuando pedíamos sus comparecencias, los partidos que apoyaban al gobierno votaban en contra.       

No me acostumbraré a que se eluda el control de directores generales, delegados o responsables de departamentos del ejecutivo por el hecho de tener una mayoría parlamentaria que vote en contra de tales comparecencias. En la universidad, cuando lideras un proyecto de investigación, estás obligado a presentar informes antes, durante, y al final. A dar cuantas explicaciones sean necesarias, en cualquier momento, a petición de los órganos evaluadores, y nadie te vota para que te libres del control. No es para menos, es dinero público, y la ciudadanía tiene derecho a saber qué se hace con los recursos públicos. ¿Por qué, entonces, se blinda a los que más responsabilidades tienen para evitar que den cuentas de su gestión?

El decreto citado no va a mejorar estas cuestiones, pero sigue siendo esencial que haya transparencia y rendición de cuentas efectiva para alejar la corrupción de los gobernantes. Aún falta.