La mayoría de las familias consideran que pagan un excesivo precio por la luz. Sin embargo, muchas de ellas no consiguen entender su factura. También desconocen las posibilidades de disminuir su importe, pues ignoran las diferencias entre el mercado libre y el regulado, así como la existencia de un gran número de comercializadoras que ofrecen múltiples tarifas por prestar un idéntico servicio.

Una incongruencia que viene explicada por la combinación de la escasa transparencia de la factura, el reducido interés de los sucesivos gobiernos en generar una elevada competencia en el mercado minorista de la electricidad, la presencia esporádica de grandes variaciones de su precio en los titulares de los principales medios de comunicación y el uso de aquellas por parte de la oposición para desgastar al gobierno.

La factura de la luz posee tres componentes: consumo realizado (37,48% del importe), peajes (41,14%) e impuestos (21,38%). Unos conceptos que no tienen una correspondencia automática con los que aparecen en ella, pues los segundos están contemplados en el epígrafe de potencia contratada y parcialmente en el de energía consumida.

El término peajes es un cajón de sastre. En teoría, debería integrar solo los costes de uso de la red eléctrica, transporte y distribución. En realidad, incorpora también un impuesto municipal, las primas a las energías renovables, la financiación del déficit tarifario, etc. Sin duda, las últimas partidas constituyen un suplemento que encarece indebidamente el servicio.

El mercado minorista de la electricidad, después de su liberalización en 1998, continúa dominado por un oligopolio. El número de empresas ha aumentado notablemente, pues en la actualidad hay 625 comercializadoras. A pesar de ello, en 2019 el 84% del mercado libre era copado únicamente por cinco compañías (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Repsol).

En el mercado de telecomunicaciones, el dominio de las tres empresas más grandes (Movistar, Orange y Vodafone) también es aplastante, ya que en 2020 su cuota ascendió al 78%. No obstante, a diferencia del eléctrico, su conservación ha conllevado una importante reducción del precio de sus principales servicios y la generación de una oferta de complementarios.

En el mercado eléctrico, los sucesivos gobiernos no han realizado ninguna acción relevante para informar a las familias que el cambio de compañía puede hacerse de forma rápida y gratuita, tampoco les han incitado a realizar el clásico busque, compare y elija, ni han presionado a las grandes empresas para que compitan duramente entre ellas y se roben clientes unas a otras. Más por omisión que por acción, la connivencia de todos los ejecutivos con las energéticas más importantes ha sido clamorosa.

En los medios de comunicación, la presencia del precio de la luz en los principales titulares es asimétrica. Aparece cuando, en un escaso período de tiempo, el importe de la tarifa variable (conocida como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor --PVPC--) aumenta considerablemente y desaparece si aquella es estable o decreciente.

Un ejemplo del primer caso lo hemos tenido en la primera quincena de enero. En comparación con 2020, según Facua, el PVPC aumentó un 40,6%, pasando de 13,39 a 18,82 céntimos de euro por kWh. Del segundo, lo tuvimos el año pasado. La caída del consumo por la crisis económica, unida a una mayor producción de energía renovable, llevó al mercado mayorista a marcar el precio medio (33,96 €/MWh) más bajo desde 2004.

A pesar de la alarma social, los elevados aumentos del PVPC solo afectan a las familias que tienen contratada una tarifa flexible (un 37% en 2019). No obstante, la mayoría cree que repercuten sobre todas pues, aunque han llegado a un acuerdo con su comercializadora para pagar un precio fijo del kWh durante todo el año, muchas no son conscientes de ello.

Dicha alarma tiene efectos contrapuestos sobre las principales compañías eléctricas. Por un lado, aumenta la presión para que el gobierno realice alguna actuación que reduzca los grandes beneficios que obtienen en el mercado mayorista. Por el otro, genera un traslado de clientes desde la tarifa flexible a la fija, siendo ésta generalmente más elevada que la primera.

En los próximos años, a las familias les convendrá más estar en el mercado regulado (aplicación del PVPC) que en el libre (precio fijo por kWh). El principal motivo es la disminución de los picos alcistas debido al gran aumento de la electricidad generada por las fuentes renovables a un coste inferior al actual.

Los sucesivos ataques de la oposición al gobierno de turno han convencido a la población de que el funcionamiento del mercado eléctrico es injusto e inapropiado y de la conversión del recibo de la luz en un gran instrumento de recaudación de impuestos.

Entre otros aspectos, dicho funcionamiento proporciona grandes beneficios a las compañías generadoras de energía al utilizar un método marginalista para la fijación del precio mayorista y hace pagar solo a las familias los costes de los errores cometidos por anteriores gobiernos, tales como la gestión de la moratoria nuclear realizada por González o las generosas subvenciones otorgadas a las energías eólica y solar por parte de Zapatero.

Desde un punto de vista social, es inexplicable que el IVA aplicado a las obras de arte sea del 10% y el de la electricidad del 21%. También que, siendo el agua y la luz dos bienes de primera necesidad, el primero tenga un tipo reducido y el segundo el general.

En definitiva, todos los anteriores motivos convierten al precio de la electricidad en un problema nacional. Afecta a las familias, pero también a las empresas, pues su comparativamente elevado importe, disminuye su competitividad. En el primer semestre de 2020, el precio del kWh en España fue el quinto más elevado de la Unión Europea. En dicho período, los hogares lo pagaron un 7,4% y un 13,5% más caro que la media de los de la zona euro y la UE.

En la reciente crisis energética, el gobierno ha pecado de excesiva confianza y ha reaccionado mal ante la imprevista subida del precio. No ha dicho que espera que pronto llueva más, como hizo Rajoy, pero ha actuado como si lo hubiera indicado.

Cometería un grave error si infravalora la magnitud del problema y confunde un buen parche con la solución definitiva. La creación de un fondo, sufragado por las compañías suministradoras de energía, que sacará del recibo de la luz la retribución a las energías renovables, supone un paso en la buena dirección. No obstante, es insuficiente para eliminarlo o convertirlo en banal.