Ya sabemos que “amnistía y autodeterminación” son las condiciones (mínimas) que los independentistas exigen para --como dicen-- empezar a hablar no de una normalización, que no les interesa, puesto que en la normalidad tendrían que abandonar cuentos y rendir cuentas políticas de sus muchos desastres, sino de la resolución del conflicto que han creado ellos mismos y que, según ellos, sólo se resolverá definitivamente con la independencia.

Con el cuento de la autodeterminación estamos donde estábamos --en la ilegalidad del 20-N de 2014, del 1-O de 2017 y en la próxima que intentasen-- y con la amnistía estamos ante la evidencia, que se niegan a reconocer, de un sonoro fracaso, puesto que tienen que pedir una amnistía para salir “indemnes” de su aventurismo.

Por nuestra parte, hagamos el ejercicio, aunque sea inútil, de pensar qué deberíamos exigirles para acercarnos a una normalidad que, afortunadamente, interesa a la mayoría de los catalanes.

En primer lugar, una renuncia clara a la unilateralidad, renuncia que nos conviene a todos, a los no independentistas porque nos daría la tranquilidad de que no volverían a repetirse los nefastos sucesos de 2017, y a los independentistas porque la renuncia facilitaría la concesión del indulto a los dirigentes condenados y permitiría al independentismo actuar sin dobleces ni desgarros sociales en la prosecución pacífica de sus quiméricos objetivos (la unilateralidad además de una ilegalidad es violencia solapada).

Habría que contemplar también otras condiciones.

Que las instituciones de la Generalitat, empezando por el President y el Govern, dejen de estar escandalosa y únicamente al servicio de la causa independentista, y que, sin renunciar a la discrepancia política actúen con lealtad institucional hacia los otros poderes del Estado.

Que los medios de comunicación públicos de la Generalitat dejen de ser únicamente “la pantalla del procés” y el portavoz privilegiado de sus dirigentes y den cabida y voz en los noticiarios y programas a la Cataluña hasta ahora “invisibilizada” por la censura independentista.

Que los dirigentes del procés, al menos los institucionales, procedan a iniciar el desarme ideológico de las multitudes que sacaron a la calle, empezando por esos que cortan cada día, impunemente, la Avenida Meridiana de Barcelona en protesta callejera por la sentencia de 14 de octubre de 2019.

Desarme ideológico que, si es sincero, será correspondido por la mayoría de la oposición democrática, y que debe incluir, por lo menos, una contención en el lenguaje incendiario que los independentistas utilizan con irritante frecuencia. Por ejemplo, dejando de llamar “represión” cualquier actuación de los poderes del Estado en defensa de la legalidad que ellos vulneran.

Por supuesto, a la cesta de los deseos se pueden añadir otras condiciones, aunque las reseñadas son razonables y objetivamente imprescindibles.

Pero seamos si no escépticos sí cautelosos y realistas. En lo que dependa de los dirigentes independentistas la normalización será muy difícil, sumamente problemática o imposible, porque --no nos cansemos de recordarlo-- viven políticamente del conflicto y muchos también viven personalmente (cargos públicos, prebendas, privilegios, beneficios directos o indirectos proveídos por la ocupación del poder institucional).

Si se atenuara el conflicto, ¿de qué vivirían políticamente? ¿Conoce alguien, por ejemplo, lo que la aguerrida candidata independentista a la presidencia de la Generalitat, la diputada Laura Borràs, investigada por el Tribunal Supremo por un presunto delito especial, propone sobre el salario mínimo interprofesional o sobre el mantenimiento del sistema público de pensiones?

Si fuera preguntada acerca de tales cuestiones, probablemente respondería que esos son parámetros del “Estado represor” y que en la Cataluña independiente todo sería diferente y mejor, sin sentirse obligada a explicar en qué y cómo lo sería.

Igual que Pere Aragonès, quien, emulando al agitador Torra, afirma en sede parlamentaria que “la independencia es más necesaria que nunca”, sin aportar razón alguna que justifique la “necesidad perentoria” de que Cataluña quede fuera de la UE, sin euro, sin financiación, sin protección internacional y --valga la licencia-- sin vacuna.

El “conflicto” es su totalitarismo, sirve para explicarlo todo, justificarlo todo, cobijarlo todo y retener todo el poder, por eso no renunciarán nunca al conflicto, a menos que sean desalojados del poder institucional en las próximas elecciones, la única “normalización” que funcionará.

Si no hay desalojo --y para ello hace falta que ERC, JxCat y la CUP pierdan la mayoría parlamentaria--, tendremos cuatro años más de más división, más tensiones, más gobierno sectario e incompetente y más hundimiento económico y social.