Esta semana hemos tenido un nuevo episodio del “cordón sanitario” al que someten a Vox en el Parlamento Vasco todos lo grupos excepto el PP y Cs: comenzó en agosto cuando los órganos de gobierno de la Cámara redujeron los tiempos de intervención de la única parlamentaria, impidiendo que se identificara como grupo mixto. Continuó con la negativa de PNV y Bildu a participar en los debates que proponga el partido de Abascal y ha terminado con una medida insólita: la presidenta de la Cámara hará suya la voluntad de la parlamentaria de Vox para sacar adelante resoluciones que necesiten consenso.

Como se imagina el lector, estas decisiones tienen dudosa constitucionalidad y están en las antípodas de la cortesía parlamentaria. La justificación es que hay que combatir al fascismo y poner en marcha la suerte de una defensa democrática que impida que en Euskal Herria se produzcan expresiones políticas de extrema derecha: ¡fuera requetés!

Comencemos por recordar un chascarrillo: Vox obtuvo representación en las últimas elecciones vascas porque Izquierda Unida, que había firmado el Pacto de Estella, solicitó en el año 2000 a Ibarretxe que se cambiara la ley electoral bajando el umbral electoral del 5 al 3%. Tras las elecciones de 2001, la formación de Javier Madrazo, que no necesitaba la reforma porque superaba casi siempre el 5% de los votos, era parte del Gobierno Vasco, apoyaba el primer plan soberanista del PNV y ponía en marcha una rutilante política de vivienda. Una parte de aquella IU terminó, ya lo saben, en Bildu.

Resulta inútil refutar la idea, hoy bastante extendida entre alguna izquierda mesetaria, de que el mundo abertzale ha venido luchando contra el fascismo hasta nuestros días. Aizpurua lo dice en el Congreso, hay diputados que aplauden a rabiar y a poco que pase el tiempo, los jóvenes pensarán que ETA fue una organización libertadora que luchó contra el “régimen franquista del 78”. Por el momento es más interesante, creo, contextualizar la relación del PNV con los cordones sanitarios.

Como sabrán, el Gobierno de Ibarretxe impugnó ante el Tribunal Constitucional la Ley de Partidos que sirvió para ilegalizar Batasuna. El motivo central de la impugnación era que, en una democracia avanzada, “todos los proyectos políticos eran posibles” y “no se podían ilegalizar ideas”. En aquellos años ETA todavía mataba y el trasiego de miembros entre la organización y el MLNV era bastante habitual. Pese a todo, la matraca mediática se reiteraba sin cesar en Euskadi: “España no es una democracia militante” o “hay que dialogar con todos, incluso con los violentos”. En una entrevista dominical en El Correo, el por aquel entonces presidente del PNV, Iñigo Urkullu, afirmó que a la Ley de Partidos le quedaba “mucho recorrido en Europa”. Dos días después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció que dicha ley era compatible con el Convenio y que incluso podía haber ido más lejos dada la situación de violencia política.

Pese a ello, nunca hubo frente a Batasuna --y sus continuaciones-- ningún cordón sanitario en el Parlamento Vasco. Todo lo contrario: su mesa se negó a cumplir la disolución de su grupo parlamentario decretada por el Tribunal Supremo y el voto de Otegi sirvió para aprobar el primer Plan Ibarretxe. Así las cosas, más que un asunto de defensa de la democracia constitucional, el problema es que el nacionalismo y una gran parte de la sociedad vasca considera a Vox un “cuerpo extraño” en el Parlamento autonómico. La idea de “cuerpo extraño” a la nación --que tiene resonancias de profilaxis sanitaria-- suele utilizarse también para referirse a la presencia de la Guardia Civil en Euskadi y Navarra. Conviene recordar --ya lo hizo el profesor Pedro Chacón en un memorable artículo-- que el instituto armado fue fundado a iniciativa de Manuel de Mazarredo, ministro vasco de la guerra con Isabel II, que por cierto tiene una importante calle en Bilbao. Del callejero hablaremos otro día, pues la noble villa tiene una avenida dedicada a un señor carlista que murió bombardeándola desde el barrio de Begoña.

Algo de sarcasmo tiene excluir parlamentariamente a Vox, cuyo líder y fundador es Santiago Abascal, nacido en la capital vizcaína y que pasó gran parte de su vida en Amurrio, a pocos kilómetros del Parlamento de Vitoria. Quizá todo se reduzca a una operación para exorcizar viejos demonios ideológicos por todos conocidos. Pero asombra, una vez más, la capacidad del nacionalismo vasco, ahora con la complicidad del PSE y Podemos, para parecer no solo coherente, sino un ejemplo de democracia avanzada, pluralista y respetable. Me quito el sombrero, lo digo sin un ápice de ironía.