El logro de nuestra Constitución democrática, una de las más avanzadas de nuestro entorno, nos permitió entrar a formar parte de la UE y pertenecer al club de las democracias liberales. Consolidó derechos y libertades y pudimos acceder al llamado modelo social europeo, que durante décadas favoreció el buen funcionamiento de la economía, la justicia social y la solidaridad.

La pesadilla de la pandemia nos ha hecho volver nuestra mirada hacia la Europa en la que convivimos con otros pueblos y asumir que la salida de la grave crisis en la que estamos inmersos solo será viable en el marco de sus instituciones. La respuesta a este reto gigantesco debe venir de la solidaridad federal de los pueblos que la conforman, la inteligencia colectiva de sus ciudadanos y la autoridad moral de sus gobernantes.

En este contexto de respuesta conjunta es digno de mencionar el papel activo jugado por el Gobierno de España en la existencia de los fondos europeos de recuperación, que permitirán a nuestro país acceder a financiación por valor de hasta 140.000 millones de euros, de los cuales 72.700 millones serán en forma de transferencias y el resto a través de préstamos. Estos fondos pueden ser una oportunidad para la modernización y la transformación digital de nuestro modelo productivo y de nuestra economía. Esta modernización tendría como como principales ejes la mejora del sistema educativo, la descarbonización de nuestro aparato productivo y la apuesta inversora en I+D aplicada a las ciencias de la salud y al desarrollo de la innovación en el campo de la inteligencia artificial y sus múltiples aplicaciones.

Los efectos demoledores de la pandemia nos obligan a replantearnos la necesidad de reformas en la Administración pública y a reconsiderar la eficacia de nuestro modelo autonómico. Desde el inicio de la crisis sanitaria han aparecido serias dudas sobre la eficacia de la descentralización como instrumento válido para combatir la pandemia, es evidente que han fallado los sistemas de control. No se trata de recentralizar, sino de que el Estado autonómico funcione. La apuesta por el federalismo exigiría que las comunidades autónomas estuvieran dispuestas a aceptar un cierto grado de coordinación, solidaridad y lealtad institucional, ya que cada vez más, las autonomías se muestran como instrumentos de poder donde las élites locales defienden sus propios intereses y utilizan a los ciudadanos como rehenes, dificultando la salida de la crisis.

Sería necesario superar la polarización y la fragmentación política en las que estamos inmersos, y que sin duda suponen un lastre para la salida de la crisis. Si los partidos políticos no son capaces de ponerse de acuerdo en cómo afrontar este gran problema, la desafección de la ciudadanía irá en aumento. Los españoles están perdiendo la fe en el Estado como instrumento para protegerlos. El enfrentamiento político conduce al descontento, al desánimo y a cuestionar medidas que son necesarias pero que se perciben como excesivas o inadecuadas. Se produce un rechazo de un colectivo amplio y desorganizado, con motivaciones diversas, que puede ser sin duda instrumentalizado por la extrema derecha. Sin embargo, la presencia de la izquierda radical en el Gobierno puede ser un factor de estabilización en lo social.

Se necesita un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas, una coalición lo más amplia posible que permita no solo aprobar unos presupuestos para abordar la salida de la crisis, sino sobre todo crear un clima de estabilidad política e institucional, favorable para la llegada de los fondos europeos. El PP y Cs deben ser parte de la solución. Es cierto que estos partidos pueden tener algunas reservas ideológicas sobre la aplicación de políticas públicas, pero es indudable que como partidos de gobierno les interesa la viabilidad y gobernabilidad del Estado. Por desgracia, este no es el caso de las fuerzas secesionistas que han manifestado en muchas ocasiones su desinterés por un Estado que han decidido abandonar.

En una primera fase de resistencia frente a los efectos de la pandemia, el Gobierno de coalición ha demostrado su utilidad para la construcción de un escudo social que ha permitido el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital y la subida del salario mínimo, que sin duda permiten aliviar tensiones sociales que a corto y medio plazo podrían ser insoportables. Pero no basta con el escudo social: en una segunda fase se necesitará ampliar el consenso entre todas las fuerzas políticas constitucionales, lo que facilitará la llegada de los fondos europeos y una buena utilización de los mismos. El actual Gobierno de España debería ser generoso y propiciar una ampliación de la coalición, que sin duda tendría el visto bueno de la UE. Los dirigentes del PP y Cs deberían entenderlo y los de UP aceptarlo por patriotismo social.