La salida a bolsa de Bankia no constituyó una estafa a los inversores ni hubo falsedad contable alguna. La Audiencia Nacional ha absuelto esta semana a 31 personas integrantes de los órganos de gobierno de la entidad. Asimismo, exime a la propia Bankia, a su matriz BFA y al auditor Deloitte, que también figuraban como acusados. La Audiencia Nacional exonera a todos y cada uno de ellos de los supuestos delitos que se les venían atribuyendo. En resumen, da carpetazo al caso.

Los órganos de la justicia han vuelto a brindar un pésimo ejemplo de parsimonia irritante. Estas tres decenas largas de ciudadanos han estado encartados nada menos que durante ocho años por tan aciago episodio. A lo largo de tan dilatado periodo vivieron con la espada de Damocles sobre sus cabezas.

Tras conocerse la sentencia, alguno de los imputados clamaba estos días por el interminable agravio sufrido. “Nadie me devolverá mi carrera profesional, que se ha visto arruinada para siempre”, se lamentó uno de ellos. La aparatosa debacle de Bankia significa el mayor desplome bancario que aconteció nunca en España. La entidad surgió en 2010 como fruto de la fusión de Caja Madrid con la valenciana Bancaja. A la fiesta integracionista se unieron otras cinco instituciones de talla muy inferior, a saber: las cajas de Canarias, Ávila, Segovia, Rioja y la catalana Laietana.

Las siete entidades de la gran alianza estaban sumergidas en un océano de tinta roja. Sus estados contables encerraban más agujeros que un queso emmental. La principal causa del destrozo residía en la formidable crisis inmobiliaria que asolaba el país en aquel momento.

El grupo Bankia salió a bolsa en el verano de 2011, mediante la colocación del 55% del capital. El osado trasiego se desarrolló con el despliegue de la parafernalia propagandística habitual en este tipo de lances, solo que recrecida y aumentada. Gracias a ese alarde publicitario, el conglomerado captó 3.000 millones de los ahorradores privados.

A partir de aquí, los acontecimientos se precipitan a una velocidad vertiginosa. En mayo de 2012 dimite el presidente de la entidad, Rodrigo Rato, y el Gobierno de Mariano Rajoy decreta la nacionalización del consorcio. Para frenar la sangría, evitar el colapso total y sanear el grupo se le inyectan en varias tandas 24.000 millones de euros de dinero público. El grueso de esa suma astronómica se da hoy por perdido y nunca se recuperará.

La Audiencia Nacional sentencia ahora que la irrupción en el parquet fue correcta en todos sus términos. No entrañó una estafa a los particulares que acudieron a la oferta de suscripción atraídos por los cantos de sirena del gigante financiero.

Según los juzgadores, no hubo fraude alguno porque el salto a la bolsa contó con la bendición de todos los organismos reguladores y supervisores implicados, tanto españoles como europeos.

De pasada, los tres magistrados no escatiman los reproches a la fiscalía por la inconsistencia de sus incriminaciones y por sus cambios de criterio.

Rodrigo Rato fue condenado a finales de 2018 a cuatro años y medio de cárcel por las Visa black, utilizadas a destajo por los miembros del multitudinario consejo para gastos personales y suntuarios. El jueves le concedieron el tercer grado por sus problemas de salud.

Los insaciables mangoneos perpetrados con el plástico “negro” y su multicolor retahíla de dispendios en tiendas, comilonas y juergas, evidencian el descontrol y la orgía de mamandurrias que se disfrutó en la cúpula del banco.

Pero en la salida a bolsa, Rato y sus colegas del sanedrín no incurrieron en delito alguno. Al menos en esta peripecia, se ha restituido el honor del exvicepresidente del Gobierno. Lo que no tiene reparación posible son los ocho años que él y los restantes afectados han tenido que pechar con unas acusaciones, según se ve ahora, infundadas.

Varias partes involucradas en el proceso anuncian la elevación de recursos al Supremo. El eviterno caso Bankia, lejos de terminar, tiene tela cortada para rato… con permiso de don Rodrigo.