Si hay un tema que preocupa ahora mismo a la mayoría de los ciudadanos es el de la “vuelta al cole”. El regreso seguro a las aulas preocupa a las familias, pues sus hijos pueden ser contagiados y, a la vez, contagiar a sus mayores, quizás muchos de ellos pacientes de riesgo. Familias que no podrán coger un permiso para cuidar a sus hijos mientras cumplen la cuarentena como sí está contemplando, por ejemplo, el Gobierno francés del liberal Emmanuel Macron. Lo importante es que se garantice la conciliación de las familias en estas circunstancias excepcionales que estamos viviendo.

Y el inicio del curso escolar preocupa también a los directores, profesores y maestros que se sienten totalmente abandonados por el Gobierno y temen que puedan acabar señalados como los responsables de contagios en sus centros. Y es que la preocupación de gran parte de la sociedad contrasta vivamente con la despreocupación de los máximos responsables, la Ministra Celaá y el Ministro Castells, que han estado desaparecidos durante todo este tiempo. Y cuando han reaparecido es para aportar soluciones de gran calado como llevar a los niños en bicicleta al colegio o abrir las ventanas para ventilar bien las clases. Desde luego, para este viaje no hacían falta estas alforjas. En lugar de proponer unas directrices claras a las que los gobiernos autonómicos puedan acogerse, han hecho una clara dejación de funciones y han sumido en la desprotección a toda la comunidad educativa.

Además, la disparidad de criterios ante la que nos encontramos anula cualquier sensación de rigor científico en la toma de decisiones. ¿Por qué en una comunidad se hacen PCR o test rápidos a todos los profesores y en otras no? Y esto sería aplicable a cada una de las medidas que los diferentes gobiernos autonómicos van tomando ante la inacción del Gobierno central. Eso sí, la Ministra Celaá se apresuró en que se pactaran una serie de mínimos --tan mínimos que resulta imposible no estar de acuerdo-- para escenificar unidad. Que las chapuzas y la improvisación no te estropeen el relato, parece ser su máxima.

Pero la realidad es tozuda, y ya han abierto las escuelas infantiles con el miedo de sus direcciones porque la distancia física en su trabajo no es posible y porque las matrículas han caído drásticamente porque el Gobierno no ha sido capaz de transmitir seguridad en las familias. Celaá debería haber coordinado y liderado unas medidas que ayuden a las guarderías ya sean de Cataluña o de Castilla y León, pero la inacción ha brillado por su ausencia también en este tema. Y otro tanto podríamos decir de los centros de educación especial y especializada, los grandes olvidados de esta pandemia y donde los alumnos no solo reciben educación sino también terapias imprescindibles para su desarrollo y su bienestar.

La situación de caos es tal que no existe un criterio común de cuando un centro educativo deberá cerrarse como consecuencia de un rebrote, algo que, desgraciadamente, ya se está produciendo. Tampoco se ha concretado qué contenidos educativos serán impartidos durante el siguiente curso y cuáles serán los criterios de evaluación y lo dejan al albur de los centros tanto el gobierno central como el catalán, algo de lo que se quejan, y con razón, el profesorado y las direcciones. Esta cuestión es especialmente preocupante porque el curso pasado, el alumnado no pudo asumir todas las competencias y contenidos contemplados en el currículum, situación que se puede volver a repetir este año, lo que debería invitar al Ministerio de Educación y Formación Profesional a alcanzar un acuerdo con las Comunidades Autónomas sobre que elementos de currículum deben priorizarse mientras se mantenga la actual situación y qué medidas de refuerzo educativo se pueden adoptar a través de la aprobación de Programas de Cooperación Territorial. Ni qué decir tiene que los más perjudicados de toda esta situación son, precisamente, los que menos tienen, los alumnos que provienen de situaciones socioeconómicas desfavorecidas. No podemos sacrificar a toda una generación de estudiantes ni dejar a nadie atrás por la dejadez del gobierno. Si la brecha educativa ya era antes terrible, desde que se inició la pandemia no ha hecho más que empeorar. Es cierto que la virulencia del Covid-19 pilló a todo el mundo desprevenido, que no vino con manual de uso y que fue muy difícil hacer frente a la situación. Pero nadie puede decir que no sabía que en septiembre se inicia el curso escolar y que los deberes tenían que estar hechos.

Lo que se pide es que se unifiquen los protocolos de actuación en los diferentes escenarios así como el currículum. En segundo lugar, implementar acciones y recursos para paliar la brecha educativa y para garantizar la salubridad en el entorno escolar y, en tercer lugar, desarrollar el marco normativo coordinado necesario para adaptar el sistema educativo a la situación sobrevenida por la pandemia. Y, por supuesto, todo esto consensuado con las comunidades autónomas y con los diferentes agentes de la comunidad educativa.

La Educación es uno de los pilares fundamentales de la sociedad del bienestar y esto no puede ser una expresión hueca y repetida sin ningún compromiso. Se han de dedicar todos los esfuerzos posibles en que esta pandemia que ha supuesto una crisis sanitaria y económica sin precedentes no se lleve por delante un sistema educativo que ha de ser garante de la igualdad de oportunidades. Se lo debemos a nuestros niños y jóvenes y no podemos fallar.