No hay duda de que los 140 mil millones de euros de los Fondos Europeos son una cantidad ingente que debe utilizarse de forma inteligente para lograr los cambios que nuestro sistema productivo precisa. No se puede fallar en su utilización pues es una oportunidad única e irrepetible para adecuar nuestra estructura productiva. Los propios fondos tienen ya en sí mismos unas condicionalidades como son priorizar las transformaciones ecológicas y digitales. Estas mismas condicionalidades pueden permitir un salto cualitativo en nuestra economía.

Lo primero que se debe tener en cuenta es que su utilización ha de partir de una perspectiva global del conjunto del Estado. Se trata de presentar proyectos que permitan al conjunto del país dar un salto cualitativo desde su situación actual. Y para ello se precisa una unidad de actuación del conjunto de las administraciones bajo la batuta o coordinación del Gobierno de España.

Este no es un nuevo y mayor fondo Covid como el que el Gobierno facilitó de forma incondicional a las autonomías para compensar los costes del Covid. Cabe decir que dichos fondos en algún caso como el de la Generalitat de Cataluña se plantea utilizarlos de forma poco regular como dedicar parte a subsanar el déficit de publicidad en TV3, o pagar facturas desorbitadas por la utilización de servicios de la sanidad privada. El mismo presidente Torra ha dado muestras de su incompetencia al demandar que se traspasen a la Generalitat 30.000 de los fondos europeos. Parece que es incapaz de comprender el objetivo de dichos fondos.

Los fondos europeos no deben en ningún caso ser objeto de una subasta entre las Comunidades Autónomas, ni entre sectores. Los fondos deben ser consensuados al máximo e invertirlos de forma que tengan un sentido beneficioso para el conjunto del país. Deben ser objeto de una estrategia para el conjunto del país y con beneficios para todo el conjunto. Los fondos no pueden ni deben ser utilizados para conseguir ni mayorías presupuestarias ni de otro tipo. Lo cual no quiere decir que el máximo consenso en las propuestas no comporte una mayor posibilidad de consensos de todo tipo.

Los fondos, tanto las transferencias como los préstamos, tienen como objetivo ayudar a salir de la crisis derivada de la pandemia mediante un salto cualitativo de la estructura productiva, es por ello que se cita la Transición Ecológica y la Digitalización junto al reforzamiento de los servicios públicos.

Los fondos son la base para la concertación de actuaciones entre los diversos entes públicos y también privados que permitan multiplicar los propios fondos. No son un “maná”, sino unas “semillas” para ayudar al cambio productivo.

Hay muchos ejemplos de lo que debe hacerse. En el campo de la digitalización potenciar su utilización en la industria fomentando “clusters” industriales nuevos o trasformados. Es el camino para conseguir una nueva industrialización en nuestro país después de décadas de desertización industrial.

Digitalización significa también la extensión al conjunto del país, y también especialmente a la “España vaciada” de coberturas suficientes en las tecnologías más avanzadas.

Digitalización significa también su aplicación plena a las administraciones públicas, incluido por ejemplo el ámbito judicial de forma que sean más rápidas y eficientes.

Todos estos y muchos más son procesos de digitalización que pueden gozar del consenso y del trabajo conjunto de las diversas administraciones públicas y sectores privados.

Lo mismo se podría decir de la Transición Ecológica o New Green deal. Proyectos en campos diversos y diferentes. Transición ecológica en el sector primario de la agricultura y la ganadería que permitiría una transformación hacia una producción agrícola y ganadera más ecológica y sostenible y de una producción de mayor calidad y valor añadido.

La transición ecológica y sostenible en la industria que comporta no sólo su modernización sino su capacidad de competitividad en el futuro global. La industria del futuro debe ser sostenible y ecológica, es decir una industria limpia. La propia estructuración de una industria más ecológica comporta la creación de un nicho importante de puestos de trabajo para creación de componentes que permitan la existencia de esta industria limpia.

Lo mismo podemos decir de la transición energética que comporta marginar la producción en base a energías fósiles y el paso a una energía limpia básicamente en  la producción de energías sostenibles y la repercusión que ello conlleva en diversos ámbitos. Desde su implicación en el cambio del tipo de automoción y de toda la red de recarga de la automoción, hasta las instalaciones para la producción de energías limpias en zonas hoy casi desérticas. La transición energética puede asimismo tener una repercusión clara en el sector de la construcción si se fomenta la reforma energética de los edificios, en lugar de “más ladrillo” se trataría de “renovar edificios y viviendas hacia la sostenibilidad energética”.

Y por poner un último ejemplo pero no el menor la transformación del transporte mediante la potenciación del transporte de mercancías por red ferroviaria, especialmente el de larga distancia. Un transporte no sólo más sostenible sinó menos caro. Eso no significa la eliminación del transporte por carretera que debería destinarse básicamente al reparto ciudadano y al reparto en la corta y media distancia. También urge una potenciación y modernización de la red ferroviaria de pasajeros de cercanías y media distancia. Un  ejemplo que ya debería ser una realidad sería el proyecto de Eje Mediterráneo de transporte de mercancías desde Almería a la frontera francesa, este proyecto implicaría y favorecería al conjunto del país y atravesaría cuatro comunidades autónomas. Es un ejemplo de proyecto a financiar con los fondos europeos.

Todo ello junto al justo reforzamiento de los servicios públicos, especialmente sanitarios, socio-sanitarios y educativos así como de la industria de bienes esenciales cuya falta se ha hecho patente en la pandemia.

Todo este conjunto de cuestiones son las que deben ser tratadas políticamente. Asimismo se requiere de forma clara la participación de los agentes sociales, especialmente con los sindicatos, para hacer que todos los proyectos de cambios se hagan desde la perspectiva de no dejar a nadie atrás, ni comunidades, ni personas. Por ello se hace preciso plantear que debe tratarse en todos los casos de procesos de "transición justa" es decir planteando alternativas claras y efectivas a aquellos sectores y trabajadores que puedan verse afectados directa o indirectamente.

Si queremos efectuar una aplicación adecuada que permita una transformación de futuro del conjunto del país debe tener una dirección estratégica desde el Gobierno del Estado, con la participación y el máximo consenso con las Comunidades Autónomas, entes locales, y agentes sociales (empresarios y sindicatos), todo bajo el lógico control del Parlamento.

Esperemos una aplicación de la Política con Mayúsculas lejos de la politiquería y las subastas.