El argumento de este artículo es que, tras la intensa subida del 22% en 2019, y del 5% en 2020, el salario mínimo en varias comunidades autónomas está ahora muy próximo al salario medio antes de la subida. La inflación y las ventas de consumo apenas han crecido por lo que las empresas que estuvieron con costes próximos a los ingresos habrán registrado pérdidas, habrán reducido la inversión y habrá tenido un efecto negativo sobre el empleo en esas comunidades autónomas.

En el cuarto trimestre la EPA ha dado un dato mejor de lo esperado y se han creado 92.000 empleos, casi el doble que el mismo trimestre del año anterior. Pero el demonio siempre está en los detalles. La Comunidad de Madrid ha creado cuatro de cada cinco empleos y en el resto de España varias comunidades han registrado una intensa destrucción de empleo.

Con la utilización de distintos gráficos, con datos de declaraciones de IRPF, el salario medio en el sector del comercio minorista, reparación de vehículos y transporte en 2018, --antes de la subida del 22% del SMI-- y con datos de mujeres trabajadoras ya que, por desgracia, en nuestro país la desigualdad tiene un fuerte componente de género, --algo de lo que nunca he oído hablar a la extrema derecha--, se puede comprobar que antes de la subida el salario medio en ese sector estaba próximo a 10.000 euros anuales en Extremadura.

Otras tres comunidades tenían el salario medio por debajo del actual salario mínimo y en otras seis comunidades el nuevo SMI de 13.300 euros anuales se queda muy próximo al salario medio en ese sector. La palabra economía viene del griego y quiere decir la ciencia del hogar. Siempre que hablamos de empresas nos viene a la cabeza el Ibex 35 pero en España dos de cada tres empresas tienen menos de cinco trabajadores.

Imaginemos una panadería en un pueblo de esas regiones donde la tasa de paro supere el 20% y la mayor parte de la población cobra pensiones, la mayoría inferiores a 1.000 euros mensuales y muchas menores a la pensión mínima de 650 euros. La pensión apenas ha subido y el subsidio de desempleo tampoco. Por lo tanto, la empresaria (habitualmente también hay género en ese tipo de negocios) no puede subir el precio del pan o las ventas le caerían.

Esos negocios sobreviven sin beneficios y la empresaria o el empresario se conforma con un sueldo humilde. Suelen colaborar toda la familia, incluidos los hijos que estén estudiando, para que el negocio sea viable. Y de la noche a la mañana, unos urbanitas de Madrid deciden subirle un 22% el sueldo mínimo y meterla en pérdidas.

Mucha gente en las redes me decía que "si no podían pagar ese salario que mejor cerrar". Si cierran, sería un fracaso vital y seguramente emigraría a la ciudad en busca de empleo con toda su familia. Dejaría al pueblo sin pan intensificando la despoblación.

Otra opción --si tiene trabajadores-- es bajarse su sueldo (puede que más del 50%), pero seguramente ya lleva bajándolo desde hace años viendo cómo sus clientes fallecen o se van a la ciudad y sus ventas caen.

Otra opción es cambiarles el contrato a tiempo parcial y obligarles a trabajar las mismas horas que antes. Eso mantiene sus costes pero aumenta la economía sumergida y a medio plazo intensifica la despoblación. Otra opción es pagarles el salario mínimo y pedirle al trabajador que le devuelva en billetes parte del sueldo. En el caso anterior cometería un delito laboral y puede tener una fuerte sanción que le obligue a cerrar si la pillan. Pero en el caso de devolverle el dinero sería un delito fiscal ya que se deduce del impuesto de beneficios los costes y luego con el dinero negro se ahorra el IRPF.

El problema es que más de la mitad de las empresas de ese sector en nueve comunidades autónomas españolas han sufrido problemas similares a los de nuestro ejemplo de la panadería. El mayor reto para frenar la despoblación es conseguir que los jóvenes se queden a vivir en sus pueblos o, al menos, en sus comarcas.

Desde 2015 --cuando el empleo empezó a crecer el 3%-- he criticado la reforma laboral de Rajoy y he defendido subidas moderadas de salarios y también del mínimo. Tras los datos de Madrid del 4,5% es evidente que el impacto de la subida del 22% ha sido mínimo y defiendo que se siga subiendo gradualmente en los próximos años. Pero donde la subida ha tenido un impacto tan negativo sobre el empleo hay que parar.

Mi propuesta es adecuar el compromiso del 60% del salario medio en cada comunidad autónoma. Sin duda, difícil de implementar pero como dicen la política es el arte de lo posible.

La crisis ha sido muy dura y mucha gente sigue sufriendo sus consecuencias. España necesita reducir drásticamente la demagogia y pasar a la política y al debate sobre políticas.

La sociedad española se ha empobrecido con la crisis pero el empobrecimiento del debate político y económico ha sido incluso mayor. Recuperemos el sentido común, seamos honestos, digamos la verdad y concentremos nuestra energía en hacer propuestas para mejorar la vida de la gente, especialmente de los que más lo necesitan.