Desde que terminó el estado de alarma y la Generalitat recuperó las competencias supuestamente arrebatadas por el Gobierno de Pedro Sánchez --Quim Torra llegó a hablar de “155 sanitario”--, todo ha ido de mal en peor en la gestión de la pandemia en Cataluña. Después de oír durante semanas que el “Gobierno del Estado español” todo lo hacía mal y que Cataluña se adelantaba y era imitada en lo que le dejaban intervenir, la asunción de nuevo de las competencias plenas ha demostrado la incompetencia de los responsables de la Generalitat.
El primer error fue el pase de Lleida y Barcelona de la fase 2 de la desescalada a la “nueva normalidad” en un solo día, el que estuvieron en la fase 3. Nadie entendió que después de insistir en que se iba demasiado deprisa y en pedir más prudencia y contención, sin someterse a las exigencias de la economía, se cambiara el discurso en 24 horas. En ese momento, la decisión causó estupor, pero los rebrotes en las dos zonas aceleradas es muy posible que no sean una casualidad y se demuestre que la prisa fue un inmenso error.
Pero hay otras circunstancias que explican la grave situación epidemiológica en que se encuentra Cataluña, especialmente el Segrià, L’Hospitalet y Barcelona. Cataluña está en la cola de España en la realización de test PCR, las pruebas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera las más válidas para detectar los contagios.
Asimismo, hasta esta semana el número de rastreadores para seguir la pista de los contagiados era ridículo. Había 120 cuando se considera que se necesitarían unos 2.000. No fue hasta el pasado jueves cuando la consellera de Salut, Alba Vergés, anunció que se iban a contratar 500 administrativos para reforzar a los rastreadores. Hasta ese día, Vergés y su equipo aseguraban que no faltaban rastreadores y que el número era suficiente, y rechazaron la oferta hecha por Ada Colau de utilizar 50 rastreadores a cargo del Ayuntamiento de Barcelona. Para hacer el seguimiento de los contagios existen también 180 teleoperadores de la empresa Ferroser, la filial de Ferrovial cuyo contrato por un importe de 18 millones de euros desató la polémica debido a los antecedentes de la compañía, que fue la que financió a CDC a través del Palau de la Música. A la vista de las protestas de la oposición y del sector sanitario, Salut anunció que se revisaría el contrato, pero, que se sepa, eso no se ha cumplido.
Mientras el coronavirus avanza en Cataluña, la Conselleria de Salud ha sufrido una cadena de dimisiones. La más importante ha sido la del secretario de Salud Pública, Joan Guix. El cargo ha estado vacante más de mes y medio, cuando se trata del puesto más importante para dirigir la lucha contra la pandemia. También han dejado sus puestos César Velasco, director de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitaria, y Josep Ramon Morera, jefe del gabinete técnico.
Con esta situación de desgobierno, la Generalitat reaccionó tarde al surgir el brote del Segrià, que fue advertido por Fernando Simón un jueves, negado por la consellera Vergés el viernes, para finalmente admitir el sábado que había que decretar el confinamiento de la comarca, habitada por unas 200.000 personas, incluida la ciudad de Lleida, en medio de varios días de desconcierto, órdenes contradictorias e impedimentos judiciales. A la Generalitat solo se le ocurrió culpar a los temporeros y al Gobierno central por no regularizarlos como si el virus distinguiera en quien tiene papeles y quien no los tiene. Un brote similar en Aragón fue controlado mucho antes, al devolver a la fase 2 de la desescalada cuatro comarcas, pero el problema en Cataluña empieza porque el Departament de Salut no acepta las fases --Vergés lo ha repetido muchas veces--, un anatema igual que lo eran las provincias.
Tampoco acepta la Generalitat la ayuda de nadie, ni del “Estado” ni de la alcaldesa de Barcelona ni de ninguna otra institución, no vaya a ser que se demuestre que solos no son capaces de contener la nueva expansión del virus. Pero esta vez los errores y la incompetencia han sido tan manifiestos que han suscitado las críticas de todo el mundo, desde médicos y epidemiólogos, como Antoni Trilla, hasta sanitarios, alcaldes, partidos de la oposición, sectores del independentismo y población en general. La desorientación, la improvisación, la falta de diligencia y el caos en las cifras han destacado en la actuación de unos responsables de la Generalitat desbordados por el aumento incesante de los casos de contagio. El jueves, Salut notificó 1.293 en un solo día y el viernes 1.111 frente a 142 y 121, respectivamente, reportados por el Ministerio de Sanidad. Las cifras nunca coinciden porque Sanidad solo cuenta los casos detectados por PCR mientras que Cataluña añade otras variables y notifica casos de varios días, lo que aumenta el desconcierto y la incredulidad.
Ante el avance del Covid-19, causado también por las actitudes excesivamente laxas de parte de la población, el Govern decidió el viernes aplicar a Barcelona y al área metropolitana, además de a las comarcas del Segrià y la Noguera, las restricciones que ya estaban vigentes en tres barrios de L’Hospitalet (no salir de casa si no es imprescindible, prohibir las reuniones de más de 10 personas y las visitas a residencias de ancianos, limitar al 50% el aforo de bares y restaurantes, cerrar el ocio nocturno, entre otras), y recomendar a la población que no se desplace a las segundas residencias. El problema es que muchas de esas medidas no puedan ir más allá de recomendaciones si no se declara el estado de alarma, a cuya prolongación, por cierto, se opusieron reiteradamente Torra y Junts per Catalunya en su momento.
