El confinamiento del Segrià, con una afectación sobre más de 200.000 personas, ha puesto en evidencia una vez más la mala gestión del Govern en la crisis del Covid-19. No por la decisión en sí, imprescindible atendiendo a la gravedad del rebrote, sino por todo lo que no se ha hecho antes para evitarla, la improvisación con que se ha llevado a cabo y la incapacidad de la consejera Alba Vergés para liderar la situación. El cierre de Lleida echa por tierra la afirmación tantas veces repetida estos meses por los soberanistas de que si Cataluña fuera independiente la Generalitat habría gestionado la crisis sanitaria igual o mejor que el Gobierno de España. Si en el confinamiento de la Conca d’Òdena el Govern ya exhibió incompetencia, desbarajuste con los datos y desatención hacia los ayuntamientos, cuyos alcaldes se quejaron amargamente de que habían sido abandonados, ahora ha sido casi igual o peor.

Pero, claro está, los nacionalistas nunca reconocen sus culpas, siempre las externalizan. Para Vergés, en una entrevista este domingo en el programa Via Lliure de RAC1, el problema de fondo es que el Estado no asume sus competencias en inmigración y ha dejado que Lleida se llenase de trabajadores sin papeles. “Muchas de las personas que duermen en pabellones no tienen trabajo ni papeles. En teoría, no tenían que haberse desplazado, pero llegaron. Y la responsabilidad es del Estado”, relató como si se tratase de un problema caído del cielo. También el alcalde de la ciudad, el republicano Miquel Pueyo, que en el mismo programa lanzó ligeras críticas a la Generalitat, engordaba esa cortina de humo de la consejera y reprochaba que el Gobierno español no les haya ayudado a gestionar la llegada de los trabajadores para la campaña de la fruta. Son argumentos que solo pretenden esconder la responsabilidad de los políticos soberanistas cuando es una situación infame que se repite desde hace más de 25 años con una Generalitat que dispone de competencias plenas en inspección de trabajo, salud, agricultura, servicios sociales y orden público.

El problema sanitario que se vive en la comarca del Segrià no radica en la situación de ilegalidad jurídica en la que se encuentran esos trabajadores pobres, sino en sus pésimas condiciones laborales y de alojamiento. Los sindicatos lo han vuelto a denunciar estos días. Evidentemente, la administración autonómica tiene mecanismos directos e indirectos para intervenir y obligar a los empresarios de la fruta a ofrecerles un hospedaje digno y unas condiciones que no sean de semi esclavitud. El problema no es que lleguen miles de personas indocumentadas atraídas por una llamada laboral que se repite cada año, sino que la Generalitat, dando por bueno el argumento de que la agricultura catalana necesita mano de obra barata, no haya hecho los controles sanitarios previos y no exija un alojamiento con todas las garantías para los braceros.

Pero ahí no acaba la cosa, hay más sorpresas. La consejera de Salud no ejerce de máxima autoridad frente a la pandemia, a diferencia del papel que ejerció Salvador Illa como responsable de Sanidad en relación a los otros ministerios cuando estuvo en vigencia el estado de alarma. En la citada entrevista, Vergés reconocía desconocer qué dispositivo de control habían habilitado los Mossos para las salidas y las entradas en la zona confinada. Ignoraba si había poca o mucha laxitud en los controles, pues de eso se encargaba otro, el consejero de Interior, Miquel Buch, que es de JxCat. El periodista Xavi Bundó no salía de su asombro ante un reconocimiento tan explícito de descoordinación. La ruptura dentro del Govern impide que la titular de Salud ejerza, seguramente también por incapacidad propia, de mando único frente a la pandemia.

Por último, pero no menos importante, el cargo de secretario de la Agencia de Salud Pública de la Generalitat, que hasta el 25 de mayo ocupaba Joan Guix, sigue sin cubrirse. Para Vergés no pasa nada porque la responsabilidad se ejerce ahora de forma colegiada. O sea, que en medio de la crisis sanitaria más grave del último siglo no la asume nadie. Y es entonces cuando saltan todas las alarmas porque dicha agencia es la responsable del control epidemiológico y, por tanto, de garantizar los rastreos. Para controlar el coronavirus es insuficiente con apelar a la responsabilidad individual como ahora hace el Govern de Quim Torra, hace falta detectar precozmente los casos, seguir los contactos y aislar a los positivos. Son recomendaciones imprescindibles de la OMS que la Generalitat no está cumpliendo.

En Cataluña no existe un mecanismo real de rastreo y seguimiento de casos y eso es lo que ha permitido los rebrotes en Lleida. Para atajarlos no es suficiente con la atención primaria, ya que los temporeros no tienen tarjeta sanitaria ni CAP de referencia y, evidentemente, ningún interés en someterse a una prueba PCR que, en caso positivo, los aísle y les impida ganarse el jornal. Tampoco los empresarios desean que se hagan esos cribados porque perderían mano de obra y necesitan recoger la fruta ahora. En definitiva, una problemática compleja pero más que previsible, frente a la cual la Generalitat no ha hecho nada por evitarlo. Un cóctel explosivo de incompetencia gubernamental y avaricia empresarial que ha disparado la infección del virus, los ingresos hospitalarios y en las UCI, obligando a regresar al temible confinamiento. Pero en la Cataluña nacionalista la culpa es siempre de los otros, de España, por supuesto, y de los pobres temporeros ahora.