La rapidez cómo se ha pasado página al lamentable episodio de hace una semana, cuando tras la votación de la quinta prórroga del estado de alarma se hizo público el acuerdo clandestino entre PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu, pone de manifiesto al margen de cualquier otra consideración que hay Gobierno para rato. Por un momento pareció que estábamos a las puertas de la primera crisis importante entre los dos socios de la coalición. Pablo Iglesias hizo al día siguiente un amago de abanderar el acuerdo suscrito con la izquierda abertzale para derogar íntegramente la reforma laboral, pese a que los socialistas se habían desdicho la noche antes. Se vislumbró en las siguientes horas el derrumbe gubernamental que no había logrado la derecha política y mediática con todo el fuego de su artillería desde que estalló la pandemia. Desde no pocos editoriales se exigió la asunción de responsabilidades por ese ejercicio de trilerismo parlamentario e incluso que rodaran cabezas.

Y, sin embargo, en pocos días, la tormenta se ha disuelto como un azucarillo en agua caliente. La polémica fue zanjada por la mandamás económica del Ejecutivo, Nadia Calviño, cuya autoridad gana muchos enteros tras este episodio, y rematada este pasado lunes por la ministra morada de Trabajo, Yolanda Díaz, que acotó en el Senado los aspectos susceptibles de ser reformados en materia laboral. Habló de derogar solo los apartados “más lesivos” y “cuando sea posible” porque el país está ahora en una pandemia. Punto y final. Iglesias guarda desde el viernes un silencio sepulcral, consciente de que con sus fanfarronadas declaraciones solo ha conseguido cargar con el muerto y camuflar la responsabilidad de Sánchez en el estropicio. En menos de una semana, la crisis que algunos anunciaban no ha sido nada, y los titulares de la actualidad ya están en otras cosas. Ahora mismo, en el cese del coronel Pérez de los Cobos que ha ejecutado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y en la investigación de la jueza Carmen Rodríguez-Medel contra el delegado del Gobierno en Madrid por la manifestación del 8M. Otro asunto que judicial y políticamente acabará en agua de borrajas pese al intenso humo que están esparciendo algunos medios.

Así pues, hay Gobierno de coalición para rato porque sencillamente no tiene alternativa. No existe ninguna posibilidad de que prospere una moción de censura y ninguno de los socios parlamentarios quiere ir a elecciones. Además, el abanico de sus posibles (u ocasionales) apoyos se ha ampliado tras la crisis sanitaria. Si en enero la legislatura dependía de la posición hamletiana de ERC, la gran novedad es que Ciudadanos ha salido de la trinchera del antisanchismo estéril que antes compartía junto al PP y Vox.

Inés Arrimadas intenta hacer con 10 diputados lo que no quiso Albert Rivera con 57: jugar a la política práctica. Fijémonos que tras conocerse el pacto furtivo con EH Bildu, el portavoz de Cs Edmundo Bal, no rompió las relaciones con el PSOE, sino que insistió en que seguiría negociando con el Gobierno poniendo la mirada ya en los nuevos Presupuestos. Igualmente es significativo que tanto los republicanos como los naranjas le apremien al presidente a elegir socio. Y también que el PNV se moleste más que nadie porque, de repente, la izquierda abertzale (que tiene cinco diputados en el Congreso, solo uno menos que los que capitanea Aitor Esteban) quiera jugar también sus cartas en Madrid. En definitiva, Sánchez tiene hoy más donde elegir y, por tanto, más posibilidades de sobrevivir.