La pandemia del Covid-19 está poniendo de manifiesto nuestras debilidades pero también nuestras fortalezas como sociedad, y el momento es propicio para evaluar cómo ha de ser nuestra respuesta a éste y a todo tipo de retos sociales, tanto a nivel individual como colectivo. Se han hecho múltiples comunicaciones sobre las medidas necesarias para contener la propagación del Covid-19, que han evolucionado a medida que se ha ido teniendo un mayor conocimiento de las características del germen, de su grado de infectividad, de las vías de propagación y de los efectos sobre la salud de las personas. Con la perspectiva del tiempo, es posible que algunas de las acciones sugeridas puedan haber sido excesivas o insuficientes, e incluso contradictorias ocasionalmente. Esta experiencia nos hace reflexionar sobre la responsabilidad personal y colectiva que tenemos ante este tipo de crisis, pero también frente a otras amenazas que gravemente y de forma crónica afectan a nuestra sociedad.
Una de las amenazas permanentes es el hambre, la pobreza y la exclusión social que ocasionan profundas penurias y se cobran más vidas humana que la actual pandemia del Covid-19. Es encomiable la respuesta de todos los sectores sociales a la actual pandemia, pero mientras tanto se hace la vista gorda al sufrimiento y al mayor número de muertes producido por otras causas. ¿Es posible que la explicación esté en que la pandemia afecta de manera indiscriminada a todos los ciudadanos, mientras que el hambre, la pobreza y la exclusión social sólo damnifican a los más desfavorecidos?
El cambio climático es otra amenaza que afecta a todos los ciudadanos pero especialmente a aquellos con menos recursos. A pesar de que las causas del cambio climático están identificadas y cómo se pueden mitigar, las medidas adoptadas son claramente insuficientes, posiblemente porque afecte de forma directa al modelo productivo existente y a los beneficios económicos de una élite.
En el mismo contexto, la sanidad pública ha sufrido un deterioro progresivo ocasionado esencialmente por los recortes presupuestarios y por una pésima gestión. Su calamitoso estado ha sido expuesto de forma cruda y dolorosa por la actual pandemia. Los conocidos largos tiempos de espera para visitar a un médico y para realizar pruebas diagnósticas y tratamientos quirúrgicos son consecuencia de estas políticas austericidas que, además de ocasionar sufrimiento a los ciudadanos, es culpable de la pérdida de capacidaz productiva. A pesar de todo, se tiene la osadía de intentar legitimizar el expolio de lo público, convertiendo el fraude en práctica lícita, como lo muestra el reciente intento de aprobar la Ley de Contratos de los Servicios Públicos, también conocida como Ley Aragonès, en Cataluña. De nuevo, los ciudadanos más afectados son aquellos con menos recursos económicos. Y así, el listado de amenazas a la sociedad podría continuar.
La sociedad como ente orgánico se resiente cuando toda o parte de la misma sufre algún tipo de carencia. La actual pandemia del Covid-19 está mostrando una admirable capacidad de organización de la sociedad. Si el sentimiento de comunidad surge con tanta fuerza en momentos como éste, cabe preguntarse ¿por qué la disposición de la ciudadanía a cooperar no se generaliza para combatir todo tipo de carencias y amenazas? Y, si hay una convicción a contribuir al bienestar común, ¿dónde está el obstáculo?
En principio, nuestros representantes políticos deberían ser los garantes del bien común, pero desafortunadamente no siempre es así, lo cual nos lleva a cuestionar la idoneidad de nuestro modelo político. La pandemia del Covid-19 probablemente vendrá acompañada de una profunda crisis social y económica y no será aceptable que la recuperación recaiga en los ciudadanos con menos recursos económicos mientras que las grandes corporaciones y el sector financiero puedan seguir enriqueciéndose.
Es necesario que los ciudadanos seamos conscientes de que la participación activa en la vida social y política es fundamental para combatir las constantes amenazas al bienestar social. No obstante, para que esta participación sea real y efectiva se han de crear los canales y mecanismos necesarios que lo permitan. La denominada democracia representativa ha demostrado que no es capaz de resolver las crisis sociales que se producen de forma reiterada. Indudablemente, la única alternativa es la democracia participativa. Esta aspiración es alcanzable, pues si algo está demostrando la actual pandemia del Covid-19, además de una gran responsabilidad individual y colectiva, es una enorme capacidad de la ciudadana para organizarse.