La fiscalidad tendría que ser un instrumento para reducir la desigualdad social, partiendo del principio de que la fiscalidad no puede eliminar la desigualdad. La desigualdad viene determinada por el sistema de producción económica y por la situación que cada cual ocupa en el sistema productivo. Pero no hay duda que un sistema fiscal progresivo y redistributivo puede ayudar a una reducción de la desigualdad social.

La propia Constitución Española así lo proclama a pesar de que no ha sido aplicado plenamente. En su artículo 1 se señala que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” y en su artículo 31.1 establece que “Todos contribuirán en el sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrán alcance confiscatorio”.

La realidad determina que los objetivos constitucionales están lejos de estar conseguidos. Nuestro sistema tributario está lejos de ser progresivo, solo hay que ver cómo está distorsionado por el peso de los impuestos indirectos, el mayor peso de la recaudación sobre las rentas del trabajo en comparación con las rentas del capital y los efectos derivados de la economía sumergida, la elusión y la evasión fiscales entre otros.

A pesar de esto, la fiscalidad como elemento redistributivo es la base del mantenimiento del denominado “Estado del bienestar” y sus pilares básicos: los sistemas públicos educativos y sanitarios o las pensiones públicas y los subsidios y prestaciones sociales de todo tipo.

La fiscalidad, los impuestos, son uno de los principales campos de enfrentamiento político entre la derecha y las izquierdas. La izquierda tanto política como social siempre ha defendido un Estado de bienestar fuerte y sólido que ayude a paliar la desigualdad social, lo cual precisa de un sistema fiscal fuerte y progresivo como mecanismo de redistribución de rentas que se efectúa mediante la inversión y el gasto público.

No puede haber un Estado del bienestar fuerte si no hay una fuerte base tributaria como elemento básico para hacer una redistribución de rentas que permita una reducción de la desigualdad a través tanto de servicios públicos de calidad como de prestaciones adecuadas y suficientes.

La derecha económica y política siempre ha defendido lo contrario, un sistema fiscal débil poco progresivo, impulsor de los impuestos indirectos y sobre las rentas del trabajo que comporte más que un Estado del bienestar un “Estado de beneficencia” y evite la redistribución y fomente la desigualdad. Todo esto bajo la supuesta defensa de la libertad individual y la proclama de que “el mejor lugar del dinero está al bolsillo de los ciudadanos”. Esta falsa proclama esconde su apuesta por la desigualdad y la insolidaridad puesto que los más acomodados siempre podrán pagarse sus necesidades y los más pobres no tendrán quien los acoja.

El fariseísmo de la derecha política y económica no tiene límites, máxime si tenemos en cuenta que en nuestro país, como en muchos otros de nuestro entorno, las grandes empresas viven y nutren en gran medida sus beneficios del dinero que obtienen mediante las concesiones públicas. Es decir, se benefician del dinero del Estado a la vez que no quieren hacer frente a sus deberes fiscales.

El modelo de Estado que proclama la Constitución española precisa que éste se ocupe de las necesidades de los más desprotegidos. Hay que decir que actualmente la estructura fiscal está muy desequilibrada, y que los años de gobierno de la derecha han hecho que aporten más recursos fiscales los sectores sociales que menos tienen y que es de pura justicia revertir la distribución del esfuerzo de los contribuyentes, de forma que paguen más los que más tienen.

Hay que señalar que España tiene un sistema fiscal poco progresivo y a la vez insuficiente, con una contribución fiscal inferior a la media de los países europeos. La presión fiscal al 2018 fue de un 35,2% en España mientras que en la zona euro era del 41,4%. Y el menor ingreso fiscal se repercute casi exactamente en un menor gasto social en comparación con los países de nuestro entorno.

Cómo se señala acertadamente en el documento presentado recientemente por CCOO Propuesta sindical para una profunda reforma tributaria, “la reforma fiscal debería reequilibrar la estructura del sistema tributario, haciéndolo más progresivo. La redistribución de la lava no solo se produce al decidir lo destino de los gastos sino a partir del propio diseño de los impuestos, de la distribución de esfuerzos entre los contribuyentes”.

Es un hecho objetivo que la crisis económica ha comportado un fuerte incremento de la desigualdad en la sociedad española. Las personas trabajadoras y los sectores más desfavorecidos de la sociedad han sido los que han soportado el peso de las medidas de austeridad impuestas por los Gobiernos del PP en beneficio de la derecha económica.

Ahora el nuevo Gobierno progresista de coalición debería revertir esta situación con medidas económicas, laborales y sociales pero también fiscales que ayuden a reducir la desigualdad profunda instalada en la sociedad española.

La política fiscal propuesta por el actual Gobierno es, como expone el informe de CCOO, muy tímida e insuficiente para hacer frente a la crisis de igualdad que se ha visto incrementada por las políticas impuestas por la derecha durante la crisis económica. Tal como plantea el sindicato, los objetivos fiscales tendrían que ser, entre otros: a) contar con los recursos suficientes por el desarrollo social y económico con mayores grados de igualdad; y b) potenciar unos servicios públicos que puedan responder a las necesidades de la sanidad, educación, atención a la dependencia y a la protección de los colectivos más vulnerables.

Una fuerte política fiscal progresiva y redistributiva no eliminará las desigualdades derivadas del propio sistema económico existente, pero sin duda puede ser un elemento fundamental para reducir y apaciguar sus actuales niveles. Los impuestos y la política fiscal tienen que convertirse en un instrumento que potencie la igualdad.