Jesús Villegas: “Tiran de las extremidades de España para desmembrarla”

Jesús Villegas (Córdoba, 1969) es un juez de una enorme vitalidad. Quiere cambiar la situación de la Justicia en España. No se esconde, y entra en los debates políticos y jurídicos que sacuden España. Villegas, magistrado instructor, ingresó en la carrera judicial por oposición libre en 1999. Es autor de El poder amordazado (Península) y de su última obra, Fiscal Investigador contra juez instructor (Marcial Pons). Secretario general de la Plataforma Cívica por la independencia judicial, Villegas pide que se despoliticen los órganos de gobierno del poder judicial. En esta entrevista con Crónica Global, señala que en España se vive ahora una enorme presión: “Tiran de las extremidades de España para desmembrarla, como en un potro medieval, y lo hacen los separatistas violentos con la complicidad de algunos grupos de presión internacionales”. El juez Villegas piensa en la posición en la que ha quedado el Tribunal Supremo, tras el llamado caso Junqueras. Y lo considera mientras se ultima la investidura de Pedro Sánchez, con la abstención de Esquerra Republicana.

--Pregunta: ¿Se han visto las costuras a la justicia española con el proceso independentista?

--Respuesta: Tomando prestado un término financiero diría que la justicia española ha sido sometida a una “prueba de resistencia” (stress test), un examen crítico para mostrar cuál es su real nivel de solvencia. Los resultados, lo podemos detallar luego, han sido sorprendentes.

--¿Se equivocó el Tribunal Supremo con el caso Junqueras, tras las elecciones europeas, al margen de la decisión de la Abogacía del Estado, que ya pidió en junio la inmunidad del político independentista?

--Antes de nada, recordemos que la Abogacía del Estado es una parte procesal. Ni más ni menos. Su posición no es imparcial. Representa intereses muy concretos. Si queremos una solución justa a nuestro problema jurídico debemos preguntar al tribunal, no al abogado de la acusación o la defensa. En cuanto al acierto de Tribunal Supremo, tengamos presente que el Derecho no es una ciencia exacta. Los juristas no siempre acertamos, como tampoco los médicos, los ingenieros o cualquier otro profesional. Y la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no estaba cantada de antemano. Había un considerable margen de incertidumbre. Pensemos que los magistrados europeos han venido a decir, a fin de cuentas, que se adquiere la inmunidad parlamentaria sin necesidad de haber cumplido el requisito del acatamiento a la Constitución. Causa cierta perplejidad. No digo que sea un disparate jurídico, sino que es únicamente una postura entre otras. Y todas ellas perfectamente razonables. Lo importante no es tanto la solución final cómo la racionalidad de proceso discursivo. En otras palabras, que se haya obrado de buena fe, con respeto a la lógica jurídica y a la Ley. Y nuestro Alto Tribunal, compartamos o no su postura, ha actuado conforme a lo que creía que era justo. No una “justicia política” sino “legal”, con aplicación del ordenamiento jurídico. Otra cosa, claro está, es que lo hayan hecho mejor o peor.

--¿Pero, ¿qué puede suponer la decisión de la justicia europea sobre el caso Junqueras? ¿Marca un precedente sobre el debate de soberanías en Europa, o es algo que la propia justicia española debería haber tenido en cuenta desde el primer momento?

--Como decía, el pronunciamiento del Tribunal Europeo no era una obviedad. En cierto modo ha sido novedoso pues, hasta la fecha, la determinación de los requisitos para acceder a la condición de parlamentario competía al Derecho interno de cada Estado miembro de la Unión. Ahora, en cambio, se deslocaliza el procedimiento allende nuestras fronteras. En cualquier caso, la decisión de la Justicia europea afectará a otros políticos como a Puigdemont. Y temo una próxima campaña internacional para desprestigiar al Reino de España, precisamente propagando la idea de que en nuestro país no se respetan los derechos procesales. Intuyo momentos difíciles.  

--¿Cómo se puede explicar a un ciudadano, desde el ámbito de la justicia, que alguien se puede presentar a unas elecciones, siendo investigado, pero no puede, luego, recoger el acta de diputado? ¿Qué ha fallado, la Loreg?

--Muy sencillo, porque la elección popular no borra los delitos que los candidatos hayan cometido como tampoco debe interferir en el proceso de investigación criminal. Obviamente, también hay que respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en comicios libres. Tenemos, por tanto, una colisión de derechos en toda regla. Es menester una ponderación equilibrada para resolverla. Y ahí es donde entra la justicia europea. La Ley Orgánica Electoral General no ha fallado. Su redacción es en líneas generales clara y sensata. El problema radica en cómo ajustar el ordenamiento jurídico español y el comunitario. No encajan del todo. Son ruedecillas de una maquinaría que no termina de estar bien armada y, por eso mismo, se atasca a veces. Hace falta un relojero jurídico que la vuelva a poner en marcha.

--¿Considera que ha habido una sobreactuación en la justicia española?

--La Justicia española ha actuado con prudencia. Ha consultado a Europa para saber si andaba pisando terreno firme. Sin saber de antemano cuál sería el resultado se ha sometido voluntariamente a una prueba de resistencia y ha apechugado con las consecuencias. Es una muestra de que no actúa prejuzgada contra los independentistas. Pocos lo han sabido ver así, sin embargo. Otra cosa es que los magistrados del Tribunal Supremo deban su cargo a los políticos. Es muy complicado convencer a la opinión pública internacional de que, pese a su pecado original, se comportan sin dejarse influir por las banderías partidistas o los sesgos ideológicos. Es la desgracia de un país como el nuestro que ha entregado la Justicia a los manejos de los grupos parlamentarios, con sus lamentables intercambios de cromos que benefician a una oligarquía de políticos togados. Tanta irresponsabilidad nos está saliendo muy cara.

--¿Es, tal vez, la gran reforma pendiente de España, la de la Justicia?

--Por supuesto. El Estado español también está siendo sometido a una prueba de resistencia. Un reto formidable, pues tiran de las extremidades de España para desmembrarla, como en un potro medieval. Lo hacen los separatistas violentos con la complicidad de algunos grupos de presión internacionales. Y en estos momentos críticos nos encontramos con una Justicia ensombrecida por la sospecha de politización.

--¿Tiene sentido esa diferenciación constante entre conservadores y progresistas? ¿En qué medida un juez debe adaptarse a la evolución de los tiempos, de la sociedad en la que vive?

--La división entre magistrados “progresistas” y “conservadores” es una manera de etiquetarlos para orientar a los políticos en el intercambio de cromos. Fichas rojas y azules sobre el tapete del casino ideológico. Triste pero previsible, porque nuestros partidos funcionan como maquinarías de optimización del poder. Lo que no entiendo es que haya jueces que se presten al juego. Sin la colaboración de algunos sectores de la carrera judicial, el tinglado se vendría abajo. Eso sí, quiero enfatizar que la gran mayoría de la magistratura es ajena a semejantes manejos. Por favor, que no penen justos por pecadores. Por otro lado, el juez no es la boca muda de la Ley sino que la aplica inteligentemente, conforme a una interpretación sociológica. Lo que no debe hacer jamás es dejarse llevar por su propia ideología, ya sea política, religiosa o cualesquiera otras querencias personales. Ante cada caso debe limpiar su mente y afrontarlo con estricta neutralidad. Un buen juez ni miente ni calla sus argumentos, no tiene agenda oculta, lo pone todo negro sobre blanco. Más aun, es imprevisible, porque no se sabe de antemano si beneficiará a la derecha o la izquierda, a los patronos o a los obreros, a los independentistas o a los unionistas... Y quien no sirva para tan exigente labor, pues que cuelgue la toga. Así de simple.

--Usted ha puesto un énfasis especial en la politización de la Justicia, con esos nombramientos en el caso del Consejo General del Poder Judicial. ¿La solución pasa por recuperar el espíritu de la Constitución, para que no sea cosa de partidos?

--La solución pasa por objetivar los nombramientos. La Plataforma ha propuesto baremarlo al menos en un 75% y exigir a los vocales que se abstengan cuando el candidato pertenezca a su misma asociación judicial. Lo demás son cuentos de niños. De nada sirve lanzar sermones esperando piadosamente la milagrosa conversión de los políticos togados. La enfermedad es sistémica, no individual. Son imprescindibles reformas estructurales: gobierno de las leyes en vez de gobierno de los hombres.

--¿Es España una democracia lo suficientemente madura como para que a los jueces los elijan en gran medida los propios jueces, a través de sus asociaciones profesionales, por sufragio interno?

--Las asociaciones judiciales no deben escoger a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Equivaldría a trocar politización por corporativismo. La solución es bien otra, a saber: la provisión de las vocalías judiciales mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Entre todos y cada uno de los jueces, estén o no afiliados. O sea, el principio, “un juez, un voto”. Democracia representativa, sin intermediación corporativa. Sea como fuere, no perdamos de vista que los jueces no aspiran a elegir a la totalidad de los miembros del Consejo sino únicamente a la porción que les reserva la Constitución. Ni más ni menos. No buscamos controlar el gobierno del poder judicial, antes bien, solamente restaurar el equilibrio perdido. Las formaciones políticas más influentes, en sorprendente contraste, lo quieren todo, hacerse con las veinte vocalías, sin dejar ni una sola. Como niños glotones se han dado un atracón cuyos retortijones nos sonrojan cada vez más.

--¿Cuál es, a su juicio, la gran carencia de la justicia española?

--Incluso más allá de la falta de medios materiales, de la inadecuación de los procedimientos, de la incomprensión de la opinión pública…la politización es el mal mayor. Es una infección que está emponzoñando el cuerpo político. Ahora España se la juega ante el reto del independentismo. En estos instantes críticos necesitaríamos un poder judicial fuerte cuya legitimidad estuviese más allá de toda duda. En cambio, se nos ofrece el espectáculo de luchas intestinas, negociaciones entre pasillos para cubrir los altos cargos judiciales, intercambio de cromos, etiquetaje de los jueces en categorías políticas, complicidad de ciertos sectores de la magistratura con las oligarquías partidistas... En definitiva, un ejercicio de irresponsabilidad que no saldrá gratis.

--¿Considera que todo se ha tergiversado mucho por lo cambios en el código penal, forzados por la preocupación europea, sobre el propio concepto de terrorismo, pensando en el yihadismo, pero que se puede aplicar sobre otras actuaciones?

--En Derecho Penal rige el principio de legalidad. Lo que no está en la Ley no está en el mundo. Si una conducta no se halla prevista previamente en el Código, por muy abyecta que sea, no cabe castigarla. Ni la analogía ni la interpretación extensiva tienen sitio en la normativa criminal. Son principios que cuesta mucho trabajo entender al lego en Derecho, pero que son innegociables, pues conforman la fibra más íntima de cualquier sociedad que merezca llamarse democrática.

--Volviendo a la causa catalana, ¿llega el momento de la política? ¿Cree que el Supremo, con su sentencia, dejó en gran medida la solución al poder político, y a la propia política penitenciaria, con el tercer grado y las posibles medidas de reinserción?

--Es el momento del principio de legalidad. Los jueces aplicarán la Ley, castigando a los culpables y absolviendo a los inocentes. Por otro lado negocien entre sí los políticos entre ellos, sin involucrar a los tribunales. Es la lógica de la separación de poderes. Es inadmisible, en cambio, esperar de magistrados (o fiscales) una complicidad subrepticia con la agenda partidista. Cada uno a los suyo. Zapatero, a tus zapatos.

--¿Cómo se puede explicar el caso Alsasua o La Manada? ¿Falta información y formación jurídica, o la Justicia debe tener en cuenta en mayor medida el contexto en cada caso?

--En un Estado democrático es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente. Tan severos principios provocan a veces incomprensión entre la ciudadanía pero sirven como precaución para que nuestro sistema no degenere en el terror. No basta con albergar la convicción moral de que alguien sea un criminal. Para imponerle una sanción penal es necesario algo más, esto es, demostrarlo jurídicamente. Cualquier otra cosa sería muy peligrosa. No estoy hablando de Arabia Saudita o de la República Popular China. En nuestro entorno occidental, un país como Estados Unidos, menos exigente que nosotros en garantías procesales, padece un nivel altísimo de error judicial. Está muy bien para algunos eso de mandar al vecino entre rejas cuando creemos que sea un violador o un asesino, pero ¿y si es en mi propia casa donde se persona la policía de madrugada para prenderme basándose en sospechas infundadas? Entones ya no lo vemos igual. No obstante, urge un mayor esfuerzo pedagógico para acortar la distancia entre la técnica jurídica y la opinión pública. Ojalá esta entrevista haya contribuido a tan necesario fin.