Miquel Iceta no es el último federalista, pero casi. En realidad, el PSC es el último baluarte federal activo, al menos dentro del PSOE, que ya es, claramente, un actor pasivo en esta materia. Los socialistas de Ferraz están mucho más interesados en estos tiempos de crisis identitaria y amenazas secesionistas en aparecer como un partido de Estado (defensor del status quo constitucional) que como una fuerza reformadora en busca de fórmulas satisfactorias para la España plural. De vez en cuando todavía defienden la nación de naciones popularizada por Anselmo Carretero, pero de forma tan rutinaria que se les había olvidado citarla en el programa electoral. Un despiste burocrático fruto del desinterés, que tal vez sea transitorio e influido por las circunstancias, un lujo que el PSC no puede permitirse.

Los socialistas catalanes saben que el Estado de las Autonomías, por muchas manos de pintura que se le pueda dar con la Constitución del 78, no es una oferta operativa para competir con el empuje de la idea independentista. Periódicamente, el PSC ha forzado el compromiso del PSOE con el proyecto de la plurinacionalidad del Estado español; la última vez en Granada, en 2013, con su réplica-recordatorio de 2017 en Barcelona. A esta última declaración se ha aferrado Pedro Sánchez para deshacer el entuerto del olvido. A cada intento, mayores dificultades para transmitir la fe en una España federal con nombre propio y unos Estados federados que difícilmente van a poder ser 17.

Está dicho y redicho que hay tantos federalismos como federalistas, y que cada Estado federal tiene una fórmula propia de creación y desarrollo. En todo caso, salvo subterfugio de hacer pasar el Estado de las Autonomías como una federalización made in Spain, no habrá más remedio que reescribir la Constitución, y esto asusta a cualquiera en el actual trance del conflicto político con la Generalitat. Puede que la reforma constitucional asuste a los actuales líderes del Congreso, pero más les debería aterrorizar las consecuencias de la pasividad política ante el envite del separatismo, que seguirá vivo a pesar de sus fracasos estratégicos.

Seguramente en Madrid, bajo protección de los leones del Congreso, las cosas se vean diferentes, más fáciles, incluso sencillas a la luz del Código Penal; pero en Cataluña existe un consenso (del que forma parte el PSC, por eso intentó un Estatuto de bilateralidad, frustrado) sobre el agotamiento del autonomismo original instaurado en 1978, y trastocado a la baja en 1980, mediante el referéndum andaluz. Aquí no se intuye un camino para andar sin cambiar de horizonte.

De ahí que los socialistas catalanes fueran los primeros sorprendidos por la filtración de un programa electoral del PSOE que obviaba la obligación casi natural de mantener encendida una lucecita federal. Desde que los socialistas y la UCD se inventaron el Estado de las Autonomías gracias, entre otras habilidades, a las concesiones preconstitucionales para con Cataluña y el País Vasco, el PSOE se ha sentido tan responsable del invento que ha invernado la alternativa federal para no oscurecer el brillo de su creación.

Lo sorprendente es que hayan mantenido el proyecto federal a oscuras en el invernadero incluso cuando la inexistencia de una propuesta política consistente por parte del Estado frente al reto independentista catalán se ha hecho más evidente e irritante. Los primeros perjudicados por esta decisión tan conservadora del PSOE son sus compañeros fraternales del PSC, cuya alternativa federal pierde toda consistencia si no pueden demostrar que tienen un socio poderoso en Madrid que avala su discurso. Porque justamente esta es la principal crítica del soberanismo a los socialistas catalanes: cómo vais a sacar adelante la federación si no tenéis con qué votos apoyarla. Iceta no gana para disgustos, como Manuel Cruz y compañía.