Dice el exdiputado republicano Joan Tardà, con motivo de la publicación de un diálogo junto al también exdiputado de Catalunya en Comú Xavier Domènech (Entre Ítaca e Icaria), que “la fractura emocional que supuso la sentencia del Estatut será una nimiedad al lado de la que provocará la del procés” (entrevista en Eldiario.es, 28/09/2019). Lo afirma dándolo por seguro, pero también con un tono de amargura cuando en realidad debería estar dando saltos de alegría. ¡Qué nueva gran oportunidad para el independentismo!, podría pensar. Los soberanistas han situado siempre la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010 como el factor fundamental que explica la conversión al separatismo de esos dos millones de catalanes que antes eran solo catalanistas/nacionalistas. Así pues, otro empujoncito más de la justicia española y pronto obtendrán esa mayoría social de la que han carecido durante el procés.
Y, sin embargo, saben que no fue así y que ahora tampoco lo será. Que Artur Mas y CDC tomaron la vía secesionista dos años después, en el verano del 2012, para dotarse de un discurso épico con el que sortear los recortes de la crisis interminable y hacer frente a las protestas del 15M, tapar la corrupción del pujolismo y obtener una mayoría absoluta para no depender del PP en el Parlament. Saben que el veredicto sobre la constitucionalidad del Estatuto se convirtió en un pretexto más, junto al llamado “expolio económico” y los 300 años de “opresión española” desde el 1714, para justificar el procés. Es cierto, sin embargo, que a fuerza de repetirlo mil veces mucha gente lo ha creído a posteriori y que no pocos medios han comprado ese relato causal exógeno cuando en realidad las razones fueron endógenas.
Saben también que la sentencia del Tribunal Supremo no va a crear más independentistas, sino que únicamente va a utilizarse de chicle victimista para intentar que su parroquia siga movilizada, aunque solo sea de forma folklórica, y sobre todo para que les siga votando en lugar de exigirles alguna responsabilidad por el desastre social y político. Tardà y Domènech ponen el acento en la enorme fractura emocional que provocará una sentencia que prevén, a la luz del juicio, que “será muy bestia”. Curiosamente, no han dicho nunca nada de las otras heridas emocionales que ha dejado el procés, por ejemplo, entre los catalanoespañoles que se vieron minorizados y temieron acabar en una especie de apartheid sociopolítico en octubre del 2017. Del político republicano no podíamos esperar otra cosa, pero el exdirigente de los comunes tampoco ha dado nunca muestras de empatía con la otra mitad de los catalanes.
En cualquier caso, cuesta creer que el día que Manuel Marchena notifique la resolución del tribunal, excepto en el improbable caso de que sean declarados inocentes, cambie alguna cosa. Hace más de un año que los independentistas dan por hecho que el castigo será muy duro, que se les está aplicando el “código penal del enemigo” porque el Estado español es un “represor insaciable”, etc. Por lo tanto, la culpabilidad no será una sorpresa más allá del tipo penal que los jueces decidan (sedición, rebelión, tentativa o conspiración para la rebelión) y los posibles años de cárcel para cada uno de los acusados. En algunas ocasiones también Quim Torra ha amenazado con hacer efectivo el mandato del 1-O y la república catalana si no había absolución. En realidad, si pudiera hacerlo debería estar deseando, suplicando en secreto, que el tribunal diera la razón a la Fiscalía y a Oriol Junqueras le cayeran 25 años. ¿Acaso la independencia no valdría ese sacrificio? El sueño de toda una vida a cambio solo de una fractura emocional.