La reacción del independentismo catalán a la detención y encarcelamiento de siete CDR acusados por el juez de integración en grupo terrorista, tenencia de explosivos y conspiración para cometer estragos ha sobrepasado todos los límites y constituye un auténtico paso del Rubicón en el peligroso y temerario flirteo con la violencia por parte de un movimiento que siempre ha reivindicado su condición de “pacífico”.

Como relata Suetonio, Julio César, en el regreso de las Galias a Roma, cruzó el río Rubicón con su Ejército pese a que sabía que una ley lo prohibía y que ese paso podía desencadenar una guerra civil. Desde entonces, se utiliza la expresión “cruzar el Rubicón” para referirse a una acción que tendrá unas consecuencias que ya no podrán evitarse, y de ahí la expresión de César Alea jacta est (la suerte está echada).

La reacción tiene mucho de cruce del Rubicón. En lugar de acoger las detenciones con prudencia apelando a la presunción de inocencia, el independentismo hizo todo lo contrario. Alineados todos --partidos y portavoces mediáticos-- tras la consigna “son de los nuestros, luego son inocentes”, lo primero fue negar que los detenidos tuvieran explosivos; lo segundo, afirmar que si los tenían eran para los correfocs, y lo tercero, enmarcar las detenciones en una presunta “operación policial contra el independentismo”, sin darse cuenta de que de esa manera manchaban todo el movimiento con unas actuaciones de personas concretas sin saber si eran o no culpables. Pero eso era lo de menos, lo importante era denunciar el “montaje policial”, y acusar al Estado de “criminalizar el independentismo” y de “crear un falso relato de violencia en Cataluña”, como hicieron desde el primer momento Quim Torra, para quien los detenidos eran “ciudadanos comprometidos con su sociedad”, y otros dirigentes políticos. Mientras tanto, los intelectuales orgánicos y los medios indepes hacían bromitas sobre la goma 2, los utensilios de cocina incautados por la Guardia Civil, los petardos que después siempre “fan llufa” o el nombre asignado a la redada, operación Judas.

Después de un par de días de desprecios y manipulaciones --se denunciaban nada menos que “detenciones preventivas”, como si no hubiera ninguna prueba tras más de un año de seguimientos--, la bomba --prisión incondicional sin fianza para siete de los nueve detenidos en principio-- estalló en el Parlament en pleno debate de política general. En esa sesión se acabaron súbitamente las diferencias entre pragmáticos y unilateralistas. ERC votó al lado de Junts per Catalunya y la CUP sin la menor objeción a las resoluciones que reivindicaban la autodeterminación, ya “ejercida en el referéndum legítimo y legal” de octubre del 2017; apostaban por la “legitimidad de la desobediencia civil e institucional”; pedían la “amnistía” para el caso de que el Tribunal Supremo condene a los dirigentes independentistas procesados; reclamaban la “retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil” por ser una “policía de carácter político”, exigían la dimisión de la delegada del Gobierno o respaldaban la decisión de Torra de desobedecer a los jueces al no retirar la pancarta en favor de los “presos políticos y exiliados” del Palau de la Generalitat. En una de las resoluciones aprobadas por los tres grupos independentistas, el Parlament rechaza “las imposiciones antidemocráticas de las instituciones del Estado español, y en especial de su Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo”. 

Todo este paquete de respuesta a las detenciones contó con la complacencia de los comuns, que se abstuvieron en algunas resoluciones, como la de la retirada de la Guardia Civil o la de la amnistía, pero respaldaron el acuerdo de la Junta de Portavoces, celebrada tras la bronca sesión de la Cámara, en el que se rechazaba la “operación impulsada por la Audiencia Nacional y la Guardia Civil y las vulneraciones contra los derechos fundamentales” y se exigía “el fin de la represión y la libertad de las personas presas por sus ideas políticas”. ¿Cómo no van a apoyar este acuerdo los Comuns si su portavoz en el Congreso, Jaume Asens, escribió al conocerse el envío a prisión de los detenidos este tuit: “Ninguna cárcel podrá cambiar una certeza incuestionable: el movimiento independentista ha sido un ejemplo de pacifismo. Ahora más que nunca, la solución es más diálogo y política. Y menos juzgados y prisiones. La decisión de la Audiencia Nacional nos empuja en la dirección contraria”? ¿Quiere decir Asens que si los jueces aplican la ley empujan hacia la violencia?

En el auto de prisión, el juez García Castellón acusa a los detenidos de integrar “una organización con estructura jerarquizada que pretendía instaurar la república catalana por cualquier vía, incluida la violenta”. A los detenidos se les encontró nitrato amónico (susceptible de utilizar para fabricar amonal), ácido sulfúrico, parafina, aluminio en polvo, decapante industrial, gasolina y termita pirotécnica. Estos hallazgos, admitidos por dos de los detenidos, no justifican que la portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, exhiba una foto del atentado de ETA en Vic y los compare con los etarras, pero tampoco pueden despacharse con bromas sobre fuegos artificiales.

La desmesura ha sido de tal calibre que el Parlament aprobó asimismo, con el voto de la pragmática ERC, una resolución impulsada por la CUP en la que se avanza que si Cataluña se autodetermina deberá también poder decidir “sobre la pertenencia o no a las diferentes organizaciones internacionales”, como la UE, el euro o la OTAN. Mientras tanto, en la plaza Mayor de Vic se escuchaban y se aplaudían encendidas arengas contra los “castellanos”: “Nosotros no somos esclavos de nadie y esta tierra es nuestra. Y al que no le guste, que se marche”, decía un médico premiado este año con la Creu de Sant Jordi. ¿Cómo puede extrañar después que algunos pasen el Rubicón de la violencia?