La tercera economía del mundo (a veces nos olvidamos de este relevante dato) tuvo que hacer frente a principios de esta década a una delicada situación derivada del impacto de la crisis --que afectó especialmente a un país que ya mostraba claros síntomas de estancamiento-- y de las trágicas consecuencias del terremoto de 2011 y el posterior accidente nuclear en Fukushima. Con la llegada al Gobierno de Shinzo Abe en 2012 se puso en marcha una ambiciosa estrategia destinada a revertir la parálisis económica y convertir a Japón en “el mejor país para los negocios”.
Conocida popularmente como Abenomics, esta iniciativa identificó tres ejes de actuación, dirigidos a alcanzar un crecimiento anual del 2%: una política monetaria expansiva destinada a lograr una inflación del 2%; una política fiscal flexible capaz de lograr el equilibrio; y una serie de reformas estructurales enfocadas a mejorar la tasa de crecimiento.
El dinamismo económico de Japón ha mejorado notablemente desde entonces, aunque sigue lastrado por algunos problemas estructurales y por las tensiones comerciales existentes en el panorama internacional; las últimas estimaciones calculan que su PIB crecerá unas décimas por encima del 0,8% registrado en 2018, pero por debajo del 1,9% alcanzado en 2017.
Japón ofrece un mercado de más de 126 millones de habitantes con un elevado poder adquisitivo y muy cualificados, que disfrutan de unas excelentes infraestructuras de comunicación y transporte. Dispone, igualmente, de un tejido industrial en expansión con un alto componente tecnológico e innovador en ramas como la salud, la electrónica o las telecomunicaciones, y se prepara con entusiasmo para la celebración de los próximos Juegos Olímpicos en Tokio.
No obstante, también presenta ciertos obstáculos para la actividad empresarial, como los relacionados con los costes, la cultura de negocios o la excesiva regulación, que explican su posición 39 en el informe Doing Business 2019 del Banco Mundial sobre la facilidad para hacer negocios.
En este contexto, el Gobierno nipón ha realizado importantes esfuerzos para crear un mercado más abierto, capaz de atraer un mayor interés de las empresas foráneas y así alcanzar el objetivo fijado de contar con una inversión extranjera directa (IED) acumulada de 35 billones de yenes, unos 290.000 millones de euros, para 2020.
Los proyectos de IED pueden acceder en Japón a prácticamente todos los sectores, si bien existen ciertas limitaciones o particularidades como notificaciones previas aplicables a aquellos considerados especialmente sensibles, relacionados con la agricultura, el sector financiero o los servicios públicos básicos.
Aunque no existan a escala nacional incentivos fiscales establecidos expresamente para captar inversiones foráneas, sí hay una serie de iniciativas que implican deducciones para todas las empresas y diversos incentivos a las firmas extranjeras que trabajen en los campos de la I+D, promuevan la competitividad de las pymes locales, deseen establecerse fuera del área metropolitana de la capital o se dirijan hacia zonas consideradas estratégicas para el desarrollo del país.
El papel inversor español
De acuerdo con los últimos datos ofrecidos por JETRO, organismo japonés encargado de promover y desarrollar las actividades relacionadas con la promoción del comercio internacional, el papel inversor de nuestras empresas allí es notablemente inferior al de sus firmas en España.
Las compañías españolas más activas en el país asiático son las correspondientes a los sectores del comercio minorista, la automoción y las energías renovables. Precisamente, esta última actividad se ha convertido en una de las prioridades del Gobierno, tal y como queda reflejado en el quinto Plan Básico de Energía.
Este país necesita solucionar los problemas derivados de la gestión de residuos radiactivos, aumentar su independencia energética y cumplir con los compromisos de reducción de emisiones, por lo que es muy probable que se abran nuevas oportunidades de negocio en la generación no convencional.
También se espera que la reciente firma del Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y Japón, que abarca un área que supone más del 25% del PIB mundial, sirva tanto para estrechar los lazos comerciales entre las dos partes como para facilitar y fomentar los flujos de inversión en ambos sentidos. El acuerdo prevé la eliminación de la mayoría de los aranceles sobre productos comerciados, y ahorrará unos 1.000 millones de euros anuales en derechos de aduana a los exportadores europeos.
Japón es un país avanzado, muy sensibilizado con la sostenibilidad medioambiental, con el crecimiento sostenible y con el reciclado de productos. Además, la entrada a Japón facilita la entrada a otros mercados asiáticos. No está de más que las empresas españolas exploren oportunidades de negocio en ese maravilloso país. Hay que poner a Japón en nuestro mapa empresarial.