Diversos reinos integrantes de la Corona de Aragón disponían, esporádicamente durante el siglo XIII y de una forma más regular a partir del XIV, de unos organismos encargados de recaudar los impuestos que se encontraran en vigor en cada momento.

Por lo que se refiere a los condados catalanes, las cortes celebradas en Cervera en 1359 bajo el reinado de Pedro IV de Aragón --un personaje implacable-- fueron de una importancia basilar para establecer este tipo de instituciones, con el objetivo de sufragar los cuantiosos gastos de la guerra contra Castilla, conocida como “guerra de los dos Pedros”, cuyo ridículo origen merece capítulo aparte.

Los diputados de las cortes representaban los tres brazos del poder estamental de la época: el militar, el eclesiástico y el real, quienes a su vez nombraron a varios consejeros por cada uno de dichos brazos, a los que se les concedieron unas funciones tributarias ejecutivas en materia recaudatoria.

Este organismo gozaba de la peculiaridad de disponer de una autonomía total respecto al poder del rey para recaudar los tributos acordados, es decir, inmunidad total, pudiendo considerarse a don Berenguer de Cruïlles --obispo de Girona-- su primer “presidente” en representación de la rama eclesiástica del poder vigente en la época.

Se da la circunstancia, determinante de su nacimiento con un carácter esencialmente tributario y ontológicamente puntual, de que se ordenó quemar todos los documentos de esta institución una vez hubo culminado su trabajo, es decir, finalizada la guerra.

Se comprenderá que, dentro del engranaje público de la época, una institución de ese calado no pasaría de ser hoy el Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria aunque, por motivos que no se le escaparán al lector, su relevancia para el reinado fuera fundamental.

Sin embargo, el curso de los acontecimientos hizo que el “juguetito” creado por el monarca, cual Frankenstein, se le revolviera en sus narices y ante la derrota aragonesa y la decadencia del territorio, la Diputación del General o Generalidad pasó a convertirse en una suerte de administración paralela al gobierno real constituyéndose, así, como organismo permanente en las cortes de Monzón de 1362.

La marcha de la corte de Alfonso el Magnánimo a Nápoles acentúa el carácter gubernamental de esta institución, ampliando así sus iniciales competencias exclusivamente tributarias, dada la lejanía física del poder real. En definitiva, la Generalidad dejó de ser un organismo exclusivamente tributario al asumir funciones políticas, que fueron suprimidas por Felipe V tras la guerra de Sucesión.

No fue hasta 1932, tras la primera salida de tono de Companys, que se volvió a configurar la Generalidad de Cataluña, esta vez como un organismo esencialmente gubernamental del que fue su primer representante el “abuelo” Macià. Se da la curiosidad, magníficamente expuesta por Jordi Canal, de que el nombre de Generalidad no procede del imaginario colectivo catalán de la época --como ahora se da por hecho cierto--, sino del bagaje intelectual del socialista andaluz Fernando de los Ríos, quien sugirió utilizar esa denominación como tributo --nunca mejor dicho-- a la institución antes mencionada, si bien “en ningún caso implicaba continuidades o restauraciones imaginarias”.

La leyenda catalana cuenta que, tras el fallecimiento de Macià, le sucedieron en el cargo de presidente de la Generalidad Lluís Companys --hasta su fusilamiento por las tropas nacionales-- y Josep Irla i Bosch --éste en el exilio--, siendo Tarradellas el continuador en el mandato de la institución tras la instauración de la democracia, hasta llegar a su actual representante --supuesto vicario del anterior, fugado actualmente de la Justicia--, don Joaquim Torra i Pla.

Se olvida, malintencionadamente, que el ínclito Companys fue destituido de su puesto tras su particular asonada del 34, nombrándose en su sustitución como presidente de la Generalidad a un coronel del ejército natural de Granada, Francisco Jiménez, que lo fue hasta principios de 1935, en que la institución fue suspendida. Posteriormente, fue nuevamente reestablecida bajo los efímeros mandatos de los también gobernadores generales republicanos, el valenciano Ignacio Villalonga primero, y el mallorquín Félix Escalas después.

Estas circunstancias se encuentran documentadas y resultan de fácil acceso para quien esté dispuesto a conocer los hechos reales de nuestra Historia.

El relato aquí expuesto viene a cuento de haber recibido, a través de un chat, información acerca de una reunión excursionista en conmemoración de los 131 (supuestos) presidentes de la institución de gobierno autonómico catalán, que se celebrará en los días previos a la Diada.

A partir de ahí, pude observar que el actual representante de la Generalidad se autodenomina, en su perfil institucional, como el 131 presidente del organismo, lo que resulta todo un contrasentido que merece la siguiente reflexión.

Si nos adecuamos a la institución actual, sus representantes han sido los señores Tarradellas --fallecido--, Pujol, Maragall, Montilla, Mas, Puigdemont y el actual, Torra. Es decir, 7 personas, de las cuales hay 5 que gozan del estatuto de expresident, regulado en una ley ad hoc, la 6/2003, cuya lectura recomiendo al lector para que conozca el coste que supone mantener este tipo de privilegios de por vida a este tipo de personajes, que no dejan de ser representantes ordinarios del Estado en una parte del territorio.

Si queremos incluir en el listado a los (supuestos) héroes y mártires republicanos, me tendrán que perdonar, pero deberíamos introducir en él a tres personas de perfiles un tanto alejados de la mitología a la que se acogen los poderes públicos catalanes actualmente. Ya vamos por 13 presidentes.

Si, acogiéndonos al nombre de la institución, pretendemos hacer creer que la Generalidad actual --y la republicana-- son un órgano de gobierno desde tiempo inmemorial, al listado habrá que sumar 121 diputados generales de diversa ralea, lo que daría a la institución un total de 134 representantes históricos.

¿Es ese el anhelo legendario? Me parece bien. Pero, entonces, tendrán que aceptar que la crea el rey de la corona de Aragón, que se constituye en la muy borbónica Cervera --localidad donde se situó tras Felipe V la única universidad catalana, en lengua castellana por su lealtad al rey--, que la encabezan representantes del clero, del ejército y de la nobleza, muchos de ellos no catalanes y muchos de ellos españolísimos.

Dicho lo cual, quizás lo más cercano entre la Diputación del General originaria y la actual, que comandó muchísimos años el señor Jordi Pujol, es que su máximo objetivo ha sido arrancarnos los dineros a los catalanes a base de desaforados tributos --que aún siguen en la actualidad, no olvidemos que nuestros tipos de IRPF y de Impuesto sobre el Patrimonio son tradicionalmente de los más caros de todas las autonomías--, ya sea para sufragar los gastos generados por la guerra, ya sea para convertirlo en misales y enviarlos a cuentas en el extranjero, ya sea para continuar manteniendo a todo un engranaje de personas que viven por y para la causa secesionista.