¿Qué debe pasar para que Cataluña vuelva a ser una democracia homologable, es decir, se respeten los derechos de todos los ciudadanos, se mantenga una mínima neutralidad institucional, se cumplan las leyes y las sentencias, no se adoctrine en las escuelas, no se propague la hispanofobia, se puedan celebrar elecciones sin escraches en un clima de igualdad de oportunidades para todas las fuerzas políticas, con un sistema electoral no discriminatorio para los ciudadanos de Barcelona?

La respuesta natural a esta pregunta sería que hubiera una mayoría en el Parlamento de Cataluña que así lo quisiera. Pero la realidad es que para que ello sea posible es imprescindible que antes vuelva la democracia a Cataluña, sin la cual es impensable un cambio de régimen. Aunque sin estos requisitos previos sonara la flauta por causalidad, es decir, que la desmovilización independentista, cansada de promesas vacías, propiciara una mayoría alternativa a la actual, una mayoría que no contara con representantes ni de ERC, JxCat y la CUP, nada garantiza, más bien al contrario, que se aborden las cuestiones de fondo que puedan implicar un cambio de dinámica.

El posicionamiento de comunes y del PSC en materia lingüística, el de este último reiterado en su última ejecutiva, así como su poco entusiasmo en la denuncia de la utilización de la escuela como instrumento de adoctrinamiento, entre otras cuestiones, nos muestran que la ilusión de un gobierno no independentista en Cataluña, por lo demás difícil de alcanzar a día de hoy, no garantiza, ni mucho menos, que se toquen los pilares del Plan 2000 de Jordi Pujol, auténtica hoja de ruta del secesionismo. Esta percepción se ve ratificada si nos atenemos a la política socialista bajo la presidencia de la Generalitat de Pasqual Maragall o José Montilla. Sus mandatos, contaminados de complejos y victimismo, sólo sirvieron para legitimar las reivindicaciones nacionalistas.

Es una condición necesaria para cambiar la dinámica política un Gobierno de España con voluntad y determinación para, en el marco de la legalidad constitucional, devolver la vigencia del Estado de derecho en Cataluña. La experiencia nos demuestra que ni socialistas ni populares han estado, al menos hasta la fecha, por la labor. Ni la aplicación del 155 trastocó lo más mínimo las estructuras básicas del poder nacionalista. Por ello, y a falta de otros actores políticos, Ciudadanos, a pesar de haberse debilitado en Cataluña por la marcha de sus figuras de referencia, es la única opción a la que los catalanes no secesionistas podemos dar el beneficio de la duda. En este sentido la apuesta de Rivera de convertirse en la alternativa al PSOE por delante de Casado, que las últimas encuestas no desmienten en contra de la opinión publicada, no debería ser incompatible con demandas firmes y concretas al PSOE, por ejemplo el efectivo cumplimiento de un 25% de materias en castellano, si quiere su voto en la investidura. Estas condiciones, muy probablemente, no serían aceptadas pero mantendrían la percepción de que Ciudadanos, que nació para combatir el nacionalismo, continúa siendo un partido comprometido con los catalanes no secesionistas. Rivera, Arrimadas y otros líderes de Cs que han sufrido en sus propias carnes lo que significa enfrentarse al nacionalismo, pueden ser determinantes en la derrota del secesionismo desde el Gobierno español encabezándolo, participando o condicionándolo. Y al tomar sus decisiones que recuerden que tienen el deber moral de no abandonar a su suerte a quienes no quieren o no pueden abandonar Cataluña.