Después de cuatro meses, 52 sesiones, 422 testigos y las pruebas pericial y documental, el juicio del procés ha quedado visto para sentencia. La Fiscalía intentó demostrar los graves delitos de que se acusa a los procesados –rebelión, sedición, malversación y desobediencia--, con muchas dudas aún sobre si se produjo el uso de la violencia “suficiente” o “idónea” para condenarlos, lo que deberá valorar el tribunal. Pero la última semana estuvo reservada a las conclusiones de las defensas y a la última palabra de los 12 acusados.

Tanto en los escritos y discursos de los defensores como en las últimas palabras de los procesados destacaron tres ideas: todo era mentira, es decir, la declaración de independencia era simbólica y no tenía ninguna viabilidad; de una manera más explícita unos y más velada otros, los acusados expresaron su propósito de volver a hacer lo que hicieron, y, finalmente, lo que ahora hay que hacer es que el caso vuelva a la política, de donde nunca debió salir.

La idea de que todo era mentira, o que todo era un farol, fue expuesta con claridad meridiana por el abogado Javier Melero, defensor de Joaquim Forn, el letrado que desde el principio había optado por una defensa técnico-jurídica, no política, que explica siempre a quien quiera escucharle que el del procés no es un  juicio político y que los procesados no son presos políticos. Melero afirmó que la Generalitat no declaró la independencia, incumplió las leyes de desconexión aprobadas en el Parlament, no arrió la bandera española del Palau de la Generalitat, no se comunicó nada al cuerpo diplomático y se acató sin rechistar el artículo 155 de la Constitución. Aunque no fueron tan explícitos, los demás abogados y acusados --excepto Jordi Cuixart y su letrada-- optaron también por la versión simbólica minimizando los hechos que hace menos de dos años exaltaban.

La versión simbólica se ha expuesto en el juicio y fuera del juicio. Veamos algunas afirmaciones de estos días. “Se engañó” cuando se afirmaba que “las estructuras de Estado estaban en marcha”. “Desde la Generalitat no se puede construir ninguna estructura de Estado para hacer efectiva la secesión”. “Proclamar la independencia con un 47% de los votos es una irresponsabilidad”. “No había ningún mandato democrático para proclamar la independencia”. “El independentismo tiene el aval para mantener su proyecto político en la agenda, pero no tiene el aval para proclamar la independencia”. “Todo el mundo sabía que no hay nadie en el mundo que mueva un dedo por un nuevo país que declara la independencia como si esto fuera una república bananera”. “Si esto va de democracia, va de democracia para todos”. Estas frases no pertenecen a ningún político del bloque constitucionalista. Todas fueron pronunciadas el pasado miércoles en RAC1 por Josep Martí Blanch, que fue durante cinco años (2011-2016) secretario de Comunicación de Artur Mas. Podía suscribirlas cualquiera de los denostados “unionistas”, los únicos, por cierto, que decían lo mismo hace dos años.

A la vista de los antecedentes, es muy dudoso que la apropiación de la versión simbólica sea sincera. Lo demuestran los ataques furibundos de un sector del independentismo al abogado Melero, porque su relato es una enmienda política total a lo que se vendió a la gente durante años, y los desprecios inmisericordes a Santi Vila, el único a quien el president Quim Torra ni citó en su declaración de solidaridad con los acusados al finalizar el juicio y el único que de verdad no está dispuesto a repetir lo que hizo.

El propósito de los acusados de volver a hacer lo que hicieron es precisamente otro motivo para desconfiar de la versión simbólica. Cuixart fue el más contundente, pero otros, como Jordi Turull o Josep Rull, mostraron la misma intención, aunque de otra manera, además de que todos siguen tomando la parte por el todo y continúan hablando de su media Cataluña como si fuera la única que existe. ¿Si todo era mentira, si en realidad creen conscientemente que todo era simbólico, qué sentido tiene volver a repetirlo? Todo el mundo sabe que si se hubieran reunido las circunstancias adecuadas y el Estado no hubiese reaccionado con la aplicación del artículo 155, entre otras medidas, los dirigentes independentistas hubieran dado más pasos adelante. Otra cosa distinta es si la independencia podía realmente ser efectiva.

Los alegatos de los procesados en su última palabra, encabezados por Oriol Junqueras, coincidieron asimismo en reclamar que el caso vuelva a la política. Para eso, la sentencia será decisiva. Al final, hasta los abogados defensores no han tenido más remedio que aceptar que hubo un delito de desobediencia, contradiciendo así a quienes sostenían que el caso no debía ni ser juzgado en un tribunal.

La sustanciación en un tribunal de las responsabilidades en que incurrieron los dirigentes del procés no impide que la cuestión catalana sea abordada desde la política. Pero para ello será necesario que el independentismo asuma la nueva situación y que los partidos españoles --sobre todo las derechas-- no monten un escándalo cada vez que se tome una iniciativa de distensión. Para empezar, no estaría mal olvidarse del “volver a hacerlo” que Torra proclamó cuando los procesados no habían llegado aún de regreso a Soto del Real.