Rodrigo Rato, con 70 primaveras a cuestas, afronta un nuevo juicio. Es ya el tercero de su particular via crucis y pronto ocupará el banquillo. Esta vez, el exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía se juega en el envite hasta 4 años de cárcel. Le acusan del presunto cobro de comisiones por unos contratos de publicidad que Bankia suscribió con las agencias Publicis y Zenith.  

Según la fiscalía, Rato y sus testaferros maniobraron arteramente para adjudicar ciertas campañas de anuncios a dichas intermediarias, a cambio de la correspondiente mordida.

El antaño todopoderoso político de la escudería de José María Aznar se embolsó por el chanchullo más de 800.000 euros. Con tal objetivo, y a fin de esquivar los tentáculos de Hacienda, utilizó a destajo un racimo de sociedades pantalla de su propiedad.

Le acompañarán en el banquillo una docena de personas, entre ellas su secretaria, dos de sus hombres de paja y varios altos directivos de las firmas publicitarias antes mencionadas. Las fianzas fijadas por el Juzgado ascienden a casi 60 millones.

Rato viene protagonizando, desde el pasado diciembre, otro proceso en la Audiencia Nacional. Éste se refiere a la salida a bolsa de Bankia, acontecimiento que acarreó una estafa monumental a los inversores.

La sentencia no se pronunciará probablemente hasta septiembre. De momento, ya han prestado declaración en calidad de testigos una extensa colección de prebostes, entre ellos los banqueros más conspicuos del país, los gerifaltes del Banco de España y algunos responsables políticos y auditores.

Bankia se creó en 2010 mediante la absorción por Caja Madrid de seis pequeñas cajas que se hallaban al borde de la quiebra. El conglomerado se estrenó en el parqué en julio de 2011. El año siguiente su situación financiera devino insostenible y hubo de procederse a su incautación. Acto seguido, el Estado le inyectó en sucesivas entregas más de 22.000 millones de fondos oficiales para evitar su desplome.

La instrucción de este sumario se ha prolongado nada menos que 5 años, como si se tratase de un asunto de inextricable complejidad. El ministerio público pide para Rato 5 años de cárcel por falseamiento de la información difundida a raíz del lanzamiento bursátil de Bankia.

Rato lleva seis meses peregrinando fatigosamente a las sesiones de la vista desde la cárcel. Se aloja en la trena desde octubre, en cumplimiento de una condena de 4 años y medio por el escándalo de las tarjetas black expedidas a beneficio de los miembros del consejo de administración de Caja Madrid.

Entre unos y otros juicios, penden sobre Rato unas posibles condenas de cárcel de más de 13 años, que se dice pronto.

Don Rodrigo lo fue todo en los Gobiernos de José María Aznar. Él impulsó con acierto el milagro económico que España iba a disfrutar bajo la batuta aznariana, tras las nefastas postrimerías del largo mandato de Felipe González.

Una vez cumplida su exitosa misión en Madrid, Rato emigró a Washington para dirigir el Fondo Monetario Internacional. Pero no tardó en regresar a la capital del Reino. Pretendía franquear las consabidas puertas giratorias y hacerse con poltronas muníficamente remuneradas en el sector privado.

Animado por ese propósito, movió cielo y tierra hasta que consiguió encaramarse a la presidencia de Caja Madrid. Su permanencia en el cargo no pudo ser más efímera. Apenas duró desde enero de 2010 hasta mayo de 2012.

Esa fugaz experiencia como dirigente empresarial ha supuesto para Rato un coste devastador, en forma de imputaciones, enjuiciamientos y condenas que parecen no tener fin.

Tales vicisitudes procesales son un ejemplo aparatoso de cuán dura puede llegar a ser la caída, cuando un personaje estelar como él se precipita al abismo desde las cimas más encumbradas.