No cabe duda de que los líderes del procés han demostrado una extraordinaria habilidad para aprovecharse de situaciones excepcionales, de vacíos legales. El hecho mismo de que unas personas que están siendo juzgadas por graves delitos en el Tribunal Supremo puedan presentarse a unas elecciones para unos cargos que no podrán ejercer si resultan elegidos, como así ha sucedido, es una grave contradicción democrática. Hace tiempo que la Ley de Enjuiciamiento Criminal tenía que haber sido modificada y es una irresponsabilidad incalificable que los partidos constitucionalistas hayan sido incapaces ni tan siquiera de plantearlo desde finales de 2017. El espectáculo de ayer en las Cortes, con una sesión constitutiva de la XIII legislatura protagonizada mediáticamente por los políticos presos, es la consecuencia de ese disparate a pocos días de unas trascendentales elecciones en las que ERC aspira a hacerse con la alcaldía de Barcelona. En el flanco europeo, JxCat apuesta por movilizar un voto dual independentista para garantizar la elección del huido a Waterloo, como la mejor forma de incordiar a España en el extranjero.

La estrategia separatista busca enquistar el problema monopolizando la agenda política española y, ciertamente, ayer visualmente lo lograron. La legislatura empezó como acabó la anterior, protagonizada por la crisis en Cataluña. Ahora bien, hay que poner las luces largas en el análisis porque, en primer lugar, los políticos que están siendo juzgados acabarán suspendidos en breve. La Mesa no tiene otra opción en base a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como confirmarán los letrados del Congreso. En unos días o semanas veremos a la nueva presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, votar lo mismo que PP y Cs, mientras Unidas Podemos se abstendrá o exigirá otra interpretación sin ningún fundamento legal. Hay que tener en cuenta que esa suspensión solo podría revertirse si, una vez concluido el juicio hacia mediados de junio, el tribunal presidido por Manuel Marchena decidiera ponerlos en libertad condicional. Es el pronóstico que Javier Melero, abogado de Joaquim Forn, sostuvo hace unos días, pero no parece probable que suceda si la Fiscalía mantiene en sus conclusiones finales el delito de rebelión.

En segundo lugar, cuando sean suspendidos no podrán delegar sus votos en otros diputados (lo mismo vale para Romeva en el Senado) porque, a diferencia de lo que ocurre en el Parlament, el Reglamento del Congreso no recoge esa posibilidad, lo cual rebajará durante unos meses la mayoría absoluta de 176 a 174 diputados. Tercero, cuando se dicte sentencia es seguro que como mínimo haya condena por desobediencia, lo cual implicará la inhabilitación inmediata de Junqueras, Rull, Turull, Romeva y Sánchez, como ya pasó con Artur Mas y Francesc Homs a cuenta del 9N. Finalmente, en relación al Parlamento Europeo, ni Puigdemont ni Junqueras, que compiten este domingo para ver quién es el más votado entre su parroquia, podrán ejercer de diputados en la Eurocámara. El primero porque no podrá recoger el acta en Madrid y el segundo porque es poco probable que el tribunal le permita salir de España.

En definitiva, ayer fue un día provechoso para la causa independentista, sus medios comentaron con gran regocijo todas las imágenes y los tramposos acatamientos a la Constitución de esos políticos. Pero la estabilidad de la legislatura no depende de ERC ni de JxCat, sino de que el PSOE y Unidas Podemos alcancen una fórmula de gobierno satisfactoria para ambos con un programa marcado por la agenda social y ecológica, donde la cuestión territorial solo se abordará para revisar la financiación autonómica. En la política española hay plena conciencia de que los independentistas no son de fiar porque no están en condiciones de comprometerse a nada hasta después de la sentencia del juicio y de unas nuevas elecciones autonómicas. Este es un mensaje que Miquel Iceta no se cansa de repetir estos días tras el boicot que sufrió la semana pasada en el Parlament a manos de ERC y JxCat. Ayer Oriol Junqueras era muy consciente de esa posición suya de debilidad y en las escalinatas del hemiciclo suplicó reuniones y encuentros a los dirigentes del PSOE para hablar y solucionar el “problema”. Si ponemos las luces largas, el jolgorio independentista de ayer en el Congreso solo consoló su secundario papel en esta legislatura.