El juicio que empieza no tendrá nada que ver con el que en su día contemplamos de Mas, Rigau y Ortega ante el Tribunal Superior de Cataluña o el de Homs ante el Tribunal Supremo por los hechos del 9-N. Aliviados por la incomprensible exclusión de la acusación del delito de malversación (único con pena privativa de libertad), vimos a unos procesados más bien timoratos, que decían no haber entendido del todo el significado de los requerimientos del Tribunal Constitucional, o que el 9-N y lo que le siguió aquella noche no fueron más que una kermesse celebratoria sin efectos siquiera políticos.
En el que ahora comienza en el Tribunal Supremo los procesados se dividirán entre los que pongan el centro de gravedad de su defensa en cuestiones técnicas --que las hay-- y quienes irán a buscar el contacto con el Tribunal, el roce, los que irán al juicio a provocar el penalti. Sus abogados, que empezaron una defensa uniforme basada en dolientes golpes de pecho de adhesión a la Constitución, negación de los hechos y promesas de abandono de la política, conforme han ido observando el material probatorio acumulado y la sorpresiva e impresentable respuesta de la justicia alemana, se han dedicado a sembrar el procedimiento de cáscaras de plátano procesales en busca de un futuro asidero en la elástica doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el artículo 6 del Convenio. A eso obedece, por ejemplo, la proposición de la siempre delicada testifical de procesados ante otros tribunales por el mismo delito o delitos conexos, quienes han de comparecer con obligación de decir verdad como testigos, pero con cuidado de que no se autoincriminen por unos delitos de comisión colectiva difícilmente divisibles. Lo mismo sucede con la reciente y sorpresiva solicitud, tras haber denunciado dilaciones, de disponer tres semanas más para preparar la vista; o la solicitud de traductores/intérpretes invocando indefensión por la supuesta imposibilidad de una cabal comprensión del juicio; o, finalmente, la proposición de testigos prófugos de la justicia cuya inadmisión será denunciada seguro como causante de indefensión.
El envés de esta estrategia de los procesados será que, para previsible frustración de gran parte de la opinión pública, veremos una Sala del Tribunal Supremo, siempre respetuosa en el trato y las formas, pero que en este caso se mostrará en extremo flexible y tolerante al encajar las más que previsibles impertinencias procesales y hasta las nada descartables provocaciones de los mismos procesados en sus declaraciones; a los que, insólitamente, se les ha eximido de situarse físicamente en el banquillo salvo para deponer en sus interrogatorios. De forma también inhabitual, se puede decir que se ha admitido toda la prueba propuesta que no fuera directamente disparatada (el Rey, Chomsky, Rahola...), considerando pertinente que declaren hasta un centenar de políticos. De estos, quitando una docena y media que pudieran dar razón de los hechos, el resto va a ir a dar el mitin orquestado de intentar enjuiciar ellos al Tribunal aprovechando el altavoz mediático que le concede la transmisión del directo del acto. Piensen qué pueden aportar, si no eslóganes, esos personajes de trazo grueso como Rufián o Colau, de la que sorprende que anunciara públicamente en el 1-O su colaboración con los encausados en la inminente comisión de varios de los delitos que ahora se enjuician sin que la fiscalía cumpliera siquiera con la mera diligencia de llamarla indagatoriamente a declarar; y sin embargo ahora la llama el Tribunal Supremo como testigo (!) por los mismos hechos. De los 500 testigos sobran 350. Si me apuran, con el Mayor Trapero, la comisión judicial violentada y dos docenas de mandos policiales estaba completa la testifical. ¿Qué pintan allí los motivados militantes "heridos" del 1-O propuestos por las defensas si no es pretender enjuiciar políticamente ellos la democracia y justicia españolas?
Vaya por delante que siempre es bienvenido que el Tribunal Supremo extreme la tutela judicial efectiva de los procesados, pero dense una vuelta si pueden por las salas de justicia de los tribunales penales de su ciudad y entren cuando se anuncie audiencia pública. Verán en acción una engrasada trituradora de carne que nada tiene ver con este baile de salón versallesco. Con que un 10% de las deferencias que aquí se han tenido y se van a tener con los procesados y sus defensores se trasladasen a todos los que hay en España por delitos con la mitad de la pena, ya daría un salto importante la materialización del principio de igualdad ante la ley.