Cuando el Gobierno español y el Govern de la Generalitat hablan de “profundizar en el diálogo” es obvio que se refieren a cosas diferentes. El primero solo puede negociar aquello que esté dentro del marco constitucional, aunque enmascare ese término bajo el concepto de “seguridad jurídica”. Es un abuso de la polisemia de las palabras que irrita a los otros partidos constitucionalistas pero que permite al ejecutivo catalán vender que algo se ha movido. Sin embargo, todo el mundo sabe dos cosas. Primero, que la autodeterminación por la que suspiran los independentistas solo podría discutirse en el marco de una reforma agravada de la Constitución. Y, segundo, que es improbable que ese escenario se abra a corto o medio plazo, menos aún con la irrupción de Vox. Los separatistas, más divididos y desorientados que nunca, apelan a un diálogo sin negociación real con el Gobierno porque, tras el fracaso de la unilateralidad en 2017, no tienen otra alternativa.

Pedro Sánchez podría insistir en lo mismo que decía Mariano Rajoy, el famoso “ni quiero ni puedo”, solo que prefiere no enfatizarlo para tener alguna posibilidad de sacar adelante los presupuestos de 2019 y acabar la legislatura en junio de 2020. Se ha atado a una estrategia temeraria, en lugar de haber convocado elecciones hace tres meses, y la persigue con determinación, de forma incluso imprudente. Lo fía todo al hecho de que los independentistas tampoco quieren elecciones anticipadas, incluso las descartan abiertamente en Cataluña como respuesta a una sentencia condenatoria después del juicio. El indulto es la única facultad que sí tiene el Gobierno y es evidente que Sánchez está dispuesto a jugarla si aguantase hasta otoño y tuviera algo de tiempo por delante hasta las próximas elecciones. Es un escenario muy angosto, de una enorme complejidad y matices, pero en absoluto descartable. Un parte de la opinión pública española podría estar de acuerdo en que los líderes del procés ya habrían pagado su culpa y deberían poder salir tras haber estado dos años en la cárcel a finales de 2019.

Ahora bien, el problema es que en los próximos encuentros los interlocutores difícilmente van a poder retorcer más los conceptos de un diálogo sin negociación. La ventaja es que no habrá más citas entre el incendiario Quim Torra y el elástico Sánchez y, por tanto, tampoco más comunicados. Ambos gobiernos van a seguir entrevistándose en medio de la tensión por el juicio, con momentos de crisis en los que el diálogo se acompañará de nuevos ultimátums por parte de los separatistas, hasta que ERC y PDeCAT tengan que tomar en primavera la decisión más trascendente: aprobar los presupuestos. ¿Lo harán? Sin otra alternativa mejor que seguir ganando tiempo, ante la hipótesis de que un indulto ponga fin a la cárcel de sus líderes o bien afrontar la incertidumbre de un adelanto electoral que los convierta en irrelevantes en el Congreso, parece lo más probable.