Mayo del 37: la guerra civil catalana

Uno de los episodios más polémicos que marcó el desarrollo del movimiento antifascista y por tanto de la Guerra Civil fueron los sucesos acaecidos en Barcelona durante la primera semana de mayo de 1937. Después de los enfrentamientos y de los centenares de muertos que dejaron, el sino de la República parecía marcado hacia la derrota. Los hechos de mayo han dado lugar a interpretaciones contradictorias o, cuando menos, sesgadas en función de si lo hacía un anarquista, un comunista, un socialista o un republicano catalanista.

Desde el verano del 36 el debate era si se debía dar prioridad a la revolución o concentrar los esfuerzos en ganar la guerra. Pero las cartas ya estaban marcadas desde el fracaso del golpe de Estado en Barcelona. El acuerdo del presidente Companys con los líderes anarquistas de mantener la Generalitat a cambio de la creación de un Comité Central de Milicias Antifascistas condicionó los equilibrios políticos posteriores. La consecuencia más inmediata sobre la vida cotidiana de los catalanes fue la multiplicación de comités por todo el territorio y, lo más peligroso, de patrullas control y el reparto de armas.

Aunque el comité se disolvió a finales de septiembre con la entrada de tres miembros cenetistas y de uno del antisoviético y minoritario POUM en el Gobierno catalán, los comités locales y las acciones paralelas de las patrullas continuaron con conocidos episodios sangrientos como el de La Fatarella y el de Bellver de Cerdanya o el asesinato del dirigente comunista Cortada, además de constantes altercados y crímenes de autoría desconocida. La pinza del PSUC y de ERC para controlar el orden público y fortalecer las instituciones supuso la exclusión del POUM del Gobierno en diciembre del 36, mientras la CNT ampliaba sus cotas de poder tanto en Cataluña como en el Gobierno de la República presidido por Largo Caballero, con la entrada de cuatro ministros, tres de ellos catalanes: Peiró, García Oliver y Federica Montseny.

Las costuras de este débil pacto de conveniencia saltaron por los aires el 3 de mayo de 1937 cuando el dirigente de ERC Aiguader, consejero de Seguridad de la Generalitat, ordenó tomar el edificio de Telefónica en la plaza de Cataluña de Barcelona, que estaba controlado por comités obreros de la CNT. Aunque los barceloneses se habían acostumbrado a la interferencia en las comunicaciones, el detonante fue el corte de una conversación telefónica del presidente Azaña que esos días estaba en Barcelona. La militancia anarquista vio en esta exigencia de entrega una provocación y respondió a tiros desde el interior del edificio. Las barricadas de anarquistas se fueron levantado por muchos barrios de la ciudad, y las juventudes libertarias y los militantes del POUM se sumaron a ese movilización que interpretaron como una defensa de la revolución, amenazada por los prosoviéticos del PSUC y los catalanistas de ERC.

Durante cinco días los asesinatos se sucedieron en un lado y otro con, al menos, 218 muertos y casi mil heridos. El transcurso de los acontecimientos respondió más al azar y a la fatiga que a un plan preconcebido, como reconocía el líder anarquista Aurelio Fernández: “Esto va a acabar de una manera caótica: por el cansancio. Hoy zumbarán, mañana también; pero de ahí a unos días el cansancio va a rendir a todos; si no la falta de municiones. ¡Hay que orientar el movimiento! ¿Conviene o no conviene a la CNT?”.

Estaba en lo cierto, los ministros y líderes cenetistas estaban mediando para acabar con esta guerra civil y conseguir una retirada ordenada. El Gobierno de la República asentado en Valencia había enviado 5.000 guardias de asalto que, ayudados por militantes del PSUC, iba a acabar con las resistencias. Además, el Gobierno republicano tomó el control de la competencias de la Generalitat en orden público y defensa. Ni siquiera Companys rechazó esa intervención. Las consecuencias más inmediatas fue la pérdida de poder de la CNT y la ilegalización del POUM y el asesinato de su líder, Andreu Nin. Largo Caballero, contrario a esta represión exigida por el PCE, dimitió, y Azaña nombró a Negrín como nuevo presidente del Gobierno.

El objetivo de vencer en la guerra con una disciplina centralizada había ganado a la prioridad de hacer la revolución. Sin embargo, no todo había sido tan sencillo pese a esa simplificación de contrarrevolucionarios frente a revolucionarios, según fuese la propaganda de uno u otro lado. Como apunta José Luis Martín Ramos en Guerra y revolución en Cataluña (2018), estos sucesos no fueron un episodio barcelonés sino que tuvieron réplicas en otras poblaciones (Terrassa, Tortosa, Tarragona, Vic, etc.). En ese sentido fue una guerra civil catalana dentro de la Guerra Civil española. Además, Martín considera que las posiciones no estaban tan definidas como pretendieron difundir los propagandistas de cada bando. Así, las milicias del PSUC actuaron a la defensiva, no tenían un plan de ataque para generar una enfrentamiento general, no hubo provocación comunista. La CNT tampoco fue un bloque homogéneo sino que cambió de tácticas en función de los acontecimientos. Y, por último, el POUM intervino a posteriori por “oportunismo revolucionario”, no hubo putsch trotskista. ¿Fue una rebelión anarquista para defender la revolución? Ferran Gallego matizó también la causa de este levantamiento. Más que una defensa de un proyecto libertario que no podían imponer, los anarquistas lo que deseaban mantener eran ámbitos de independencia de gestión, fuese el control del orden público, de algunas actividades económicas y, por supuesto, de las comunicaciones. Es decir, la CNT se rebeló no por un objetivo revolucionario sino como resistencia a abandonar “esta versión difusa del poder”.

Pero, sin duda, la consecuencia más evidente de estos sucesos de mayo ya la previó días antes Companys cuando, ante la escalada de tensión, reconoció que Cataluña ya no era el soporte más firme de la República y, lo más grave: “La opinión internacional se da cuenta de nuestra incapacidad para resolver problemas interiores”. Lejos de cualquier disparatada interpretación a posteriori de la Guerra Civil como un conflicto de España contra Cataluña, el presidente ya admitía el 22 de abril de 1937 que la guerra era, primero y sobre todo, un enfrentamiento entre catalanes. Los hechos de mayo pusieron en evidencia que ese conflicto, lejos de resolverse, se había agravado. La represalia contra militantes anarquistas se intensificó con ejecuciones sumarias y enterramientos clandestinos, era la ley del Talión. La República había sido herida de muerte en Cataluña, y el ejército franquista terminó de rematarla.