La crisis económica ya es historia. No obstante, ha dejado muchas secuelas en familias y empresas, algunas irreparables. Por eso, un gran número de ciudadanos se pregunta si hemos aprendido la lección. Cuando buscan una respuesta, su pensamiento se dirige hacia los bancos, pues éstos al crear una burbuja crediticia contribuyeron decisivamente a generar otra de carácter inmobiliario. Por tanto, la pregunta clave es: ¿son ahora más prudentes?

En la última década, la regulación ha cambiado. La nueva legislación les exige ser más solventes, aunque para conseguirlo deban ser menos rentables. Los acuerdos de Basilea III les obligan principalmente a tener más y mejor capital, a ser más previsores, poseer una mayor liquidez e incurrir en un menor grado de endeudamiento. En definitiva reducir su nivel de riesgo y aumentar su capacidad de absorción de pérdidas. De esta manera, serán menos vulnerables en los malos tiempos y evitarán volver a ser rescatados por todos los ciudadanos La disminución del riesgo incurrido les exige poseer un mayor nivel de fondos propios en su pasivo y/o un volumen inferior de crédito en su activo. En los últimos años, casi todos los bancos han aumentado la primera partida y disminuido la segunda.

El incremento del capital no lo han realizado por devoción, sino por obligación. El motivo radica en que su aumento penaliza la cotización bursátil de los bancos y ésta disminuye la retribución variable (el bonus) de sus directivos. En otras palabras, la reducción del stock de crédito, aunque el nuevo otorgado fuera muy escaso, era insuficiente para cumplir con la nueva norma.

En la actualidad, la mayoría de las entidades financieras españolas cumplen holgadamente con los requisitos de solvencia fijados por el BCE. No obstante, desde julio de 2012, el saldo vivo del crédito otorgado (el concedido y no amortizado) no ha hecho más que descender. En diciembre de 2017, ascendía a 1.719.467 millones de euros y suponía una contracción del 17,9%, 16,1% y 2,6% respecto al máximo histórico e idéntico mes de 2007 y 2016.

En la última década, el descenso del stock de crédito ha afectado a las empresas y familias españolas, pero no a las administraciones públicas. No obstante, a los dos primeras no lo ha hecho de igual manera. La financiación de las actividades productivas ha caído un 37,4%, mientras que la de los hogares solo ha descendido en un 18,1%

En diciembre de 2007, los bancos financiaban por valor de 153.837 millones de euros más a las empresas que a las familias. En cambio, una década después hacían lo contrario por un importe de 55.119 millones de euros. La variación se fundamentó en dos razones: el crédito a las primeras era por un plazo más corto y, en un marco de recesión o estancamiento económico, la probabilidad de impago de las firmas suele ser superior a la de los hogares.

Por el contrario, en el período considerado, el crédito destinado a las administraciones públicas españolas aumentó un 82,4%. Los motivos fueron tres: el incremento de la demanda debido a la existencia de déficit público (en 2007 el superávit fue del 2%), la seguridad en el pago y el atractivo tipo de interés.

No obstante, el porcentaje que representan dichos créditos sobre el stock total continuó siendo muy reducido. En diciembre de 2017 era del 2,1% y, diez años después, ascendía al 4,5%. Evidentemente, la mayor parte de la financiación al sector público no la realizan los bancos a través de créditos, sino mediante la adquisición de títulos del Tesoro, un aspecto que no queda reflejado en las anteriores proporciones.

Indudablemente, la variable crediticia que más inquieta a los ciudadanos es la relacionada con el sector inmobiliario. Por ahora, dos datos demuestran que no hay motivo de preocupación: el nuevo crédito destinado a la compra de vivienda continúa siendo escaso y la relación entre transacciones inmobiliarias e hipotecas concedidas es de signo contrario a la observada hace una década.

En 2007 las entidades otorgaron hipotecas por valor de 145.928 millones de euros, en cambio, en 2017 solo lo hicieron por un importe de 38.683 millones de euros. En términos porcentuales, supuso un descenso del 73,4%. Por otro lado, en el primer año, el número de hipotecas superó en 402.019 al de viviendas vendidas; en el segundo, éstas sobrepasaron a aquéllas en 222.271.

En definitiva, en la última década, pero especialmente en el postrero lustro, la banca española ha sido prudente. La mayor y mejor regulación, una morosidad relativamente elevada y un entorno empresarial e inmobiliario incierto hasta hace poco han facilitado que los directivos no realizaran una gestión atrevida o aventurera.

No obstante, como el futuro no tiene por qué ser una repetición del pasado, una guerra hipotecaria durante largo tiempo, basada en la concesión de préstamos por el 100% del precio de la vivienda, puede hacer que la historia se repita. Espero y deseo que el Banco de España no mire hacia otro lado y que los ejecutivos del sector tenga más visión a largo que a corto plazo. En otras palabras, que piensen en algo más que en su bonus.