En el terreno político la democracia es el mayor intento de la civilización para domeñar la violencia, y lo ha conseguido en gran medida. Compárese si no la seguridad física y jurídica en Estados fallidos y en Estados con regímenes dictatoriales o autoritarios con la alcanzada en las democracias europeas.

Pero resulta que en la cultura democrática general existen dudas o divergentes interpretaciones en torno a la violencia en política. En este sentido la pregunta "qué debemos entender por violencia" es pertinente y el debate jurídico-político, desencadenado a raíz de la resolución del Tribunal regional de Schleswig-Holstein sobre la entrega de Carles Puigdemont a la justicia española, positivo, si se desideologiza.

¿Hay violencia en el conflicto independentista de Cataluña? A mi juicio, sin duda. Ha habido un uso legítimo de la fuerza por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Mossos d'Esquadra incluidos, que ha comportado en ocasiones violencia física, pero no punible, y diversas formas de violencia, no armada, pero moral, psicológica --como apunta Felipe González--, material y física por las organizaciones independentistas, que han llevado el conflicto a la calle, donde no hay reglas, a diferencia de la intervención de los tribunales, donde hay sujeción a la ley y procedimientos reglados que permiten la defensa.

¿Hay violencia en el conflicto independentista de Cataluña? A mi juicio, sin duda

La identificación, calificación y, en su caso, tipificación penal de los actos de los independentistas en la persecución del objetivo de imponer la secesión de Cataluña están en el centro del debate jurídico-político sobre la violencia, que trasciende ya el ámbito español, y más ahora en la espiral de acción violenta de los CDR y de obligada reacción policial y judicial.

Veámoslo, sin ideología ni prejuicios. ¿Qué calificación atribuir en una democracia y su Estado de derecho a actos como los cortes de vías urbanas y de carreteras, la ocupación de estaciones ferroviarias, el levantamiento de barreras de peaje, el asedio tumultuario a edificios públicos, etc., todo ello con el ánimo de forzar a las autoridades e instituciones legítimas a ceder a las pretensiones de los autores, causando además perjuicio grave a las personas y daños materiales considerables? De la respuesta honesta a tal cuestión dependerá la salud de esa democracia y la preservación de derechos fundamentales de su sociedad.

Estamos ante una evidente división de opiniones (y una preocupante división social) cuando esos actos son calificados por sus autores, y por los defensores de semejantes actuaciones, de "pacíficos" y de "aberración política" su condena, acusando a determinados partidos políticos, a medios de comunicación y a la justicia de "criminalizar" a los CDR, y encima pretendiendo que el pleno del Parlament apruebe una resolución declarándolos "cívicos, pacíficos y democráticos" y no violentas sus acciones.