Era tan simbólico el pleno del Parlament del pasado miércoles que en el paripé ni siquiera participaron las primeras filas de los dos principales partidos independentistas que suscribían las resoluciones para reconocer los derechos de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull a presentarse a la investidura y ser elegidos presidente de la Generalitat.

En lugar de Eduard Pujol o Sergi Sabrià, por Junts per Catalunya (JxCat) defendió la resolución la debutante Gemma Geis mientras que por ERC lo hacía Anna Caula. En intervenciones posteriores aistimos también el debut de la representante del independentismo upper Diagonal, Elsa Artadi, y de la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, la misma que solo unos días antes había arengado a un grupo de manifestantes que embadurnaban con pintura amarilla la subdelegación del Gobierno central en la capital gerundense.

Sirva una pincelada de la intervención de Artadi para comprobar la coherencia del independentismo. Reprochó a Miquel Iceta que hubiera asistido a manifestaciones donde se gritaban consignas fascistas, como si el dirigente socialista pudiera impedirlo. Al mismo tiempo que hablaba en el Parlament, Puigdemont recibía en la cárcel alemana donde está recluido la visita de Bernd Lucke, uno de los fundadores del partido ultraderechista y xenófobo Alternativa para Alemania.

Aparte de la colección de tópicos habituales --urnas contra porras, democracia contra represión, etcétera--, el debate reflejó la nueva radicalización independentista como consecuencia de los últimos encarcelamientos y la aparente unidad del bloque secesionista. Al menos sobre el papel, los independentistas votaron sin fisuras, aunque en realidad permanezcan las diferencias entre el inmediatismo de la CUP --quiere un pleno del Parlament ya, para desobedecer a los jueces e investir a Puigdemont--, la retórica legitimista de JxCat en la defensa del expresident y la aproximación realista de ERC, que preferiría votar a otro candidato “efectivo”, pero no se atreve a pedirlo, y menos en una sesión parlamentaria.

La maquinaria propagandística del independentismo presenta como una resolución efectiva de la ONU lo que no es más que un aviso de registro de entrada, ni siquiera una admisión a trámite

Para continuar por la senda irredentista, el nuevo argumento es ahora la supuesta resolución del comité de derechos humanos de la ONU que, según los independentistas, exige al Estado español que Jordi Sànchez --y también Puigdemont en una denuncia posterior-- pueda ejercer sus derechos políticos incluido el de la investidura.

La maquinaria propagandística del independentismo presenta como una resolución efectiva lo que no es más que un aviso de registro de entrada --ni siquiera una admisión a trámite-- en el que dos miembros del comité informan al abogado de Sànchez de que se ha solicitado al Estado español que "tome todas las medidas necesarias para que el señor Jordi Sanchez i Picanyol pueda ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Pacto" Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero a continuación añaden que "esta petición no implica que se haya tomado ninguna decisión sobre la sustancia del asunto que está bajo consideración".

El Estado ha respondido que Sànchez puede ejercer y ejerce ya sus derechos --presentarse a las elecciones, votar por delegación, etcétera-- con las limitaciones de un preso preventivo. Es cierto que algunos juristas defienden que se puede presentar a la investidura, pero no es verdad, como se repite, que el comité de la ONU haya adoptado medidas cautelares en este sentido, ya que no puede hacerlo porque no es un tribunal.

Con la misma técnica --leer las resoluciones solo como interesa y ocultar el resto--, TV3 y los medios independentistas (valga la redundancia) están presentando la extradición a España de Puigdemont por las autoridades judiciales alemanas como una cuestión prácticamente descartada. Pero no hay problema. Si al final Alemania entrega al expresident, ya tienen el argumento preparado: las relaciones políticas entre Angela Merkel y Mariano Rajoy serán las culpables. Y eso después de haber elogiado la independencia de la justicia germana frente a la “dependencia política” de la española.