La ventaja de que haya investigaciones judiciales en marcha sobre los presuntos hechos delictivos cometidos por los líderes secesionistas, y que casi a diario se filtren jugosas informaciones sobre correos, pagos, notas, conversaciones telefónicas, documentos, etc., es que nos obliga a hacer memoria sobre esos convulsos meses. Cuando la primera semana de noviembre Carles Puigdemont se refugió en Bruselas y quiso argumentar esa huida como parte de un plan acordado entre una parte del Govern “legítimo” que se instalaba en el “exilio” para dar a conocer al mundo la “represión” desatada en Cataluña y otra que seguiría actuando desde el interior, resultó muy sospechoso que no le siguiera Raül Romeva, cuya misión política había sido internacionalizar el pleito independentista.
Llamó también la atención que el exconsejero de Exteriores, cuando salió de prisión poco antes del inicio de la campaña electoral del 21D, mantuviera un perfil público discreto, con contadísimas declaraciones o entrevistas y que evitara siempre hablar de lo acontecido en septiembre y octubre. Seguramente una parte de su silencio, un mutismo que sigue ejerciendo todavía, se deba a la prudencia ante la causa judicial que le viene encima, pero también a que no sabe muy bien cómo explicar el nulo apoyo internacional a la causa independentista tras el 1-O. Y eso que la Generalitat dedicó grandes sumas a ese cometido, como mínimo 30 millones de euros en 2017 que no aparecen justificados como gastos corrientes de la consejería y que el Tribunal de Cuentas ya está investigando. Aunque, en realidad, todo el presupuesto de Exteriores, con su red de embajadas, estuvo al servicio del propósito secesionista del Govern.
El silencio de Romeva ante los cuantiosos gastos para promover la secesión a nivel internacional sigue clamando al cielo
Ayer se filtró que Romeva autorizó, a través del Diplocat, que los “observadores internacionales” para el referéndum del 1-O no solo viajaran en primera clase y se alojaran en hoteles de categoría, sino que sus retribuciones fueran también muy generosas por unos pocos días de trabajo. El procés ha servido para que mucha gente se haya lucrado, en Cataluña pero también en el extranjero (agencias de comunicación, consultorías de relaciones públicas, etc.). El exdiplomático holandés Daan Everts encabezó una delegación a instancias del The Hague Centre for Strategic Studies, una entidad privada que ofrece servicios en todo tipo de conflictos internacionales y que recibió de la Generalitat pagos por valor de 120.000 euros. Pero no fue la única misión, hubo también otro equipo liderado por la neozelandesa Helena Catt que debió cobrar emolumentos parecidos aunque su presencia fue casi clandestina, pues nunca quiso hablar directamente con los medios de comunicación. En global, el Diplocat invitó a decenas de personas entre finales de septiembre y principios de octubre. El objetivo de pasear por Cataluña a todos esos “observadores internacionales”, que en realidad actuaban como expertos particulares o políticos extranjeros simpatizantes de la causa secesionista, era avalar una consulta de autodeterminación que había sido declarada ilegal por el Tribunal Constitucional y que no tenía tampoco el apoyo de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.
Lo más gracioso es que los observadores liderados por el exembajador Daan Everts, tal vez la única misión con algo de credibilidad si descontamos la anomalía de que fuera contratada por la Generalitat, concluyeron que el 1-O no cumplió con los “estándares internacionales” tanto por la violencia desatada ese día como por la falta de garantías de todo el proceso. Pero Puigdemont no fue capaz de aprovechar esa razonable consideración para dejar de lado la amenaza de la DUI y proceder a convocar elecciones la primera semana de octubre seguramente en el mejor de los escenarios posibles para sus intereses y el de las fuerzas separatistas. Además de haber evitado la aplicación del artículo 155, habría aminorada las causas judiciales que después se desataron. En cambio, empezó un largo devaneo del president y su consejero de Exteriores sobre una hipotética mediación internacional que nunca llegó y que dejó al descubierto las mentiras y fantasías del relato separatista. Sobre todo lo sucedido, empezando por los cuantiosos gastos, el silencio de Romeva sigue clamando al cielo. Habrá que esperar al juicio.