Josep Joan Moreso (Tortosa, 1959), fue rector de la Universidad Pompeu Fabra (2005-2013) y es catedrático de Filosofía del Derecho. Respetado por la comunidad académica y política, Moreso se ha involucrado en el problema político catalán, buscando un consenso que parece todavía lejano. Centrado en el estudio de los fundamentos filosóficos de la Constitución, es autor de Constitución, modelo para armar (Marcial Pons, 2009). Presidente de la agencia para la calidad de las universidades catalanas, AQU, y buen conocedor de la política italiana, Moreso considera que se necesita "mitezza", que no tiene una traducción exacta, pero que es una especie de mezcla entre “paciencia más templanza”, o “la capacidad de evitar la ira, y si llega, la capacidad de atemperarla”. Para un profesor centrado en la filosofía del derecho, lo que ha ocurrido es difícil de comprender, y señala que “el soberanismo ha jugado a crear una realidad alternativa, como en Matrix”. En una entrevista con Crónica Global, Josep Joan Moreso apuesta por una reforma constitucional, y por recomponer la situación, sin dejar de criticar a los “intelectuales orgánicos” que han sustentado el proceso, pero también a los que han confiado únicamente en la capacidad del derecho y han “olvidado” la fuerza de la política.
--En todos estos años en Cataluña se han constituido relatos propios que han servido para justificar las posteriores acciones. ¿Cómo se construyen los relatos, que son, además, antagónicos?
--Soy filósofo del derecho y utilizamos el lenguaje, que es algo esencial. Y, ciertamente, se han creado relatos a medida que se iba avanzando en el conflicto político, y eso ha sido determinante. El Gobierno central, desde hace años, ha decidido afrontar el problema aplicándolo sin apostar por la política, y eso plantea muchas carencias, porque existe un problema político. Hay, también, un incumplimiento constitucional de un principio democrático en contra de todas las voces, en un Estado que es claramente protofederal. Se veía venir desde 2012, pero se acelera con las decisiones en el Parlament en los días 6 y 7 de septiembre. Entonces se decide lo contrario: hacer política marginando el derecho. Yo digo que el derecho sin la política está vacío, pero la política sin él es ciega, y sobre eso estamos. Obviamente, el relato del proceso soberanista ha mostrado mucha resiliencia ante la realidad, porque las cosas que prometía y que eran centrales no se han cumplido. No ha habido reconocimiento internacional, por ejemplo. Muchos decíamos que sin eso no se podía hacer nada, pero parece que no es suficiente para que cambie ese relato.
--El movimiento soberanista ha ido reivindicando la existencia de una doble legitimidad, basada en una nueva legalidad. ¿Cómo se crea una legalidad?
--Es verdad que la legalidad se soporta sobre la aceptación social, sobre hechos que están más allá de la cuestión jurídica. En la transición, el acuerdo es aceptado por la población, y eso da legitimidad, al margen de la calidad política que existía. Pero aquí se ha jugado con eso. El filósofo Herbert Hart, un intelectual de primera, explicó en su libro El concepto del derecho (1961) que para que un derecho exista en una sociedad es necesario una regla compartida para saber las que rigen el sistema. En España es la Constitución y lo que emana de esa Constitución. Por eso digo y he comentado de forma reiterada que no hay dos legalidades, porque todas las asociaciones de jueces y fiscales, todos, dijeron que la única regla era esa, la Carta Magna. En ningún momento hubo dos legalidades.
El derecho sin política está vacío, pero la política sin él es ciega
--¿Cómo se puede superar esa legalidad, entonces?
--Una legalidad se puede superar a través de una ruptura revolucionaria, cambiando a los jueces. No veo otra forma. Pero, ¿qué pasaría al día siguiente? ¿Las grandes empresas pagarían sus impuestos a la Generalitat? No lo harían. El soberanismo ha jugado a crear una realidad alternativa, como en Matrix. Cuando la CUP dice que se debería aplicar la república, yo pregunto, ¿se dan las condiciones? No se daban, ni se dan, pero eso parece que no cambia la voluntad política.
--Pero el movimiento independentista reclama que se le ofrezca una vía posible cuando tenga una mayoría suficiente. ¿Cambiarían las condiciones con mayorías más sólidas?
--Yo creo que sí, que eso puede ser determinante. Si un día el independentismo tiene el 60% de apoyo, por poner un porcentaje importante, eso creo que provocaría un cambio de otros elementos y facilitaría una opción negociada, como no puede ser de otra manera dentro de la Unión Europea, forzando al Gobierno español a negociar, que podría pasar, incluso, por un referéndum pactado o por otra fórmula. Yo soy muy partidario de la opinión consultiva del Tribunal Supremo de Canadá, de 1998, un documento extenso, serio, bien fundamentado. Responde a tres preguntas del Gobierno del Quebec, sobre si tiene derecho a la autodeterminación según la Constitución del Canadá, o de acuerdo a la legalidad internacional, y, en caso de respuestas diferentes a las anteriores preguntas, ¿cómo resolver el conflicto? La respuesta es no, en los dos casos, y entonces la tercera no se plantea. Pero ofrece una salida: si se reitera en el tiempo esa petición, el Gobierno de Canadá debería abordar la cuestión, y plantear un referéndum con una pregunta clara. Pero se insiste en que no sería vinculante y que se debería negociar, junto con el resto de provincias del Canadá. Las lecciones canadienses lo que nos dicen es que aquí no se ha hecho bien, que se ha apostado por una vía unilateral, pero también nos dicen que el Gobierno central no ha aceptado el problema político, que existe.
Las lecciones canadienses son claras, ni vía unilateral ni ignorar un problema político
--Es decir, que el Gobierno español no se ha tomado en serio lo que ha ocurrido en los últimos años en Cataluña.
--Eso es. Porque hay que analizar el por qué hemos llegado hasta aquí, cuando históricamente el secesionismo nunca ha superado el 20%, y ahora se ha llegado el 48%. Hay muchos factores en juego que no se han tenido en cuenta. La sentencia del Estatut de 2010 es uno de ellos. Pero también una cuestión que resultó muy negativa, y que se ha dejado de lado: las condiciones en las que el PSOE llega al poder en 2004, tras los atentados terroristas. El PP nunca aceptó esa victoria como normal, y negó su legitimidad. En ese momento, se centró en dos frentes, en que los atentados se podían relacionar con ETA, algo indefendible, y en Cataluña, que se dibujaba en el horizonte. En el PP se estableció un debate, mientras el PP catalán quiso participar, con enmiendas a la propuesta del Estatut en comisión, desde Madrid se consideró que era mejor abandonar. El PP catalán argumentó que en ese caso perdería la centralidad, pero en Madrid el PP determinó que, en cambio, lograría la centralidad en el conjunto de España.
--¿Y el PSOE qué responsabilidad tiene?
--El PSOE llega un momento que abandona, que no puede resistir, y decide que el trabajo lo haga el Tribunal Constitucional, que frene el Estatut, y eso tuvo consecuencias importantes. Pero todo se incendia con la crisis económica. Hay que decir, además, que en el relato independentista se ha ido abandonando el discurso economicista. Pero no ha habido autocrítica sobre aquellos mensajes tan duros, que nos hacía a los catalanes muy poco estimables en Europa, donde el independentismo sólo ha conseguido el apoyo de los partidos xenófobos, de ultraderecha. Pero no ha habido autocrítica.
--¿Se puede vislumbrar una salida ahora?
--Se ha creado un clima preocupante. Releí en verano El mundo de ayer, de Stefan Zweig, y me provocó una reflexión profunda. Zweig no podía entender que se creara un ambiente prebélico, que provocaría la I Guerra Mundial. No veía las razones por las que se matarían los jóvenes europeos. Y creo que ahora tampoco se pueden entender las razones de un conflicto que ha llevado a tantas personas a un lado y a otro, a personas con las que hemos tenido relaciones estrechas.
Como le ocurrió a Zweig, yo ahora no puedo entender las razones de un conflicto que ha llevado a tantas personas a un lado y otro
--Las decisiones judiciales, ¿lo complican todo más, imposibilitan una solución?
--Hay un uso excesivo de la prisión provisional. Es necesario un gobierno, pero todo está condicionado por los jueces, que impiden cuestiones básicas a Carles Puigdemont o a Oriol Junqueras que les concede la Constitución y que el juez no ha tenido en cuenta. La representación política es el núcleo de la democracia. Creo que los delitos que se imputan no se sostienen. Se intenta construir un relato, porque eso es una instrucción, y se basa en anotaciones en la libreta de un alto cargo, y en el documento Enfocats y distintas reuniones, y creo que eso es frágil.
--Para encontrar soluciones, es necesario antes compartir un diagnóstico, ¿es posible?
--Es un problema, sí, existen dos comunidades. Para abrir una negociación si no hay diálogo, a partir de algo compartido, será imposible.
--¿Se debería recurrir, aunque parezca algo superado, a aquellas conversaciones entre intelectuales de Madrid y Barcelona de los años cincuenta?
--Tal vez. Particularmente me gusta releer aquellas conversaciones que se produjeron entre un Dionisio Ridruejo y Carles Riba, por ejemplo. En mi etapa de rector de la Pompeu Fabra lo intenté, con la colaboración de cuatro universidades, la Autónoma de Madrid, la Carlos III, la Autònoma de Barcelona y la Pompeu Fabra. Por ejemplo, se puso en marcha un grado compartido de filosofía política y economía para 60 estudiantes. Y fue realmente sorprendente y muy positivo. He sido profesor en este grado, en un seminario he planteado directamente el problema de la secesión. El conocimiento que los estudiantes tienen entre ellos ha hecho, sin duda, que los catalanes comprendan mejor la opinión de los no catalanes y viceversa. También lo intentó el exconsejero Antoni Castells, reuniendo gente como Josep Maria Colomer con Daniel Innerarity o Álvarez Junco y Emilio Lamo de Espinosa.
Hay un uso excesivo de la prisión provisional y todo lo están condicionando los jueces
--¿Se debe implicar, por tanto, mucho más la sociedad civil?
--Yo creo que sí. Personalmente me he sentido interpelado por esa responsabilidad. La academia, a veces, se ha distanciado, pero en mi etapa de rector fui muy consciente de llevar nuestras reflexiones al foro público. La filosofía política es un refinamiento del debate político, pero está conectada, debe estarlo. Si no somos capaces de establecer esa conexión, no tendremos una sociedad vigorosa. En la Pompeu Fabra, en mi etapa de rector, en 2013, se hizo con debates en los que estuvieron presentes todos los posicionamientos: Ángel de la Fuente y Jordi Galí, con Ferran Requejo y Félix Ovejero, por ejemplo.
--La llamada clerecy, intelectuales, profesores, altos cargos de la administración, ¿qué papel cree que ha jugado?
--Hay una clerecy que ha jugado a favor del proceso, es una evidencia. Pero mi impresión es que en Cataluña hay una sociedad plural, con voces diferentes, algo que se ha negado desde el soberanismo. Y ese mismo soberanismo, ciertamente, ha impulsado una serie de intelectuales orgánicos que sólo aplauden y ponen la letra a la música que suena. Pero no es la única. Desde el soberanismo se insiste en que España es plural, como si Cataluña fuera monolítica, y desde el constitucionalismo se insiste en que Cataluña es plural, como si España fuera monolítica. Afortunadamente la pluralidad está en los dos lados, y esa idea se debe recuperar y potenciar.
Ha habido intelectuales orgánicos que sólo aplauden y ponen la letra a la música que suena
--¿Y por parte de la izquierda española? ¿Se ha impuesto un "contra Rajoy vale todo" que comporta abrazar la causa independentista?
--La izquierda española ha vuelto a reflejar sus contradicciones, con un alma jacobina y una federalista. Es la historia de la España contemporánea. Pero además se ha sumado la idea de que contra el PP todo vale, y es cierto, también, que el cansancio contra el PP es muy grande. Recuerdo a una persona que me dijo que estaba muy contenta de haber votado a la CUP, porque consiguió echar a Artur Mas. Ahora todo vale para echar a Rajoy, pero se ha llegado a un punto en el que el PP no sabe cómo gestionar la corrupción, con un horizonte de gran incertidumbre por la irrupción de Ciudadanos, que ha entrado de nuevo en el debate de la lengua, cuando parecía que lo había superado.
--¿Se puede confiar en una reforma de la Constitución con esa situación?
--Creo que sí, que se deberá resolver con una reforma constitucional. Muchas cuestiones no se podían decir en 1978, cuando no se sabía cuáles serían las autonomías, cuando sólo se tenía en cuenta la provincia. A partir de ahí, se podría entrar en una reforma del Senado y del título VIII de la Constitución en clave federal. Lo que se debería hacer es una clarificación de competencias, con impuestos federales. Un Estado federal, en definitiva.
Una parte de la izquierda española cree que todo vale para echar a Rajoy y eso pasa por la causa soberanista
--En el ámbito estrictamente universitario, ¿qué le ha parecido que el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell reclame más recursos públicos para las universidades? Algunos gestores, como Francisco Morente, vicerrector de personal académico de la UAB, le reprochan que fue él quien recortó y redujo plantillas en su etapa de consejero.
--La situación de la financiación de las universidades catalanas acabó siendo muy delicada, con la crisis. En 2006, en el último gobierno de Maragall, con los consejeros Castells y Del Pozo, se aprobó un plan de mejora de financiación (2007-2010) que preveía aumentar en cerca de 300 millones de euros la subvención de la Generalitat para las universidades, un aumento que se repartía por objetivos en investigación, docencia y gestión. Nunca se cumplió del todo, pero en 2010 la subvención superó los 900 millones. Es cierto, como dice el vicerrector Morente, que fue el primer gobierno de Artur Mas, con Mas-Colell de consejero de Economía, el que recortó la financiación de las universidades en el nivel de 2006, un poco más del 20%, en 2011. Pero también es cierto que eso se hizo en el peor momento de la crisis económica, con una deuda y un déficit descomunal, donde todas las partidas (educación obligatoria, salud...) fueron recortadas de forma drástica. Creo que el consejero Mas-Colell no tenía otra opción, la verdad. Que ahora diga, con la autoridad que tiene --los italianos lo dicen con una expresión que me gusta mucho, autorevolezza-- que es necesario ya aumentar la subvención ayuda al sistema universitario público catalán y quien gobierne, sea quien sea, haría bien en hacerle caso.
--¿Son competitivas las universidades catalanas?
--Algunas decisiones que se tomaron durante el periodo en el que Mas-Colell fue consejero de universidades y que se han mantenido durante más de 15 años hicieron del sistema catalán de investigación y universidades un buen sistema, el mejor de España y de todo el sur de Europa. Si hacemos las cosas bien durante 15 años más, podemos llegar a ser un sistema que se podrá comparar con el holandés, el escocés o el danés, por ejemplo.
Si seguimos los proyectos iniciados durante 15 años más, Cataluña puede tener un sistema universitario como el holandés o el danés
--¿Se debe buscar un modelo alternativo para que, entre las propias universidades, puedan competir, siguiendo los esquemas de Mas-Colell?
--A mi juicio, el modelo global se debe mover en dos direcciones: una de background, que permita crear un sistema cohesionado y equitativo, y para eso es necesaria la cooperación y la generosidad, y otra de competitividad, premiando a los que lo hacen mejor, y dando apoyo a los que alcanzan la excelencia. En el caso de la financiación, incrementarla de nuevo de acuerdo a objetivos. Sería una vía adecuada. No será fácil, por ejemplo, las universidades del sudeste asiático están invirtiendo mucho y bien, y son ya competidoras de primera.
--En Cataluña las matrículas se subieron en la etapa del anterior Govern, un 158%, según algunos expertos, a pesar de que se trató de compensar con un incremento de becas. ¿Ese es el modelo, ajustar más el precio a partir del coste real, pero a la vez aumentando las becas para los que no puedan pagarlas?
--Para contestarle le contaré una anécdota: en 2001 invitamos en mi grupo de investigación de la UPF a un famoso profesor de Oxford, tristemente ya fallecido, Gerald Cohen, para impartir un seminario. Era un representante del llamado marxismo analítico. El Gobierno de Tony Blair acababa de aprobar una polémica ley que subía los precios públicos de las universidades a 3.000 libras (años después Cameron las llevaría hasta las 9.000 libras), y yo le pregunté qué opinión tenía sobre ello. Me dijo que yo ya sabía que él defendía una distribución más grande de la riqueza, que haría posible la gratuidad. Pero me dijo también que entendía a Blair, que, en aquellas circunstancias sin medidas como esas, Oxford, Cambridge o la LSE no podrían competir con las mejores universidades de Estados Unidos. Pues ahora, más o menos, yo le digo lo mismo: yo soy partidario de un modelo como el de las socialdemocracias escandinavas, donde un sistema de impuestos más justo y muy bien diseñado haga posible la gratuidad. Ahora bien, en las circunstancias de la Cataluña actual, que los estudiantes paguen de acuerdo a los ingresos familiares de los que disponen me parece razonable. El sistema de becas diseñado cuando era secretario de Universidades e Investigación Antoni Castellà cumple ese criterio. Si tuviera que formular algún reproche, que no es imputable a ellos, sería que, dado que se basa en la renta declarada en el IRPF y que la declaración sólo es altamente fiable en el caso de los asalariados, éstos salen perjudicados, pero el único remedio contra ese mal es una decidida lucha contra el fraude fiscal.