María Jesús Cañizares hizo el jueves en Crónica Global un balance de la situación de los principales implicados en el procés: seis están fugados (Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Anna Gabriel); seis se han retractado en diversos grados de la vía unilateral (Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, todos ellos en prisión, más Marta Rovira y Marta Pascal); cuatro se han retirado de la primera línea (Artur Mas, Carme Forcadell --aunque sigue siendo diputada--, Neus Lloveras y Carles Mundó); cuatro dimitieron antes de la culminación de la declaración unilateral de independencia (Santi Vila, Neus Munté, Meritxell Ruiz y Jordi Jané) y uno fue destituido por dudar del referéndum del 1-O (Jordi Baiget).
Muchos de ellos han hecho declaraciones ante la justicia y en los medios de comunicación reconociendo lo que antes negaban y admitiendo que el proceso hacia la DUI fue un engaño. Solo Mireia Boya (CUP) ha asegurado que la declaración de independencia quería ser efectiva. Neus Munté, por ejemplo, afirmó el 31 de enero en su declaración como testigo ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, según se ha sabido ahora: "Participé en el 1 de octubre, que no fue, evidentemente, un referéndum". Ese adverbio evidentemente, quizá innecesario, quizá excesivo, refleja la esencia del engaño porque reconoce con meridiana claridad lo que antes otros negaban y a la vez perdona la vida a quienes creyeron la patraña de buena fe como diciéndoles: ¿pero no os habíais dado cuenta?
Lo mismo, o más, se puede decir de las declaraciones de Artur Mas el pasado martes en el Supremo y al día siguiente en la emisora RAC1. "Todos los actores que fueron al Parlament el 27 de octubre y que votaron a favor [de la DUI] sabían que aquello no tenía recorrido real", dijo. Había que oírlo exclamarse preguntándose, como si fuera un unionista cualquiera: "¿Usted se imagina que se proclama la República y la independencia de un país con toda solemnidad y después el Gobierno no se reúne para tomar decisiones?". Había que verlo asumiendo que en política "muchas veces un argumento se exagera o se infla para intentar quedar lo mejor posicionado posible ante la opinión pública. ¿Eso es un engaño o es una exageración? Puede llegar a ser un engaño".
La estrategia del independentismo sigue siendo la de la confrontación para deteriorar el Estado y hacer que salgan a la luz las contradicciones de la democracia española
Pero Mas se equivoca: no ha habido un engaño, sino dos. El primero fue el que él reconoce ahora al aceptar que la independencia era inviable mientras se le decía a la gente que estaba "a tocar", a punto. El segundo engaño es el que perpetra ahora él porque da a entender, con esa suficiencia insufrible marca de la casa, que si la independencia no ha llegado ha sido por voluntad de los dirigentes independentistas, sin tener en cuenta que sin la actuación decidida de ese Estado que subestimaban (aplicación del artículo 155, gestiones diplomáticas, actuación de las fuerzas de seguridad y de la justicia) la DUI y el procés podían haber llegado mucho más lejos, o al menos es seguro que los secesionistas lo hubieran intentado.
Está acreditado que sin mayoría social, sin apoyo económico e internacional y sin el control del territorio la independencia era imposible, pero eso no impidió a las fuerzas independentistas que lo intentaran, llegando a situaciones tan dramáticas como la del 6 y 7 de septiembre, la del 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía y la del 3 de octubre con la huelga "de país" y el clima insurreccional en las calles.
La prueba de este segundo engaño es que han pasado más de dos meses desde la celebración de las elecciones del 21-D y ni se ha elegido un nuevo presidente de la Generalitat ni se ha formado Gobierno porque una facción al menos del bloque independentista se muestra irreductible y pretende repetir el proceso. Esa parte del independentismo ni ha renunciado a la vía unilateral, aunque no figurase explícitamente en su programa electoral, ni acepta la legalidad ni el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Su estrategia sigue siendo la de la confrontación para deteriorar el Estado y hacer que salgan a la luz las contradicciones de la democracia española.