Hace cosa de ocho años, unas empleadas de una popular cadena nacional de supermercados fueron despedidas tras ser pilladas infraganti, mientras vaciaban las cajas registradoras para pillar los billetes que había dentro: no sabían que había sendas cámaras colocadas sobre su lugar de trabajo, probablemente porque el encargado se olía la tostada desde hacía un tiempo. La empresa no las llevó a juicio y se limitó a echarlas, confiando en que se portaran mejor en su próximo trabajo, si es que lo encontraban.

Para agradecérselo, estas buenas señoras demandaron a la cadena de supermercados por intromisión en su vida privada, ya que nadie les había informado de la perspicaz colocación de las cámaras. Hace falta tener una jeta de hormigón armado, pensarán ustedes, al igual que quién esto firma, pero el caso es que las cesantes se hicieron con los servicios de un abogado que recurrió a todas las instancias posibles dentro de España, las cuales se quitaron de encima a las demandantes, pensando, como ustedes y yo, que tenían una cara dura monumental. Pero no se rindieron y llevaron el asunto a instancias europeas, que hace unos días fallaron a su favor y condenaron a la cadena de supermercados a indemnizarlas. No era una gran suma --creo que en torno a los 4.000 euros por cabeza--, pero la decisión resulta un pelín pasmosa.

Todos debemos haber sido grabados por alguna cámara, y eso no nos ha afectado en lo más mínimo

Si en vez de meter mano en la caja hubiesen apuñalado a un cliente y la cámara las hubiera registrado, ¿la justicia europea también consideraría que su derecho a la privacidad estaba por encima de cualquier otro argumento? Otra cosa sería si el encargado del establecimiento, obedeciendo a su natural rijoso, hubiese colocado las cámaras en los baños para ver cómo sus subordinadas hacían pipí o popó o, con un poco de suerte, se masturbaban con un pepino previamente seleccionado en la sección de verdulería. Todos coincidiríamos en que el encargado lúbrico era un cerdo que merecía ser castigado. Las empleadas solo podrían haber recibido una pequeña reprimenda si a una de ellas se le hubiese ocurrido la peregrina idea de echarle agua al pepino y volverlo a dejar en su sitio.

Esta noticia ha pasado prácticamente desapercibida, pero a mí me ha parecido sintomática de las cosas extrañas que suceden en el mundo de la judicatura. Ésta se relaciona con la extraña obsesión por la privacidad que irrita a sus defensores cada vez que detectan una cámara en la calle. Esas cámaras están para registrar posibles delitos y contribuir a la detención de quienes los cometan. No son una medida del Gran Hermano orwelliano, sino una forma de autodefensa social. Todos debemos haber sido grabados por alguna cámara, y eso no nos ha afectado en lo más mínimo. Si aún bebiera, mi máxima preocupación sería que me pillaran orinando en la vía pública, bajo los efectos de una tajada de capitán general, que tampoco es gran cosa.

El hecho de que las cajeras ladronas no hubiesen sido informadas de la presencia de cámaras no las exime de su delito, digo yo. O sí, según la judicatura europea, que, o mucho me equivoco o se acaba de pegar un tiro en el pie.